¿Podría declararse inconstitucional la reforma que busca facilitar la recuperación de la nacionalidad peruana?

En un oficio enviado desde Palacio de Gobierno al Congreso aquel día, el Ejecutivo argumentaba su observación en que la condición de residencia en el Perú responde a que “demuestra el ánimo de mantener un nexo con el Estado Peruano”. Dicho argumento fue presentado por el Ministerio del Interior, tras ser consultado por la Presidencia del Consejo de Ministros, considerando que la oficina de Migraciones forma parte de dicha cartera ministerial.

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En un artículo publicado en enero de este año en El Comercio, narramos la situación por la que venían atravesando los compatriotas que habían emigrado para residir en países donde inicialmente no se aceptaba la doble nacionalidad, por lo que tuvieron que renunciar a la peruana para poder trabajar o gozar plenamente de los derechos de la nación a la que habían migrado.

Una de las peruanas en esta situación es María Teresa Gonzales-Otoya Arrese, abogada trujillana que reside en Noruega y que renunció a la nacionalidad peruana en el 2015 para poder ejercer su profesión en el país nórdico. En el 2018, el Parlamento Noruego aprobó una reforma que entró en vigencia dos años más tarde con la que permitía la doble nacionalidad.

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Al verse impedida de recuperarla por el requisito mencionado líneas más arriba, Gonzales-Otoya creó un grupo en Facebook para conectarse con otros connacionales en la misma situación. A la fecha, al menos 21 estados en el mundo poseen leyes que limitan o prohíben directamente la doble nacionalidad.

En conversación con este Diario, Gonzales-Otoya recordó la alegría con la que fue recibida la aprobación de las leyes en el Pleno del Congreso. Sin embargo, de la misma forma mencionó la frustración que les representó la observación desde el Ejecutivo.

“Bajo una falsa premisa, se alude que el requisito contenido en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, tiene por finalidad ‘demostrar el ánimo de vinculación, a través de la residencia, situación de hecho que se exige como requisito para todos los procedimientos de obtención de la nacionalidad peruana, ya que, demuestra el ánimo de mantener un nexo con el Estado Peruano, el enraizamiento a la sociedad peruana y su identificación con ella’. Es preciso hacerles recordar que las personas que buscan la recuperación de la nacionalidad son peruanos y que esta exigencia solo es necesaria y justificable para aquellas personas que buscan nacionalizarse, no para los peruanos cuyo vínculo con el Perú es indiscutible e incuestionable, ya sea por razón de haber nacido y crecido en el territorio nacional y/o haber nacido de padre o madre peruana”, argumenta la abogada trujillana.

Cabe resaltar, además, el papel que ha cumplido el Comité Gestor Internacional, una iniciativa de peruanos que viven en el extranjero y que en el 2013 se agruparon bajo el nombre del Comité Gestor de Múnich con la intención de “gestionar propuestas con el fin de conservar y proteger en el exterior, la nacionalidad peruana de origen”, según su página web.

“El Comité Gestor Internacional y las asociaciones de peruanos en el extranjero estamos sorprendidos por la respuesta emitida por el Poder Ejecutivo, que debía promulgar la ley que modificaba el art. 8 de la Ley de la Nacionalidad (Ley Nr.26754), algo que veíamos ya por consumado, pues hace unas semanas celebrábamos la ley que beneficiaba a los peruanos que habían perdido la nacionalidad, justamente esos proyectos de ley que habían sido aprobados por mayoría absoluta después de un arduo trabajo y dictamen de las Comisiones de Constitución y de Relaciones Exteriores del Congreso; lamentablemente, hoy nos enteramos que han sido ‘observados’ y devueltos al Congreso de la República. Un golpe traumático para todos los que veíamos con esperanzas que las leyes peruanas estaban cambiando a favor de los peruanos que vivimos en el extranjero, que por una razón u otra tuvieron/tienen que renunciar a la nacionalidad, por la renuncia expresa, fuimos y somos obligados a hacerlo en cumplimiento de esta ley y al hacerlo se penaliza a quién lo hizo, pues representa la pérdida de todos sus derechos en Perú”, indica un comunicado publicado en su portal tras conocerse la observación del Ejecutivo.

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Prioridad en la agenda

Tras su observación, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Constitución del Congreso, donde fue originalmente discutida. En dicha comisión, sin embargo, se dispuso aprobar el proyecto sin modificaciones y enviarlo al Pleno para su aprobación por insistencia.

El Comercio tuvo conocimiento de que el debate sobre dicho proyecto ingresó a la agenda de prioridades y finalmente fue debatido durante la sesión parlamentaria de este viernes 16, la misma en la que se procedió a votar.

Tras ser aprobado por el Legislativo, el Ejecutivo aún podría recurrir al Tribunal Constitucional solicitando un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dicha modificación.

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¿Constitucional o no?

Ante dicho escenario, El Comercio conversó con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega para conocer su opinión sobre el caso.

“La Constitución establece los derechos de todos los peruanos, sea porque hemos nacido en el Perú o porque nuestros padres son peruanos. Considero una arbitrariedad que exijan vivir en el Perú para recuperar la nacionalidad. Eso es inconstitucional. Además, es una paradoja, pues quienes se fueron del país tuvieron que hacerlo porque, de manera directa o indirecta, el Estado los motivó a ello. Muchos peruanos migraron por la crisis económica, por el terrorismo o por la falta de servicios de salud y educación de calidad”, comenta Rospigliosi.

Para el abogado, además, este requisito podría ser perjudicial en casos particulares. “Por ejemplo, si sus padres fallecieron y buscan reclamar tu derecho de sucesión tendrías un impase porque técnicamente no eres peruano sino extranjero. Se estaría generando un perjuicio. Yo considero con que basta en que hayan nacido en el Perú o sus padres sean peruanos, como dice la Constitución”, señala.

Uno de los términos usados en la observación del Ejecutivo que generó mayor malestar en el grupo afectado es el de “reconciliación con el Estado Peruano”. Al respecto, Rospigliosi considera que “es muy subjetivo, (el término) no está limitado”.

“Un caso que no es igual pero sí parecido es el de los requisitos que antes se pedían para ser alcalde de tu provincia, uno era el de vivir 2 años en tu distrito o provincia. En muchas zonas rurales o amazónicas las personas migraban tras acabar el colegio para seguir estudios universitarios. Ese ciudadano no podía postular como alcalde de su distrito o su provincia por el obstáculo de vivir dos años continuos. Era absurdo. Por eso la ley se modificó y ahora basta con haber nacido en dicho lugar para tener el derecho de postular para burgomaestre. Ese paralelismo muestra que haber nacido en el Perú o ser hijo de padres peruanos es anclaje suficiente para recuperar la nacionalidad”, finaliza el especialista.

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