Las tropas gubernamentales de reprimieron el domingo las protestas de miles de ciudadanos que salieron a las calles para exigir el restablecimiento de la democracia, mientras continuaron las detenciones de miembros del partido de , uno de los cuales murió.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para dispersar a los manifestantes, según testimonios recogidos por la AFP. Durante la noche se continuaron escuchando detonaciones, reportaron las redes sociales.

Algunos manifestantes resultaron heridos, sobre todo en Rangún, la capital económica, donde a un hombre de 20 años le arrancaron una oreja, según imágenes difundidas en las redes sociales.

En Mandalay, donde han muerto varios manifestantes en los últimos días, dos socorristas fueron alcanzados por los disparos. Uno logró escapar y al otro se lo llevó la policía, según su colega Yan Naing.

A un centenar de kilómetros, en Bagan, cerca de un famoso sitio arqueológico con pagodas centenarias, un adolescente de 18 años recibió una bala de goma en la mandíbula y una mujer recibió un disparo en la pierna, según los socorristas.

Al mismo tiempo, las detenciones continuaron luego que la noche del sábado hubo redadas en Rangún contra la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi, derrocada el 1 de febrero y detenida en un lugar secreto.

“No sabemos cuántas personas fueron detenidas”, dijo Soe Win, uno de los responsables del partido.

Un responsable local de la LND, Khin Maung Latt, de 58 años, murió. “Lo golpearon y luego lo sacaron de su casa. Al parecer, no sobrevivió al duro interrogatorio al que fue sometido”, dijo Tun Kyi, un exprisionero político.

Otro responsable del partido, Maung Maung, también era un objetivo pero las fuerzas de seguridad no pudieron encontrarlo. Su hermano fue “torturado porque no había nadie a quien detener”, dijo un exparlamentario de la LND.

Los diputados que no reconocen la legitimidad del golpe y han creado un comité para representar al gobierno civil serán acusados de “alta traición”, un delito castigado con la pena de muerte o 22 años de prisión, advirtieron el domingo los medios de prensa que responden al régimen militar.

Los ciudadanos no deben “involucrarse en las concentraciones para evitar que se arruine el futuro de sus hijos”, añadieron.

A pesar de las amenazas, miles de birmanos se manifestaron en el país, con monjes vestidos con túnicas de color azafrán que realizaron una gran sentada en Mandalay.

“Si llamamos a la desobediencia civil y a la huelga sin salir a la calle, no es suficiente. Tenemos que mantener nuestro combate al nivel más alto (...) Estamos dispuestos a morir”, declaró a la AFP Maung Saungkha, una de las líderes de la protesta.

La movilización seguirá el lunes, pues los principales sindicatos se pronunciaron a favor de intensificar la huelga general “para salvar la democracia”.

“Hay que actuar. Llamamos al (...) cese completo y prolongado de la economía”, escribieron nueve sindicatos.

Débil economía

Las convocatorias de huelga han tenido mucho impacto en varios sectores, con hospitales cerrados y oficinas ministeriales vacías.

Los funcionarios que no regresen al trabajo el lunes serán despedidos, advirtió la junta.

El miedo está omnipresente: más de 50 personas murieron desde el comienzo de la insurrección pacífica.

Los medios estatales niegan cualquier implicación de las fuerzas de seguridad en las muertes de civiles. La junta no respondió a las numerosas peticiones de la AFP.

El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), apoyado por el ejército, participa en los ataques.

Ocho policías que se negaron a participar en la represión, huyeron a India, y Myanmar exigió la repatriación “para preservar las buenas relaciones entre los dos países”, en una comunicación a la que tuvo acceso la AFP.

Entretanto los generales hacen oídos sordos a las protestas de la comunidad internacional.

Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado medidas coercitivas, pero algunos observadores piden un embargo internacional sobre el suministro de armas, una decisión que requiere el acuerdo de todos los miembros del Consejo.

Pero China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano y exportadores de armas al país, consideran la crisis como un asunto interno birmano.

Mientras tanto, al menos 168 rohinyás -minoría musulmana- que han huido de la persecución en Myanmar -de mayoría budista- están en un centro de detención desde el sábado en una región del norte de India, con vistas a ser expulsados a su país de origen, anunció el domingo un jefe de la policía local.

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