Miles de fotografías e información confidencial filtrados del sistema de encarcelamiento masivo altamente secreto de China en Xinjiang, así como de la política de disparar a matar a los que intentan escapar, se encuentran entre una enorme cantidad de datos hackeados de los servidores informáticos de la policía de la región.
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Los denominados Archivos Policiales de Xinjiang llegaron a la BBC a principios de este año. Tras un esfuerzo de meses para investigarlos y autentificarlos, se puede demostrar que ofrecen nuevos e importantes datos sobre el internamiento de los uigures y otras minorías túrquicas de la región.
Su publicación coincide con la reciente llegada a China de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para realizar una controvertida gira de investigación por la región occidental de Xinjiang. Algunos temen que su itinerario esté bajo el estricto control del gobierno chino.
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La información filtrada revela, con un detalle sin precedentes, el uso por parte de China de los campos de "reeducación" y de las prisiones formales como dos sistemas distintos pero relacionados de detención masiva de uigures, y cuestiona seriamente su bien elaborada narrativa pública sobre ambos.
La afirmación del gobierno chino de que los campos de reeducación construidos por todo Xinjiang desde 2017 no son más que "escuelas" se contradice con las instrucciones internas de la policía, las listas de guardias y las imágenes nunca vistas antes de los detenidos.
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La imputación generalizada de cargos de terrorismo, bajo la cual otras miles de personas han sido llevadas a prisiones formales, queda expuesta como un pretexto para un método paralelo de internamiento, con hojas de cálculo policiales llenas de sentencias arbitrarias y draconianas.
Los documentos proporcionan algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de una política dirigida en contra de casi cualquier expresión de la identidad uigur, la cultura o la fe islámica, y de una cadena de mando que llega hasta el líder chino Xi Jinping.
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“Estudiantes”
Los archivos hackeados contienen más de 5.000 fotografías policiales de uigures tomadas entre enero y julio de 2018.
Utilizando otros datos adjuntos, se puede demostrar que al menos 2.884 de ellos han sido detenidos.
Y en el caso de los que figuran en un campo de reeducación, hay indicios de que no son los "estudiantes" voluntarios que China lleva tiempo diciendo que son.
Algunas de las fotos del campo de reeducación muestran a los guardias de pie, armados con porras.Sin embargo, las afirmaciones de coacción han sido negadas sistemáticamente por los más altos funcionarios de China.”La verdad es que los centros de educación y formación en Xinjiang son escuelas que ayudan a la gente a liberarse del extremismo”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en 2019.
Muchos han sido detenidos solo por llevar signos personales y ordinarios de su fe islámica o por visitar países con población mayoritariamente musulmana.
Con la amenaza de la fuerza física de nuevo visible en el fondo, la foto de Tajigul Tahir pone de manifiesto el uso generalizado de la “culpabilidad por asociación”.Los documentos describen a su hijo como alguien con “fuertes inclinaciones religiosas” porque no bebe alcohol ni fuma. Por ello, fue encarcelado durante 10 años por cargos de terrorismo.Pero ella aparece en una lista de “familiares de los detenidos”, entre las miles de personas bajo sospecha por los “delitos” de sus familiares.
Las fotos proporcionan un registro visual único del modo en que franjas enteras de la sociedad uigur han sido arrastradas —tanto en los campos como en las prisiones— persona por persona.
Los Archivos Policiales de Xinjiang —título que está utilizando un consorcio de periodistas internacionales del que forma parte la BBC— contienen decenas de miles de imágenes y documentos.
Incluyen discursos clasificados de altos funcionarios; manuales internos de la policía e información sobre el personal; los detalles del internamiento de más de 20.000 uigures; y fotografías de lugares altamente sensibles.
La fuente de los archivos afirma haberlos pirateado, descargado y descifrado de varios servidores informáticos de la policía de Xinjiang, antes de pasárselos al doctor Adrian Zenz, un académico de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, con sede en Estados Unidos, quien ha sido sancionado por el gobierno chino por sus influyentes investigaciones sobre Xinjiang.
El Dr. Zenz los compartió entonces con la BBC, y aunque pudimos contactar directamente con la fuente, esta no quiso revelar nada sobre su identidad o paradero.
Ninguno de los documentos hackeados está fechado más allá de finales de 2018, posiblemente como resultado de una directiva emitida a principios de 2019 que endurece las normas de cifrado en Xinjiang. Eso puede haber colocado cualquier archivo posterior fuera del alcance del hacker.
El Dr. Zenz ha escrito un artículo revisado por pares sobre los archivos policiales de Xinjiang para el Journal of the European Association for Chinese Studies y ha puesto en línea todas las imágenes de detenidos y algunas de las otras pruebas.
“El material no está censurado, es crudo, no está elaborado, es diverso. Lo tenemos todo”, dijo a la BBC.
“Tenemos documentos confidenciales. Tenemos transcripciones de discursos en los que los líderes hablan libremente de lo que realmente piensan. Tenemos hojas de cálculo. Tenemos imágenes. Es algo completamente inédito y hace saltar por los aires el barniz propagandístico chino”.
Francotiradores y ametralladoras
Los Archivos de la Policía de Xinjiang contienen otro conjunto de documentos que va más allá de las fotografías de los detenidos al exponer la naturaleza carcelaria de los campos de reeducación, pese a que China insiste en que son “escuelas de formación profesional”.
Un conjunto de protocolos policiales internos describe el uso rutinario de agentes armados en todas las áreas de los campos, la colocación de ametralladoras y rifles de francotiradores en las torres de vigilancia y la existencia de una política de disparar a matar para quienes intentan escapar.
Los ojos vendados, las esposas y los grilletes son obligatorios para cualquier “estudiante” que sea trasladado entre instalaciones o incluso al hospital.
Durante décadas, Xinjiang ha vivido un ciclo de separatismo latente, violencia esporádica y un control gubernamental cada vez más estricto.
Pero en 2013 y 2014, dos atentados mortales contra peatones y transeúntes en Pekín y en la ciudad sureña de Kunming, atribuidos por el gobierno a separatistas uigures e islamistas radicales, provocaron un cambio radical en la política del gobierno chino.
El Estado comenzó a ver la propia cultura uigur como el problema y, en pocos años, empezaron a aparecer en las fotos de satélite cientos de gigantescos campos de reeducación a los que se enviaba a los uigures sin juicio previo.
El sistema penitenciario formal de Xinjiang también se ha ampliado masivamente como otro método de control de la identidad uigur, especialmente ante las crecientes críticas internacionales por la falta de procesos legales en los campos.
En este conjunto de 452 hojas de cálculo se expone con crudeza este doble enfoque, con los nombres, direcciones y números de identificación de más de un cuarto de millón de uigures, mostrando quiénes han sido detenidos, en qué tipo de instalaciones y por qué.
Pintan un cuadro de internamiento implacable tanto en los campos como en las cárceles, con filas y filas que documentan el prejuicioso espionaje de los funcionarios chinos enviados a lo más profundo de la sociedad uigur —respaldados con herramientas de vigilancia de grandes datos— para detener arbitrariamente a su antojo.
Hay innumerables ejemplos de personas que han sido castigadas por “delitos” que tuvieron lugar hace años o incluso décadas: un hombre fue encarcelado durante 10 años en 2017 por haber “estudiado las escrituras islámicas con su abuela” durante unos días en 2010.
Se demuestra que cientos de personas han sido objeto de ataques por el uso de sus teléfonos móviles, sobre todo por escuchar “conferencias religiosas ilegales”, o por tener instaladas aplicaciones encriptadas.
Otros son castigados con hasta una década de prisión por no usar lo suficiente sus dispositivos, con bastante más de un centenar de casos de “teléfonos que se han quedado sin saldo” como señal de que el usuario está tratando de evadir la constante vigilancia digital.
Las hojas de cálculo muestran cómo se investigan las vidas en busca del más mínimo pretexto, que se convierte en la más amplia de las acusaciones —“buscar pelea” o “alterar el orden social”— y luego se castigan como graves actos de terrorismo. 7 años, 10 años, 25 años... las columnas de sentencias se extienden una y otra vez.
Si el cargo de terrorismo se aplica con justicia, es imposible discernirlo entre un mar de datos que apuntan al internamiento de un pueblo no por lo que ha hecho, sino por lo que es.
En la hoja de cálculo de Tursun Kadir se enumeran algunas prédicas y estudios de las escrituras islámicas que se remontan a la década de 1980 y, en años más recientes, el delito de “dejarse la barba bajo la influencia del extremismo religioso”.
Por ello, este hombre de 58 años fue condenado a 16 años y 11 meses de cárcel. Las fotografías del archivo lo muestran antes y después de que el Estado chino determinara que su expresión de la identidad uigur era ilegal.
Incluso para aquellos que no están en un campo o una prisión, los Archivos Policiales de Xinjiang revelan el agotador impacto de estos altos niveles de escrutinio y vigilancia.
Las imágenes muestran que los uigures que aún vivían en sus casas fueron citados en gran número para ser fotografiados, y las marcas de tiempo de las imágenes asociadas muestran a comunidades enteras —desde ancianos hasta familias con niños pequeños— citadas en las comisarías a cualquier hora, incluso en mitad de la noche.
Un sistema de denominación de archivos similar al utilizado para las fotos tomadas en los campos y prisiones sugiere un posible propósito común: una enorme base de datos de reconocimiento facial que China estaba construyendo en ese momento.
Es difícil saber si sus rostros delatan el conocimiento de los campos, en los que ya estaban desapareciendo miles de personas, pero las hojas de cálculo que las acompañan dejan muy claro el peligro.
Cinco meses después de que se tomaran sus fotos policiales en 2018, los esposos Tursun Memetimin y Ashigul Turghun fueron enviados a un centro de detención tras ser acusados de haber “escuchado una grabación de una conferencia ilegal” en el teléfono móvil de otra persona seis años antes.
Las fotografías de dos de sus tres hijas también figuran en los archivos pirateados: Ruzigul Turghun, quien tenía 10 años en el momento de la desaparición de sus padres, y Ayshem Turghun, quien tenía seis.
Las hojas de cálculo ofrecen pocos detalles sobre el destino de estos niños cuyos padres han sido detenidos.
Es probable que un número significativo de ellos haya sido puesto al cuidado permanente y a largo plazo de un sistema de internados estatales construidos en todo Xinjiang al mismo tiempo que los campos.
De hecho, el pelo afeitado que se ve en muchas de las imágenes de los niños es una señal, según han dicho los uigures en el extranjero a la BBC, de que a muchos se les obliga a asistir a esas escuelas al menos durante los días laborables, aunque sigan bajo el cuidado de uno o ambos padres.
Las fotografías dan un rostro humano a una política diseñada para atacar deliberadamente a las familias uigures como depósito de identidad y cultura para —en palabras de China— “romper sus raíces, romper su linaje, romper sus conexiones, romper sus orígenes”.
Además de exponer el funcionamiento interno del sistema de encarcelamiento chino con más claridad que nunca, los Archivos Policiales de Xinjiang proporcionan nuevas pistas sobre su magnitud.
La mayoría de las hojas de cálculo se refieren a un condado del sur de Xinjiang, conocido como Konasheher en uigur, o Shufu en chino.
Un análisis de los datos realizado por el Dr. Zenz muestra que, solo en este condado, un total de 22.762 residentes —más del 12% de la población adulta— estuvieron en un campo o en una prisión en los años 2017 y 2018.
Si se aplica al conjunto de Xinjiang, esa cifra supondría la detención de más de 1,2 millones de adultos uigures y de otras minorías túrquicas, lo que entra dentro del amplio abanico de estimaciones realizadas por los expertos en Xinjiang, que China siempre ha desestimado.
En colaboración con un consorcio de 14 organizaciones de medios de comunicación de 11 países, la BBC ha podido autentificar elementos significativos de los Archivos Policiales de Xinjiang.
Se pidió a los uigures que viven en Europa y Estados Unidos los nombres y números de identificación de sus familiares desaparecidos en Xinjiang. Se descubrieron múltiples coincidencias en los datos de la hoja de cálculo, lo que proporcionó pruebas firmes de que la información contiene personas reales.
La BBC también pidió al profesor Hany Farid, experto en imagen forense de la Universidad de California, en Berkeley, que examinara un subconjunto de fotografías de detenidos uigures.
No encontró ningún indicio de que las imágenes hubieran sido fabricadas, sin ninguno de los habituales signos reveladores que se encuentran en las “falsificaciones profundas” sintetizadas por ordenador, ni ningún otro indicio de manipulación digital maliciosa.
Un extraño efecto visible en los bordes de algunas de las imágenes —como si hubieran sido copiadas y luego giradas ligeramente— puede explicarse de una manera que también da peso a la idea de que forman parte de la enorme red de vigilancia de China en Xinjiang.
El profesor Farid cree que los fallos son probablemente el resultado de un proceso de estandarización comúnmente utilizado para las bases de datos de reconocimiento facial, en el que cualquier retrato que esté ligeramente desplazado se gira automáticamente para alinear los ojos con la horizontal.
“Se trata, por supuesto, de una manipulación completamente inocua”, concluye en un informe escrito para la BBC.
Se puede realizar una autentificación adicional ordenando las imágenes según las marcas de tiempo que las acompañan y observando después los detalles comunes visibles en el fondo, que demuestran que han sido tomadas en tiempo real y en lugares reales.
“Desradicalización”
Tras dirigirse al gobierno chino para que comentara sobre los datos hackeados, con preguntas detalladas sobre las pruebas que contienen, el consorcio de medios de comunicación recibió una respuesta por escrito de la embajada china en Washington DC.
“Las cuestiones relacionadas con Xinjiang tienen que ver esencialmente con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, y no con los derechos humanos o la religión”, decía el comunicado, añadiendo que las autoridades chinas habían tomado “una serie de medidas decisivas, sólidas y eficaces de desradicalización”.
“La región goza ahora de estabilidad social y armonía, así como de desarrollo económico”, proseguía el comunicado, afirmando que estas cosas ofrecen “la respuesta más poderosa a todo tipo de mentiras y desinformación sobre Xinjiang”.
Pero no hubo respuesta a ninguna de las pruebas específicas de estos documentos.
Los archivos de la policía de Xinjiang contienen otro conjunto de fotografías únicas que ponen aún más de relieve los niveles extremos de control físico a los que se somete a los uigures en el intento de rediseñar su identidad por la fuerza.
Muestran lo que parecen ser simulacros para someter a los reclusos —con métodos similares a los descritos en los documentos policiales de los campos—, pero esta vez en un centro de detención.
Las imágenes por satélite de la disposición exterior de este conocido centro de detención en la ciudad de Tekes coinciden perfectamente con algunas de las fotografías, lo que deja claro que las imágenes son auténticas y da más credibilidad al conjunto de datos.
Los archivos hackeados contienen una serie de discursos de altos funcionarios del Partido Comunista Chino que permiten conocer la mentalidad que hay detrás de las políticas, así como algunas de las pruebas más claras hasta ahora de dónde reside la responsabilidad en última instancia.
En un discurso que lleva el sello de “clasificado”, Zhao Kezhi, ministro de Seguridad Pública de China, en una visita a Xinjiang en junio de 2018, sugiere que al menos dos millones de personas están infectadas con el “pensamiento extremista” solo en el sur de Xinjiang.
Salpicado de referencias al presidente Xi Jinping, el discurso colma de elogios al líder chino por sus “importantes instrucciones” para la construcción de nuevas instalaciones y un aumento de la financiación de las prisiones para hacer frente a la afluencia de detenidos necesaria para alcanzar ese objetivo de dos millones.
Y si el internamiento masivo de los uigures de Xinjiang y otras minorías túrquicas se deriva realmente de las órdenes dadas por el líder chino, también hay indicios sobre el tipo de calendario que tiene en mente.
El conjunto de documentos contiene otro discurso secreto, pronunciado en 2017 por Chen Quanguo, hasta hace poco secretario del Partido Comunista de línea dura en Xinjiang.
“Para algunos, incluso cinco años de reeducación pueden no ser suficientes”, dice a su audiencia de altos cuadros militares y policiales, una aparente admisión de que mientras cualquier uigur siga sintiendo una lealtad a su identidad o a su fe al menos tan fuerte como al Partido, no hay final a la vista.
“Una vez que se les deje salir, los problemas volverán a aparecer, esa es la realidad en Xinjiang”, afirma.
Este reportaje ha sido redactado, producido, editado e investigado íntegramente en Bruselas, Londres, Nueva York y Suecia por el personal europeo, británico y estadounidense de la BBC.