Se suma una nueva polémica al gobierno de Rodrigo Duterte. El presidente de Filipinas acaba de autorizar que las personas que no se han vacunado contra el coronavirus COVID-19 no podrán salir a la calle so pena de arresto.
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“Si se niegan y salen de sus casas [...] se les puede detener. Y si se niegan [...] [las fuerzas del orden] están facultadas para detener a los recalcitrantes”, sostuvo.
Duterte ya había advertido que tomaría esta medida. En julio del año pasado sostuvo que, si bien no había una ley que soportara “una restricción así”, él estaba dispuesto a “enfrentar demandas”.
“En lo que a mí respecta, pueden morirse en cualquier momento”, dijo entonces sobre los reacios a vacunarse, a quienes acusó de arrojar el “virus a diestra y siniestra”.
Antes, el mandatario también había dispuesto el arresto de las personas que no usaran bien las mascarillas, y se había pronunciado sobre la desobediencia de los no vacunados. “Si no quieren hacerlo, haré que los arresten y luego les inyectaré la vacuna en las nalgas”, sostuvo.
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“Tú decides, ponte la vacuna o te meteré en prisión”.
Y, claro, no se puede olvidar que, en el 2020, pidió a las fuerzas del orden que abrieran fuego contra los que generaran desorden en las zonas confinadas.
Se trata de una respuesta poco ortodoxa (y muy al estilo del gobernante autoritario) que responde a una realidad complicada. En Filipinas, como se sabe, menos de la mitad de la población está inmunizada, en tanto que las cifras apuntan a que 2.9 millones de personas se han infectado y 52 mil fallecieron.
La guerra contra la droga
Durante la campaña presidencial del 2016, Rodrigo Duterte prometió mano dura y ha cumplido. Su pasado era la mejor prueba de su estilo: fue alcalde de Dávao por 22 años y logró convertirla en una de las más seguras de Filipinas.
“O así lo asegura al menos él, pues otras estadísticas señalan que Dávao sigue en los primeros puestos del ranking de inseguridad”, escribe la BBC.
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Según grupos de derechos humanos, cualquier avance en ese tema sería cuestionable en tanto que “si las cifras de criminalidad se redujeron drásticamente fue por la acción de” escuadrones de la muerte, “que habrían matado a miles de supuestos criminales en la década de los 90″.
“Estos grupos habrían tenido el apoyo del alcalde, algo que el presidente negó en algunas ocasiones y de lo que se ha jactado en otras”.
Aun así, es curioso como Duterte supo mantener la aprobación popular. Hacia fines del 2016, un 76% de los adultos aprobaban su gestión, aun cuando su guerra en contra de las drogas había “causado más de 3.500 muertos en operaciones policiales y ejecuciones extrajudiciales”.
¿En qué consiste su guerra?
El Mercurio cuenta que, desde que asumió como presidente en el 2016, Duterte “envió a las calles a miles de efectivos de seguridad y fomentó la generación de grupos paramilitares en las zonas más alejadas”.
La orden: “perseguir y sancionar cualquier actividad relacionada al narcotráfico -incluido el consumo- aún si solo existiera una sospecha de ello”.
Para enero del 2019, los muertos por estas operaciones sumaban 4.848. Actualmente, la cifra sobrepasa las 6.200 personas.
Para seguir disuadiendo a los criminales, Duterte apuesta sin éxito, desde el 2017, a reestablecer la pena de muerte. Según Amnistía Internacional, esta medida “no hará sino empeorar el clima de impunidad en el país en el contexto de la mortífera campaña del gobierno contra las drogas”.
Para eliminar cualquier atisbo de cuestionamientos contra sus medidas, Duterte, en el 2017, ordenó detener la guerra contra las drogas y limpiar las instituciones públicas, como la unidad antinarcóticos.
Bofetadas para los detractores
Sin importar de donde vengan las críticas, Duterte no tiembla. Al contrario, se envalentona.
“Tanto así que, a comienzos del 2018, el mandatario llegó a amenazar con ‘abofetear’ a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard”, escribe El Mercurio.
“Y en diciembre llamó a sus seguidores a matar a los obispos católicos por considerarlos unos ‘inútiles’. En ambos casos, a raíz de las críticas que habían emitido contra su sangrienta operación antidrogas”.
Cuando la Corte Penal Internacional de Justicia abrió una demanda por los asesinatos en masa que habría orquestado cuando fue alcalde de Dávao, él optó por expulsarla del país.
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“Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales”.
En setiembre del año pasado, la CPI autorizó que se le investigara. y Duterte respondió que ya preparaba su defensa.
Y, como nada parece afectarlo, en el 2018, propuso crear un grupo civil armado para luchar contra el Nuevo Ejército Popular, una guerrilla comunista nacida en los años 60.
La BBC recuerda:
“El presidente de Filipinas afirmó que la milicia que pretende crear tendrá poderes para matar a sospechosos de ser revolucionarios, drogadictos y hasta personas que vaguen sin propósito por las calles y se llamará ‘Escuadrón de la Muerte de Duterte’”.
Todas estas acciones han generado la paradoja dutertiana, como explica la agencia EFE. ¿A qué se refiere? Para inicios del 2020, Duterte tenía al 82% de la población filipina satisfecha, según Social Weather Station.
Pero el estudio también mostró que sus políticas no eran bien aceptadas. Escribe EFE:
“Un 93 % de los filipinos repudia la postura pasiva de Duterte en su disputa territorial con el ‘gigante asiático’ en el Mar de China Meridional; mientras que un 76 % rechaza las violaciones de los derechos humanos y el baño de sangre de su campaña antidrogas, que ha matado a unas 30.000 personas según organizaciones humanitarias”.
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El sueño del control total
Nadie puede decir que la actitud de Rodrigo Duterte es una sorpresa. Sus frases más desafortunadas y sus ideas más polémicas abundan. “El País” recopiló algunas de ellas:
“Cuando sea presidente daré órdenes a la policía y al ejército de buscar a esa gente y matarlos a todos”.
“Olvídense de los derechos humanos”.
“Voy a descuartizar criminales delante de ustedes si así lo desean”.
“Mataría a mis propios hijos si fueran drogadictos”.
“Podrían ser asesinados [los representantes de la ONU en Filipinas] si bloquean los esfuerzos destinados a mejorar el país”.
“[Es un] hijo de puta [en relación a los atascos vehiculares que genero el papa Francisco cuando visitó el país]. Soy cristiano, pero también realista, tenemos un problema de sobrepoblación”.
“Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí tres millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos”.
Pero quizás la más reveladora sobre su mirada del mundo es la que recogió el portal Semana cuando, en junio del 2021, habló sobre los que no se habían vacunado contra la COVID-19.
“Hay una crisis en este país. Estoy desesperado de que los filipinos no le presten atención al gobierno”.
“Elijan: la vacuna o la cárcel”.
Duterte busca el control total y, para conseguirlo, está dispuesto a todo.
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