Talibanes hacen guardia bloqueando una carretera mientras musulmanes chiitas afganos marchan durante una procesión el décimo día de Ashura, el 28 de julio de 2023. (Foto de Wakil Kohsar / AFP).
Talibanes hacen guardia bloqueando una carretera mientras musulmanes chiitas afganos marchan durante una procesión el décimo día de Ashura, el 28 de julio de 2023. (Foto de Wakil Kohsar / AFP).
/ WAKIL KOHSAR
Agencia EFE

El Gobierno interino de los afirmó este jueves haber ejecutado a cinco personas y haber “castigado” a otras 450, con penas como la flagelación pública o el encarcelamiento, desde que se hicieron con el poder en en agosto de 2021.

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“Cinco fueron ejecutados y otros 450 recibieron castigos debido a distintas acusaciones”, dijo a EFE el portavoz del Tribunal Supremo afgano, Abdul Rahim Rashid.

Los cinco ejecutados fueron condenados por asesinato, señaló Rashid. La última de estos ajusticiamientos públicos tuvo lugar el pasado 26 de febrero, el tercero esa semana, en un estadio deportivo de la provincia de Jowzjan.

Algunos de los condenados por delitos como el adulterio o el robo fueron flagelados en público y otros fueron enviados a prisión.

“Algunos recibieron los dos”, añadió el portavoz.

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En el anterior régimen de los talibanes de entre 1996 y 2001 las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen.

El antiguo estadio Ghazi de Kabul fue uno de esos espacios empleados para las ejecuciones públicas, donde todos los viernes, después del rezo en la mezquita, se congregaba una muchedumbre para asistir al macabro espectáculo.

Ante unas 20.000 personas al grito de “¡Allah-u-Akbar!” (dios es grande), los talibanes explicaban altavoz en mano el crimen por el que habían condenado al reo, exhibido ante un público entusiasta en el centro del terreno de juego, para a continuación ejecutarlo o, en el mejor de los casos, cortarle una mano.

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La ONU pidió el pasado 28 de febrero a los talibanes que acepten una moratoria inmediata de ejecuciones y de castigos corporales como formas de sancionar comportamientos que considera delitos.

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