Vladimir Kara-Murza es un férreo detractor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha denunciado las atrocidades cometidas por el ejército de su país en la guerra de Ucrania. También estuvo a punto de morir dos veces, en el 2015 y 2017, tras ser envenedado. Finalmente, este lunes el historiador y periodista fue condenado a una pena máxima de 25 años de cárcel por “altra traición” y otros delitos que se le atribuyen.
En abril del 2022, Vladimir Kara-Murza, de 41 años, fue detenido por difundir “noticias falsas” sobre la actuación de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania.
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Kara-Murza estaba en Moscú cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del 2022. En ese contexto, concedió una entrevista a la cadena de televisión CNN, en la que calificó las acciones de Rusia de agresión y dijo que el de Putin era un régimen asesino.
Horas después de la entrevista, fue detenido y condenado a 15 días de prisión por “desobediencia a la policía”.
Luego, el 15 de marzo del 2022 pronunció un discurso ante la Cámara de Representantes de Arizona, en Estados Unidos, en el que criticó las políticas de Putin, denunció la política occidental de “apaciguamiento” del Kremlin y subrayado la importancia del movimiento de protesta en Rusia.
También dijo que Rusia atacaba con bombas de racimo áreas residenciales de Ucrania y que bombardeó escuelas y hospitales de maternidad.
Días después, la justicia rusa abrió una causa penal contra Vladimir Kara-Murza por difundir “falsedades” sobre el Ejército ruso y la “operación militar especial”, como el Kremlin llama la guerra contra Ucrania.
El pasado 11 de abril se supo que estaba detenido. BBC Mundo explicó que uno de sus abogados rastreó el teléfono del activista y detectó que la señal se detuvo en una comisaría de Moscú.
A Vladimir Kara-Murza se le permitió llamar a su esposa, que vive en Estados Unidos con sus hijos por seguridad. Apenas tuvo tiempo para decir: “¡No te preocupes!”, indicó BBC Mundo.
A finales de julio del 2022 fue acusado de “organizar las actividades de una organización indeseable”, por su presunta colaboración con Rusia Abierta (Otkrytaya Rossiya) y Foundation Free Russia, dos ONG calificadas de “indeseables” por las autoridades rusas.
Finalmente, Kara-Murza fue acusado el 6 de octubre del 2022 de traición. Los investigadores alegan que asesoraba a agentes de inteligencia extranjeros y cobraba 30.000 dólares al mes por sus servicios.
Tras un juicio a puertas cerradas, el tribunal anunció que reconocía a Kara-Murza culpable de “alta traición”, difusión de “falsas informaciones” sobre el ejército ruso y trabajo ilegal para una organización “indeseable”, según constató una periodista de la AFP.
Por ello, fue condenado a una pena acumulada de 25 años de cárcel en una colonia penitenciaria en régimen severo, lo que implica unas condiciones de reclusión más estrictas. La fiscalía había pedido esta condena.
No se arrepiente
“No solo no me arrepiento de todo eso, sino que estoy orgulloso”, dijo Vladimir Kara-Murza el lunes de la semana pasada antes de que se anuncie la pena en su contra.
Agregó que lamenta “no haber logrado convencer suficientemente a mis compatriotas y a los políticos de los países democráticos sobre el peligro que el actual régimen del Kremlin representa para Rusia y el mundo”.
El juicio a Vladimir Kara-Murza transcurrió a puerta cerrada y sin la presencia del procesado por motivos de salud, pues perdió 17 kilos en los últimos doce meses, reseñó EFE.
En noviembre del 2022, la BBC publicó las cartas que el activista le envió desde prisión.
“Todos entendemos el riesgo de la actividad de la oposición en Rusia. Pero no podía quedarme callado ante lo que está pasando, porque el silencio es una forma de complicidad”, explicó en una de las misivas enviada desde su celda.
Sobre su retorno a Rusia pese a los riesgos que ello implicaba dijo: “No pensé que tenía derecho a continuar con mi actividad política, a llamar a otras personas a la acción, si estaba sentado a salvo en otro lugar”.
Vladimir Kara-Murza vivió en Estados Unidos durante ocho años. Entre el 2010 y 2011, en nombre de la oposición rusa contribuyó al proyecto de Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que finalmente se aprobó en el Congreso de EE.UU. Esta norma prohíbe la entrada a ese país y permite el congelamiento de activos de representantes de la élite rusa y de funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
La ley lleva el nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso que murió en prisión en el 2009 después de sacar a la luz la malversación de miles de millones de dólares del presupuesto ruso por parte de las fuerzas de seguridad y los funcionarios de ese país.
Tras el asesinato del opositor Borís Nemtsov en febrero del 2015, Kara-Murza y el ex primer ministro ruso Mikhail Kasyanov viajaron a Washington para entregar la llamada "Lista Nemtsov" a los miembros del Congreso. Contenía nombres de políticos y periodistas que habían pedido abiertamente la persecución de Nemtsov.
Envenenado dos veces
Según la cadena internacional de noticias Deutsche Welle, el 26 de mayo del 2015 el periodista fue probablemente envenenado. Inicialmente padeció de insuficiencia renal aguda por causas desconocidas. Pero el médico francés Pascal Kinz descubrió restos de metales pesados en su cuerpo.
Se recuperó luego de dos meses de tratamiento en hospitales de Rusia y Estados Unidos. La investigación de su caso en su país no prosperó.
Casi sos años después, en marzo del 2017, fue ingresado “en estado crítico” en un hospital de Moscú debido a una intoxicación por una “sustancia desconocida”, según explicó su esposa, Evguenia Kara-Murza.
Se mantuvo en coma inducido, con asistencia respiratoria y un cuadro clínico muy similar al del 2015, que incluyó, además de dificultades para inhalar aire, una baja presión sanguínea. Logró recuperarse.
En el 2021, periodistas de los medios Bellingcat, Der Spiegel y The Insider analizaron los movimientos de Vladimir Kara-Murza en el 2015 y 2017 y llegaron a la conclusión de que había estado siendo vigilado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia en los meses previos a ambos envenenamientos, y que agentes de la inteligencia rusa podrían haber estado implicados en esos ataques.
El destino de los opositores a Vladimir Putin
Boris Nemtsov fue el principal crítico del presidente ruso Vladimir Putin en los años 2000. Se opuso a la anexión por parte de Moscú de la península ucraniana de Crimea en 2014 y al apoyo militar del Kremlin a los separatistas en el este de Ucrania. Fue asesinado en febrero del 2015 cerca del Kremlin. Tenía 55 años. Sus seguidores acusaron del crimen al dirigente checheno Ramzan Kadirov, aunque él lo niega. Cinco chechenos fueron condenados por el homicidio.
Anna Politkovskaya, periodista opositora a Putin, fue asesinada en octubre del 2006 en la entrada de su edificio en Moscú. Trabajaba en Novaya Gazeta, el principal medio de comunicación independiente de Rusia, donde documentó y denunció durante años los crímenes del ejército ruso en Chechenia.
Alexei Navalny es un activista anticorrupción que sufrió un envenenamiento en el 2020 en Siberia, algo que atribuyó al Kremlin. Las autoridades rusas niegan cualquier responsabilidad. Fue hospitalizado en Alemania y detenido cuando regresó a Rusia en enero del 2021. Cumple una condena de nueve años de cárcel por acusaciones de fraude. La semana pasada, sus colaboradores dijeron temer que esté siendo envenenado en prisión, ya que ha perdido ocho kilos de peso.
Yevgueni Roizman, exalcalde de Ekaterimburgo, fue detenido en agosto del 2022. Las autoridades lo acusan de "desacreditar" al ejército, cargo que es castigado hasta con siete años de cárcel.
Mijail Jodorkovski es un antiguo magnate del petróleo y considerado en su momento el hombre más rico de Rusia. Se perfilaba como rival de Putin para disputarle la Presidencia, cuando en el 2003 fue arrestado. Pasó diez años en la cárcel tras ser acusado de robo y blanqueo de capitales. Desde su liberación en el 2013 vive en Londres, donde financia plataformas de oposición.
Memorial es una ONG pilar de los derechos humanos. En el 2022 fue premiada con el Nobel de la Paz. El Gobierno de Putin la dislvió por violar la controvertida ley sobre "agentes extranjeros".
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