Una prestigiosa académica cubana fue declarada “culpable” el martes durante un juicio en Matanzas, a 85 kilómetros de La Habana, por el delito de “desobediencia”, luego de haberse manifestado sola a favor de los derechos humanos.
“El juicio concluyó”, informó por la tarde Alina Barbara López, académica de 58 años en su página de Facebook. “Solo adelanto que fui considerada culpable de un delito de desobediencia y que apelaré a instancia provincial”, agregó.
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La juez “aceptó” el pedido de la fiscalía, que solicitó una multa, la reclusión domiciliaria y la prohibición de salir del territorio nacional, añadió la ensayista e historiadora cubana.
“Fue un día de mucho atropello. El tribunal rodeado de policías, de patrullas por todas las calles aledañas”, declaró después a la AFP. Según López, dos personas que se dirigían al tribunal para solidarizarse con ella “fueron llevados a una estación de policía”.
Es “una cosa increíble porque era un simple juicio por desobediencia de una persona pacífica que no pertenece a ninguna organización política (...) o ilegal”, agregó. “Yo solo soy una intelectual con un prestigio, que ellos han tratado como si fuera una delincuente de lo peor”.
López ha narrado en sus redes sociales las acciones policiales en su contra desde abril, cuando se manifestó en solitario en una plaza central de Matanzas para solidarizarse con Jorge Fernández Era, intelectual, humorista y periodista cubano, que había sido interrogado y detenido por unas horas por su actividad profesional.
Fernández Era también “fue detenido” este martes cuando acompañaba a la académica al tribunal y devuelto en una patrulla a su domicilio en La Habana.
En abril, tras ser interrogada y retenida, López anunció que el día 18 de cada mes haría una manifestación solitaria, lo que le valió varias advertencias y detenciones.
Demandó entre otras cosas “una Asamblea Nacional Constituyente”, así como “libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio”, el cese al hostigamiento a quienes “ejercen su libertad de expresión”, según sus publicaciones en redes sociales.
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La víspera del juicio, la también doctora en Ciencias Filosóficas acusó a “órganos de Seguridad del Estado” y específicamente al “director de inteligencia y contrainteligencia” Alejandro Castro Espín, hijo del ex-dirigente Raúl Castro, “como máximos responsables de los atropellos e ilegalidades que se cometen diariamente” en Cuba “contra una ciudadanía indefensa a la que impiden el ejercicio de sus derechos”.
Antes del juicio, Amnistía Internacional escribió en la plataforma X (antes Twitter) su preocupación ante el “nuevo intento” del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de “silenciar a disidentes en Cuba”.
El juicio ocurre días después de la visita del representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, quien durante su estancia en el país abordó con las autoridades como “tema dominante” la situación de los presos políticos, que según oenegés son más de 1.000 personas.
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