El primer ministro de Corea del Sur habla por teléfono con Biden tras el cese del presidente Yoon

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, conversó por teléfono este domingo con el presidente estadounidense Joe Biden en calidad de jefe de Estado y de Gobierno interino del país asiático, después de que el sábado el Parlamento destituyera al mandatario Yoon Suk-yeol por decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

En una conversación que duró 16 minutos, ambos se comprometieron a mantener y vigorizar la alianza entre los dos países, informó en un comunicado la Oficina del Primer Ministro.

“Nuestro Gobierno seguirá implementando sus políticas diplomáticas y de seguridad, y trabajará para garantizar que la alianza entre la República de Corea (nombre oficial del país) y Estados Unidos siga desarrollándose sin obstáculos”, dijo Han, según el texto publicado por su oficina.

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Alianza “inalterada” entre Corea del Sur y Estados Unidos

Biden dijo por su parte que “la férrea alianza entre la República de Corea y Estados Unidos permanece inalterada y que continuará trabajando junto con la parte coreana para el desarrollo y el fortalecimiento de la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos y la cooperación entre la República de Corea, Estados Unidos y Japón”.

Han destacó además la importancia de consolidar la alianza de seguridad conjunta de Seúl y Washington ante los desafíos comunes, como el programa de armas de destrucción masiva norcoreano o la creciente cooperación militar entre Moscú y Piongyang.

El primer ministro también explicó que todos los asuntos del Estado se gestionarán estrictamente de acuerdo a la Constitución y la ley, a lo que Biden contestó subrayando su confianza en la democracia surcoreana y su resiliencia.

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Nueva máxima autoridad

Como segunda máxima autoridad del Estado, Han asumió el sábado las funciones del presidente Yoon, destituido por el Parlamento en respuesta a su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre.

Yoon queda ahora a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o regresar a su puesto.