La ejecución de un preso en Singapur prevista para este miércoles, que iba a ser la primera en la ciudad-Estado en los últimos dos años, ha sido pospuesta, mientras activistas alertan sobre una saturación en el patíbulo que puede derivar en ahorcamientos inminentes.
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Los abogados han solicitado una última vista sobre el caso del singapurense Rosman bin Abdullah, acusado de traficar 57 gramos de diamorfina (un opiáceo) en 2010 y condenado a muerte por ello.
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La madre del preso fue informada la pasada semana por parte de las autoridades penitenciarias de que sería ejecutado este miércoles, si bien finalmente se ha aplazado hasta que tenga lugar la vista en los próximos días, asegura la ONG local Transformative Justice Collective.
El caso de Rosman bin Abdullah es similar al de al menos otros tres presos, cuyas fechas de ejecución –que en Singapur se aplica mediante la horca- han sido recientemente pospuestas.
Singapur ha recibido críticas por parte de numerosas organizaciones, así como la ONU y la Unión Europea, por sus planes de reanudar las ejecuciones tras dos años de parálisis, coincidiendo con la pandemia de coronavirus.
Los otros tres reos que podrían enfrentarse a una ejecución inminente están igualmente acusados de tráfico de drogas y aguardan a que se celebren las últimas vistas en las próximas semanas.
Uno de ellos tiene una deficiencia intelectual diagnosticada, argumento que esgrimen sus abogados para frenar la ejecución.
El medio independiente We The Citizens, dirigido por la periodista y activista contra la pena de muerte Kirsten Han, alerta de que habría más de 50 hombres en el patíbulo (se desconoce la situación en la prisión de mujeres) y que 20 han agotado los recursos legales para frenar su ejecución.
La alta ocupación en el corredor de la muerte hace temer a las familias, apunta este medio, que se intensifique el ritmo de ahorcamientos con el objetivo de reducir su saturación.
Singapur tiene una de las leyes anti drogas más punitivas y draconianas del mundo, mientras activistas denuncian que las ejecuciones no contribuyen al supuesto objetivo de frenar el consumo de estupefacientes, que ha crecido durante años en la próspera isla.
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