Las denuncias de toda clase de horrores contra los uigures forman una enorme sombra que lleva años sobre China. Diversos reportes y activistas denuncian que esa minoría, de etnia musulmana en su mayoría, sufre detenciones masivas, trabajos forzados, esterilización de mujeres y destrucción de su legado cultural en la remota región de Xinjiang, algo que Beijing llama “la mentira del siglo”. Por eso, la visita en curso de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es una prueba de fuego. Y no solo para los acusados.
Con su viaje de seis días que arrancó el lunes 23, Bachelet es la primera responsable de derechos humanos de la ONU en visitar China desde el 2005. Todos los ojos están puestos en Xinjiang, donde el Partido Comunista está acusado de retener por la fuerza a un millón de uigures y otras personas de minorías musulmanas.
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Aunque ha intentado disimularlo, China ha tomado con recelo la visita de la ONU. Por mucho tiempo Beijing frenó la misión de investigación encabezada por Bachelet e incluso ahora la apertura será mínima. Tanto la ONU como China han prohibido que medios extranjeros acompañen a la alta comisionada y no se conocen los detalles del recorrido en la zona en cuestión.
El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, afirmó este martes 24 que países occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido “no escatimaron en esfuerzos para perturbar y sabotear la visita, creando condiciones y obstáculos” para la misma.
“Han presionado abiertamente y han exigido con firmeza que la alta comisionada visite China y Xinjiang, y realizaron la llamada investigación con presunción de culpabilidad”, afirmó.
.@mbachelet arrives in #China: “We will be discussing sensitive, important human rights issues, and I hope this visit will help us work together to advance human rights in China and globally.” pic.twitter.com/5B4XPddUsE
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 23, 2022
Wang recalcó que la visita de Bachelet se llevará a cabo en un “circuito cerrado”, lo que significa que Bachelet no podrá tener reuniones libres y espontáneas en persona con nadie que no haya sido preacordado por China.
Las tensiones aumentaron en los últimos días luego de que, en coincidencia con la visita de Bachelet, una filtración masiva de datos mostrara el alcance de las detenciones de los uigures en China.
Inquietantes hallazgos
Datos pirateados de los servidores informáticos de la policía en Xinjiang fueron divulgados este martes por 14 medios de comunicación internacionales que comprobaron la autenticidad de miles de fotografías del sistema penitenciario altamente secreto en esa región.
La BBC reveló el uso por parte de China de campos de “reeducación” y detenciones masivas de uigures en esos lugares. Se comprobó un uso generalizado de acusaciones por cargos de terrorismo, lo que ha llevado a miles a prisión, y la existencia de folios policiales con condenas arbitrarias y sumamente severas.
Según ese medio, los archivos contienen más de 5.000 fotografías de uigures tomadas entre enero y julio del 2018, y se puede demostrar que al menos 2.884 de ellos han sido detenidos.
Entre los nuevos documentos hay un fragmento de un discurso de un jefe local del partido en el que se insta a los guardias a matar a todo detenido que intente alejarse de los centros. También hay fotos que muestran a detenidos con señales de tortura.
Pese a las denuncias, la versión oficial china es que esos campos de internamiento son en realidad centros de formación profesional y que quienes están en ellos lo hacen voluntariamente.
La prensa y los grupos de activistas afirman que se trata de algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de una política dirigida contra cualquier expresión de identidad, cultura o fe islámica uigur, y de una cadena de mando que llega hasta el líder chino, Xi Jinping.
El internacionalista Francisco Belaúnde Matossian explica que China tiene una política represiva de los pueblos que forman parte del país, pero que tienen una cultura propia. Esto es claro en el caso del Tíbet, donde incluso se restringe el idioma y la cultura tibetana.
“En Xinjiang es verdad que ha habido atentados terroristas porque los integristas han surgido en todo el mundo musulmán, son una minoría, pero están ahí. A esto se suma que los chinos no quieren que haya ningún tipo de aspiración independentista, entonces, en el caso de los uigures, China está mezclando aspiración autonomista con terrorismo, algo que ha ido tomando fuerza después de los atentados del 11 de setiembre”, acota el experto.
Prueba de fuego
Si bien la visita de Bachelet se centra en las denuncias de abusos contra las minorías musulmanas en Xinjiang, el temor de muchos activistas de derechos humanos es que una postura poco contundente sirva para respaldar a China y no para cuestionar sus acciones.
Belaúnde Matossian destaca que China quiere desmentir los informes que afirman que está cometiendo abusos contra los uigures. “Ese país no aceptaba este tipo de visitas. La presencia de Bachelet es importante para la causa de los derechos humanos si efectivamente su visita tiene el propósito de investigar de manera exhaustiva las alegaciones, pero si es únicamente va a conversar con las autoridades chinas y visitar lugares seleccionados, entonces podría ser una especie de lavada de cara para el régimen chino”, apunta.
La capital de Xinjiang, Urumqi, con una población de cuatro millones, acoge los principales órganos de gobierno que habrían organizado una campaña que China describe como enfocada contra el extremismo religioso.
También es hogar de una importante comunidad musulmana uigur y fue escenario de choques étnicos en el 2009 y de dos ataques terroristas en el 2014.
Los uigures representan cerca de la mitad de la población de Xinjiang (26 millones de habitantes).
Antigua etapa en la Ruta de la Seda, esta ciudad ha sido escenario principal de la campaña de Beijing según activistas e investigadores, que acusan a las autoridades de rellenar este centro cultural de alta tecnología de seguridad mientras derrumba casas de uigures y lugares religiosos.
Recuerda, además, que este es un tema de prestigio para China, pero que, desde el punto de vista institucional, un informe demoledor no significaría más que una condena de la Comisión para los Derechos Humanos.
“A nivel del Consejo de Seguridad no va a pasar nada porque si se quisiera adoptar una medida contra China el gigante asiático tiene poder de veto y además va a contar con el apoyo de Rusia, entonces no va a pasar nada. Es más bien un tema político donde más gente se va a convencer de que lo que se dice que está pasando es verdad. Es una guerra por la opinión pública”, señala.
Quien también está a prueba es Bachelet, a quien se le ha reprochado haber guardado demasiada discreción respecto a Xinjiang. Su mandato termina en setiembre y, si bien podría renovar el cargo, su actuación sobre esta región china será crucial.
“El consejo de derechos humanos está bastante desprestigiado porque hay muchos países que son dictaduras que son parte de ese consejo, entonces ahí hay un problema. En el caso de que se produjera un informe blando, que no va al fondo de la cuestión, entonces el desprestigio sería aún mayor”, dice Belaúnde.
En cuanto a China, un informe blando no solo sería una excelente noticia para su imagen, sino que le daría más argumentos para tratar de convencer a más gente de que no está abusando de los uigures, sino luchando contra el terrorismo.