La Corte Penal Internacional (CPI) acaba de condenar a 30 años de cárcel al exrebelde Bosco Ntaganda, acusado de 18 cargos diferentes que incluyen homicidios, violaciones, esclavitud sexual y poseer un ejército de niños soldados, entre otros.
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Ntaganda, un tutsi nacido en Ruanda y nacionalizado después congoleño, centró sus desalmadas operaciones en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo (RDC). Era conocido bajo el seudónimo de “Terminator” por su implicación directa en la primera línea de fuego.
Tras formar parte de diversas milicias rebeldes congoleñas, en 2002 se integró en la Unión de Patriotas Congoleños como jefe de su rama militar, llamada Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, donde permanecería hasta 2005.
La fiscal jefa en la CPI, Fatou Bensouda, aseguró que, entre julio de 2002 y marzo de 2003, las tensiones étnicas causaron la muerte de unas 5.000 personas en la provincia de Ituri.
Ngatanda ingresó después en el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), guerrilla fundada en 2006 por el señor de la guerra congoleño Laurent Nkunda. Tras derrocarlo, Ntaganda asumió su liderazgo y, junto a sus hombres, se unió a las Fuerzas Armadas de la RDC después de firmar un acuerdo de paz el 23 de marzo de 2009 con el Gobierno congoleño.
Ngatanda lideraba a unos 50.000 hombres y tenía su base en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (noreste), donde llevaba una vida acomodada y la población recuerda aún con miedo su presencia.
Según informó Human Rights Watch (HRW) en 2013, Ntaganda reclutó para su grupo al menos a 149 niños y jóvenes.
La Corte Penal Internacional ya había emitido su primera orden de arresto contra el guerrillero en 2006, bajo la acusación de reclutar a niños soldado durante la Segunda Guerra de RDC (1998-2003), pero el entonces presidente del país, Joseph Kabila, se negaba a detenerlo y alegaba que no quería poner en peligro la paz nacional.
Thomas Lubanga
Mientras Ntaganda se desempeñaba como jefe de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (2002-2005), Thomas Lubanga era el encargado de la rama política del movimiento Unión de Patriotas Congoleños.
Durante los enfrentamientos étnicos que tuvieron lugar en la RDC en el 2002 y el 2003, Lubanga reclutó a niños menores de 15 años, entrenó a los varones para combatir en el conflicto y a las mujeres, además de prepararlas para la pelea, las destinó para labores domésticas y como esclavas sexuales de los altos mandos.
En marzo del 2012, tras un juicio de tres años, la CPI emitió su primer veredicto desde que fue fundado: condenó a Lubanga a 14 años de cárcel.
Joseph Kony
En el 2012 el nombre de Joseph Kony resonó en casi todo el mundo gracias a la campaña lanzada por la organización estadounidense Invisible Children, que exigía la captura del líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA).
Kony, quien encabezó el conflicto que durante 20 años devastó el norte de Uganda, había secuestrado a más de 66 mil niños hasta el 2006, los había convertido en soldados, obligándolos a matar, torturar, violar y raptar a otros menores.
La admiración que despertaba en sus seguidores era más propia de una deidad que la de un rebelde que buscaba derrocar al presidente Yoweri Museveni. Sin embargo, esta fe sobre Kony llevó a que a su paso deje una estela compuesta por más de 100 mil muertos y medio millón de desplazados.
En el 2005 la CPI emitió una orden de captura en su contra acusándolo de crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, el rebelde ugandés no ha podido ser atrapado hasta este momento. Pese a que las Fuerzas Especiales de EE.UU. rastrearan sus pasos durante seis años, que Washington además desplegara cerca de un centenar de boinas verdes -se retiraron en el 2017- en el país y que el Gobierno Ugandés desplegara a cerca de 2 mil hombres a la caza de Kony.
Laurent Gbagbo
En octubre del 2000, tras la rebelión civil que derrocó a la dictadura militar instaurada en Costa de Marfil, Laurent Gbagbo ganó las primeras elecciones presidenciales celebradas en ese país.
Se mantuvo en el cargo durante una década, pero fue derrotado en las urnas por Alassane Ouattara. Sin embargo, Gbagbo se rehusó a dejar el poder provocando una ola de violencia poselectoral que se saldó con más de 3.000 muertos y 500 mil desplazados en cinco meses.
Fue detenido en abril del 2011 tras una intervención de la ONU, Francia y fuerzas leales a Ouattara. Gbagbo, además, fue entregado a la CPI acusado de asesinato, violación, persecución y otros delitos contra la humanidad.
Tras siete años preso, la CPI ordenó su liberación en enero de este año debida a que no pudo reunir las pruebas suficientes para probar los cargos en su contra. Gbagbo vive actualmente en Bruselas, bajo libertad condicional, a la espera de la resolución sobre una apelación presentada en septiembre por la fiscal del CPI, Fatou Bensouda.
“La apelación demostrará que la Sala de Primera Instancia cometió errores de derecho y de procedimiento que llevaron a la absolución de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por todos los cargos”, señaló un comunicado emitido por la oficina de Bensouda.
Jean-Pierre Bemba
El golpe sufrido con la liberación de Gbagbo no fue el único que ha debido encajar la CPI en los últimos años. En el 2018, el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba fue absuelto de la pena de 18 años de cárcel a la que había sido condenado en el 2016 bajo los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Bemba fundó y lideró el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), un grupo rebelde que era financiado por Uganda, llegó a reunir a cerca de 1.500 combatientes y participó directamente en el golpe de Estado contra Ange Felix Patasse, presidente de la República Centroafricana, entre octubre del 2002 y marzo del 2003.
La CPI acusaba a Bemba de no haber controlado a sus hombres pese a las violaciones, asesinatos y torturas que practicaban sobre la población civil de la República Centroafricana. La absolución de Bemba se produjo luego de que los magistrados de la Cámara de Apelaciones de la CPI determinaran que no era consciente de las acciones que realizaban sus hombres en ese país.
Hissene Habré
Entre 1982 y 1990, el pequeño país de Chad fue gobernado por el régimen de Hissene Habré, sindicado por la continua violación sobre los derechos humanos. Se estima que durante la dictadura de Habré cerca de 40 mil personas fueron asesinadas y más de 200 mil sufrieron de algún tipo de torturas.
Tras un levantamiento social encabezado por Idriss Deba, Habré se exilió en Senegal, donde permaneció hasta el 2013 cuando se inició una investigación impulsada por organizaciones proderechos humanos con sedes en Chad, Senegal y Bélgica; y conducida por las Cámaras Africanas Extraordinarias, creada especialmente para este juicio.
El proceso duró unos 19 meses y se examinaron más de 2.500 pruebas en contra de Habré. Finalmente, en mayo del 2016, el dictador chadiano fue sentenciado a cadena perpetua y se dispuso la confiscación de sus bienes tras ser hallado culpable por crímenes de guerra, torturas, crímenes contra la humanidad, violación y esclavitud sexual.