La vida sin X en Brasil: ¿adónde han migrado los usuarios y en qué puede acabar la disputa judicial?

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Varias oficinas del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Corte Suprema y diversos funcionarios empezaron a crear perfiles en la red social Bluesky, como el último fin de semana lo hizo el propio presidente Lula da Silva. Threads, propiedad de Meta, también está ganando popularidad en el país vecino.

La disputa entre X y la justicia de Brasil no es nueva, pero alcanzó su punto máximo el viernes 29 de agosto, cuando el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la suspensión de X en todo el país por “reiterados desacatos” de la empresa a diversas decisiones judiciales.

La justicia había exigido a X retirar decenas de perfiles como parte de una investigación sobre la difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones, así como nombrar a un nuevo representante legal de la empresa en Brasil. Las medidas fueron condenadas por Musk, quien se refiere a De Moraes como “dictador” y ha dicho que “merece la cárcel” por, según él, atentar contra la libertad de los brasileños.

Según De Moraes, X incurrió en “reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas” con la intención de “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’”. Para el magistrado, la plataforma de Musk busca facilitar “la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales”, mediante una “masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.

Sus medidas alcanzaban principalmente a cuentas y usuarios vinculados a la derecha radical en Brasil.

Erick Iriarte, abogado experto en temas digitales, explica que cuando se trata de plataformas digitales globales con oficinas locales, como en el caso de X en Brasil, las legislaciones nacionales tienden a tener mayor incidencia porque dichas empresas tienen una oficina o un representante al que pueden sancionar. En cambio, en los lugares donde estas plataformas no tienen una oficina local, normalmente la responsabilidad es asumida por los usuarios.

“Por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación que dice que los proveedores de plataformas no son responsables de los contenidos en la medida de que ellos no crean los contenidos, sino otras personas. Y aquí es donde entra el debate. El juez en Brasil le ha dicho a la plataforma que sí asume la responsabilidad sobre los contenidos en la medida que no le facilita información a la justicia si es que esta quiere ir contra un usuario por un contenido específico, más aún si tiene una oficina en el país”, dice a El Comercio.

Al recordar que Venezuela también tomó una medida similar contra X, Iriarte considera que, aparentemente, los estados que toman este camino son naciones de corte autoritario. “Bajo el pretexto de que las plataformas no cumplen las reglas, algún juez interpreta que ahí hay una falla y tratan de sancionar”.

Si bien Musk y quienes lo apoyan afirman ser defensores de la libertad de expresión y condenan la eliminación y censura de contenidos en las plataformas digitales, la decisión judicial no es una buena noticia para X, que ha perdido el acceso a uno de sus mercados más grandes fuera de Estados Unidos.

En la última semana, Bluesky informó que recibió unos 2,5 millones de nuevos usuarios en Brasil, con lo cual acumula ahora más de 5 millones en el mundo. Ese crecimiento hizo que el portugués se haya convertido en la lengua más utilizada en la plataforma, informa la empresa a la agencia AFP.

La medida también ha eneficiado a Threads, que acompaña a Bluesky en la lista de aplicaciones más descargadas en Brasil en el Google Play Store.

X tiene 22 millones de usuarios en Brasil. La enorme popularidad de la red social llevó a De Moraes a advertir que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante “subterfugios” como las redes privadas virtuales (VPN) se expone a multas diarias equivalentes a unos 9.000 dólares.

¿Qué tanto afecta esta situación a X? Iriarte considera que habrá que ver cuánto le implica financieramente para la empresa el mercado brasileño, no tanto en millones de usuarios, sino en indicadores económicos, como los montos sobre servicios de publicidad que pudieran tener.

Para Iriarte, una consecuencia de este tipo de medidas es que las compañías no se van a querer instalar en países de América Latina. “Se van a quedar en Estados Unidos, van a utilizar el Internet para basarse en su legislación natural, local, donde sí tienen esas excepciones de responsabilidades y van a dejar finalmente que los usuarios diluciden sus disputas con sus jueces locales con la legislación local. Eso es lo que va a terminar ocurriendo”, señala, añadiendo que los que van a tener una ventaja ante este panorama son las plataformas locales.

La decisión de De Moraes fue ratificada el pasado lunes 2 por la primera sala del Tribunal Supremo y probablemente será juzgada en los próximos días por el pleno de 11 jueces.

El partido Novo, una formación de derechas con escasa fuerza en el Parlamento, presentó un recurso contra la suspensión de X. En respuesta, uno de los jueces de la Corte Suprema solicitó este jueves 5 que dicho recurso sea juzgado por el pleno del tribunal, según informaron fuentes oficiales.

La solicitud del juez Kassio Nunes Marques será analizada por el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso, quien deberá fijar la fecha en que sería convocado el pleno.

Mientras tanto, la tensión y el debate por el futuro de X continúan. La derecha liderada por el exmandatario Jair Bolsonaro ha convocado para este sábado 7 a un acto en la ciudad de São Paulo en rechazo a la suspensión de X, el cual considera un acto de “censura” y una “violación” a la libertad de expresión.

“La discusión de fondo que ahorita está habiendo es ¿Qué es lo que debe primar en esta situación? ¿Un derecho individual a la libertad de expresión y, por ende, de la sociedad a la libertad de expresión? ¿O deben primar mecanismos de control de parte de un Estado, de donde también es esa población, sobre cualquier institución que esté ubicada en el país? Eso es al final lo que está ocurriendo”, concluye Iriarte.