Las diferencias entre el país más corrupto y el más transparente

‘Corrupción’ es una de las palabras a las que, lamentablemente, los peruanos estamos muy acostumbrados. Pero no somos los únicos. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción, más de dos tercios de los países en el mundo están seriamente infectados con este mal. Como para no sentirnos solos.

En el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la ONU, es pertinente recordar que se trata de algo difícil de erradicar, pero no imposible.

Así lo demuestra Nueva Zelanda, que ocupó el primer lugar de países menos corruptos, con un puntaje de 89. La peor calificación la tuvo Somalia, con apenas 9 puntos. Por ello, alcanzamos un perfil de ambas naciones y de la manera en que enfrentan las malas prácticas en sus gobiernos.

Somalia

Un país inestable y de gobiernos débiles

Somalia, el país del cuerno del África, fue considerado durante muchos años un Estado fallido. Un país que aún vive las secuelas de una sangrienta guerra civil en los años 90, lo que ha producido una inestabilidad política y económica que ha servido para alimentar la corrupción, en medio de la ausencia del Estado en la mayor parte del país. Si a esto le sumamos la presencia de Al Shabab, un grupo terrorista islamista vinculado a Al Qaeda, la mezcla no ha podido ser más explosiva.

Pese a ello, los somalíes quieren ver la luz al final del túnel. “La corrupción existe en el gobierno. Es obvio que hay una falta de confianza”, reconoció el año pasado el propio presidente, Mohamed Abdullahi, en su presentación ante el Congreso. El mandatario fue elegido en el 2017 justamente gracias a una campaña electoral enfocada en la lucha contra la corrupción. Pero el camino no le será sencillo.

Hasta 1991, Somalia vivió bajo el yugo militar de Siad Barre, quien llegó al poder en 1969 por un golpe de Estado e instauró un gobierno comunista. La guerra civil lo obligó a dejar el mando y durante muchos años el país no tuvo un gobierno propiamente dicho, pues diversas milicias seguían combatiendo entre sí para tener el control del país. Se nombraron gobiernos transitorios y se enviaron fuerzas internacionales con el apoyo de la ONU para tratar de contener a los señores de la guerra. Todo esto en medio de luchas tribales, abusos a los derechos humanos y una economía colapsada.

Al mismo tiempo, la piratería en el Golfo de Adén se revitalizó durante la primera década del 2000. Miles de somalíes se volcaron a esta actividad ilegal secuestrando buques comerciales de empresas extranjeras, aprovechando la falta de control y el desgobierno.

En los últimos años, el país ha empezado lentamente a despegar, pero la tarea aún es ardua. “Somalia está atravesando los típicos desafíos de corrupción que afectan a los países en contextos de posconflicto”, ha comentado Paul Banoba, experto de Transparencia Internacional para África Oriental, a la revista “Newsweek”.

Pese a la elección de Abdullahi, el país sigue sufriendo por sus instituciones débiles y la inestabilidad. Por ello, además de ser considerado el país más corrupto del mundo, encabeza el ránking del Índice de Fragilidad de los Estados, que elabora la organización Fund for Peace.

“Somalia sufre un problema creado por la poca capacidad del gobierno de tener un control completo del país. La inestabilidad crea un ambiente propicio para que prospere la corrupción, pues el legítimo Estado pierde el control de sus instituciones y de su gente donde se supone debe gobernar”, añade el analista en seguridad David Otto.

Nueva Zelanda

Una isla de buenas costumbres

Nueva Zelanda, el país de los elfos y el rugby, tiene el inmenso mérito de ser, por tercer año consecutivo, el país menos corrupto del mundo. ¿Por qué una nación puede lograr algo que parece tan lejano e imposible para nosotros? Al parecer, para los neozelandeses no es tan difícil caminar derecho.

La otrora colonia británica –que sigue formando parte de la Commonwealth y tiene a la reina Isabel II como su jefa de Estado– fue uno de los primeros países, en 1912, en crear leyes para establecer un sector público con estrictos criterios de mérito. Gracias a ello, tienen un servicio público respetado y buen remunerado, y un sistema legal eficiente y confiable.

Pero no solo es el mérito, los servidores públicos deben seguir un férreo código de conducta que los ahuyenta de cometer cualquier acto fuera de la ley. Además, existe la Serious Fraud Office, su agencia anticorrupción, que se encarga de investigar cualquier tipo de denuncia o de hacer seguimiento a la actividad pública. Por ejemplo, ante alguna denuncia los interrogados no tienen derecho a guardar silencio y tanto ellos como los demandantes están obligados a brindar pruebas.

Nueve Zelanda también cuenta desde 1989 con la Autoridad Independiente de la Conducta Policial, que examina las quejas y denuncias en contra de las fuerzas policiales. Eso sumado a varios defensores del pueblo que supervisan tanto las instituciones públicas como las privadas.

Pero todos estos atributos no son suficientes para los neozelandeses, que no se quieren dormir en sus laureles. “Nos corresponde mostrar liderazgo. No podemos seguir confiando en las mismas políticas, tenemos que seguir innovando. La clasificación más alta no significa que seamos perfectos, solo que estamos relativamente mejor que en otros lugares del mundo”, ha señalado David McNeill, director de Transparencia Internacional en Nueva Zelanda.

Como parte de sus políticas de transparencia y accesibilidad, el país cuenta con una oficina de Gobierno Abierto, donde cualquier dato sobre cuentas y operaciones del Estado está disponible a los ciudadanos.

“No debemos caer en la complacencia y pensar que somos inmunes a las conductas y las acciones que pueden erosionar el gran trabajo hecho por la mayoría de la gente. Nuestra obligación es construir y mantener la confianza de la gente en la integridad del servicio público”, decía en febrero pasado la entonces ministra de Comunicaciones y Medios Digitales Clare Curran. Ella se vio forzada a renunciar en agosto, a insistencia de la primera ministra Jacinda Ardern, por no haber registrado una reunión que tuvo con un funcionario para ofrecerle una plaza vacante en su despacho. Una prueba de que en Nueva Zelanda ningún descuido es pasado por alto.