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Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
Corea del Sur presentó este lunes un plan para compensar a un grupo de ciudadanos de ese país sometidos a trabajos forzados en fábricas japonesas durante la II Guerra Mundial.
Su objetivo es resolver un conflicto histórico que ha dañado por muchos años las relaciones entre ambos países.
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Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte polémica en Corea del Sur, hasta el punto de que algunos de los demandantes se niegan a aceptar la indemnización.
Este lunes autoridades surcoreanas y japonesas calificaron el acuerdo como un gran avance, mientras las víctimas y opositores lo criticaron al considerar que exime a Japón de su responsabilidad para con las víctimas.
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El canciller surcoreano, Park Jin, anunció el plan el lunes. (GETTY IMAGES)
Unos 150.000 coreanos fueron obligados a trabajar en fábricas y minas en Japón durante la II Guerra Mundial (1939-1945).
En aquel momento Japón dominaba toda la península de Corea, territorio que colonizó desde 1910 hasta su derrota en la guerra en 1945.
El acuerdo consiste en que empresas surcoreanas aporten dinero a un fondo público para resarcir a las víctimas, algo que molesta a parte de las víctimas y sus familias, que consideran que las indemnizaciones deberían pagarlas las empresas japonesas implicadas.
El gobierno de Japón celebró la decisión de Seúl de no pedir a entidades japonesas el pago de compensaciones, algo que sí venían exigiendo las anteriores administraciones de Corea del Sur.
Manifestantes se concentraron este lunes frente al Ministerio de Exteriores en el centro de Seúl para condenar el plan.
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Los manifestantes exhibieron velas y carteles de rechazo a su gobierno y al presidente Yoon Suk-yeol. (REUTERS)
Un obstáculo en la relación
En 2018 la Corte Suprema de Corea del Sur reconoció el derecho de 15 surcoreanos víctimas de trabajos forzosos a recibir indemnizaciones por parte de la acería Nippon Steel y la división de industria pesada de Mitsubishi.
Las dos empresas japonesas se negaron a acatar el fallo, lo que generó malestar en la sociedad surcoreana, tensó las relaciones entre ambos países y abrió la puerta a la posibilidad de que las autoridades de Seúl expropiaran activos de las subsidiarias locales de ambas corporaciones.
En represalia, el gobierno nipón impuso controles a la exportación a Corea del Sur de tres materiales clave para la fabricación de chips y pantallas y eliminó a su vecino de su lista de socios comerciales preferentes.
Seúl también anunció este lunes, junto a la presentación del plan, que retirará su protesta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ese boicot y que ambos países iniciarán consultas bilaterales para normalizar la situación en aduanas.
El presidente de Corea del Sur, el conservador Yoon Suk-yeol elegido el año pasado, ha tratado de enmendar las relaciones con Japón.
Estados Unidos ha presionado a los dos países, ambos aliados clave en la región, para que mejoren sus relaciones.
El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó el lunes el plan como “innovador”.
Seúl establece que deben pagar las donaciones empresas surcoreanas que se beneficiaron de un tratado de posguerra de 1965.
Las víctimas
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La surcoreana Yang Geum-deok (derecha) fue obligada a trabajar en Japón durante al II Guerra Mundial. (EPA)
El fondo de US$3 millones se distribuirá entre las familias de los 15 demandantes originales, de los cuales solo tres siguen vivos.
Los tres han anunciado que se negarán a aceptar el dinero.
El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, justificó la propuesta al alegar que romper “el círculo vicioso” con Japón en torno a este asunto es una cuestión de interés nacional.
Indicó su deseo de que Tokio “responda positivamente, con contribuciones voluntarias de empresas japonesas y una disculpa integral”, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
“Si lo comparamos con un vaso de agua, creo que está a más de la mitad”, indicó a la prensa.
El canciller de Japón, Yoshimasa Hayashi, también elogió el plan e indicó que su gobierno permitirá a las empresas del país sumarse al fondo público.
Y expresó su esperanza de que a partir de ahora se amplíen los intercambios políticos y culturales entre los dos vecinos.
Sin embargo, los grupos que representan a los demandantes en Corea del Sur criticaron el proyecto.
“El gobierno coreano otorga inmunidad en sus obligaciones legales a las empresas japonesas acusadas”, expusieron los abogados de las víctimas en un comunicado.
“No aceptaré dinero que parezca producto de la mendicidad”, protestó una víctima, Yang Geum-deok, según Yonhap.
Alegó que los implicados en Japón “deben disculparse primero y luego trabajar en todo lo demás”.
El principal líder del opositor Partido Democrático de Corea del Sur, Lee Jae-myung, calificó la propuesta como “la mayor humillación y mancha en la historia de la diplomacia”.
No está claro si las empresas japonesas mencionadas en el fallo judicial de 2018 harán contribuciones voluntarias.
El acuerdo de 1965
Mitsubishi y Nippon Steel no se pronunciaron sobre el nuevo plan, ya que ambas mantienen que el tema de la compensación en tiempos de guerra se zanjó con el tratado de 1965.
Aquel acuerdo incluía un paquete de reparaciones de unos US$800 millones en subvenciones y préstamos ventajosos de Japón a Corea del Sur.
Tokio mantiene que aquel acuerdo resolvió todas las reclamaciones relacionadas con el período colonial, pero los gobiernos surcoreanos lo cuestionaron en las últimas décadas.
Se espera que el nuevo plan permita a ambos países superar un importante obstáculo en su relación y, con ello, cooperar más en materia de seguridad en un momento en el que aumentan las amenazas de Corea del Norte y China.
Las disputas bilaterales que se remontan a la colonización también incluyen el delicado tema de las compensaciones a las mujeres coreanas esclavizadas sexualmente por Japón durante la II Guerra Mundial.
En 2015 se firmó un acuerdo destinado a resolver la disputa de las llamadas eufemísticamente “mujeres de confort” con la disculpa de Japón y la creación de un fondo de 1.000 millones de yenes (US$7,3 millones) para las sobrevivientes.
Sin embargo, tres años más tarde se reabrió la disputa diplomática cuando Seúl disolvió el fondo bajo el argumento de que no se hizo lo suficiente por las víctimas.
