"¿Ya se puede hablar de una negociación en Venezuela?", por Farid Kahhat

Creo que el régimen de Nicolás Maduro es represivo y dictatorial, además es el más corrupto del hemisferio occidental (según Transparencia Internacional) y el principal responsable de la crisis humanitaria en su país: la depresión económica comenzó en el 2014 y Venezuela fue agregada a la tabla mundial de hiperinflación Hanke-Krus en diciembre del 2016. Las sanciones de la administración Trump comenzaron a aplicarse hacia mediados del 2017.

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Pero también creo que Juan Guaidó no ha dado muestras, hasta ahora, de tener una estrategia propia: las sanciones económicas, la ayuda humanitaria o la amenaza del uso de la fuerza fueron decisiones del Gobierno Estadounidense que decidió secundar. Y no deja de llamar la atención que el presidente Trump y el vicepresidente Pence proclamen públicamente que no cabe negociación alguna con el régimen de Maduro, sin pretender siquiera que se trata de una posición concertada con la oposición venezolana.

En parte porque el objetivo del Gobierno Estadounidense es el derrocamiento de un régimen al que considera hostil es que no resultan verosímiles sus preocupaciones humanitarias. Pero no es la única razón. En primer lugar, se trata del mismo gobierno que respalda a una coalición que ha creado una crisis humanitaria en Yemen. En segundo lugar, el valor de la ayuda humanitaria que entregó se contabiliza en decenas de millones de dólares, mientras el costo que sus sanciones imponen a la economía venezolana asciende a miles de millones de dólares.

Por ejemplo, según el economista Francisco Rodríguez, durante el 2017 las exportaciones venezolanas crecieron de 28.000 a 32.000 millones de dólares pero las importaciones cayeron en 31%. La razón sería que las sanciones contra quienes negocien con deuda pública venezolana hicieron difícil refinanciar deudas pasadas y encarecieron la emisión de nueva deuda.

Por último, no se hizo mayor esfuerzo por rebajar el perfil político del proceso, lo que hubiese permitido involucrar a entidades cuya legitimidad nadie habría cuestionado, como la Cruz Roja. Al punto que pasó desapercibida la ironía implícita en calificar el 23 de febrero como el Día D: la oposición se refería a la entrega de ayuda humanitaria con el nombre del desembarco que dio inicio a la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial.

El punto clave es que esas sanciones devastadoras se aplicaron apostando por un colapso temprano del régimen, lo cual no ocurrió. A medida que pase el tiempo y Maduro siga en el gobierno, el efecto de las sanciones recaerá en forma creciente sobre la población. Esa es la principal razón por la que, dado que las partes no están siendo capaces de resolver sus conflictos de interés por otras vías, deberían contemplar la posibilidad de una negociación.

El punto no es que el régimen venezolano merezca esa oportunidad, sino que ese sería un curso de acción que podría alcanzar el objetivo de democratizar el país causando el menor sufrimiento posible entre la población: uno no necesariamente negocia con quien quiere, sino con quien debe hacerlo. ¿O alguien cree que la izquierda negoció con Pinochet la transición política chilena porque lo consideraba un interlocutor legítimo?

A propósito, mientras se niega a negociar con Maduro el Gobierno Estadounidense viene negociando con el movimiento afgano del talibán. Sí, el cómplice de los atentados del 11 de setiembre del 2001, pero al que no ha conseguido derrotar tras diecisiete años de combates.