Cómo el “gran capital” en Nicaragua pasó de ser aliado a rival de Ortega (y qué puede pasar tras las elecciones)

Durante una década, los grandes empresarios apoyaron las reformas políticas y económicas impulsadas por el gobierno izquierdista de Daniel Ortega, quien ahora los acusa de “traición a la patria”.

Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con las reformas a la seguridad social que detonaron las protestas de abril de 2018 y retiró su apoyo al gobierno en medio de una ola represiva que dejó más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de encarcelados y más de 100.000 personas que salieron del país.

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Con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados, Nicaragua celebra este domingo unas elecciones presidenciales empañadas por la crisis política y en las que el presidente Ortega buscará su tercera reelección y un quinto mandato presidencial.

Al menos 39 líderes opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales, han sido privados de libertad desde mayo.

Entre los detenidos están algunos de los máximos representantes del empresariado nicaragüense: José Adán Aguerri, Luis Rivas Anduray, Michael Healy y Álvaro Vargas.

Aguerri, Healy y Vargas eran los máximos dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización empresarial más importante del país, mientras que Rivas estaba al mando del banco Banpro, perteneciente al grupo Promérica, un poderoso conglomerado de compañías financieras.

José Adán Aguerri y Michael Healy fueron líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ahora están detenidos.

A algunos de los empresarios detenidos se les imputan cargos como conspirar contra la soberanía nacional, pedir intervenciones militares, utilizar financiamiento externo para realizar actos de terrorismo o “traición a la patria”.

A Healy y Vargas les han sumado los presuntos delitos de lavado de dinero en perjuicio del Estado, señalamientos que han sido rechazados por los acusados, sus abogados y sus familiares.

Un inesperado bloque opositor

La batalla judicial contra los empresarios es el último capítulo de una intrincada relación entre el gobierno y los grandes grupos económicos del país, que después del estallido social de abril de 2018 pasaron de ser los tradicionales aliados de Ortega a convertirse junto a los manifestantes en un pilar crítico en las fallidas mesas de negociaciones.

Un nuevo e inesperado bloque opositor que, cada uno por razones muy distintas, pedía reformas políticas y el fin de la violencia policial.

“Las movilizaciones sociales marcaron un punto de inflexión en la relación del sector privado y el gobierno”, le comenta a BBC Mundo Tiziano Breda, analista para Centroamérica de la organización International Crisis Group.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado la avalancha de detenciones de opositores a quienes el gobierno de Ortega acusa de “golpistas”.

En paralelo a las detenciones, la justicia ordenó en junio levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a un grupo de empresarios investigados por supuestos “actos ilícitos”.

Entre ellos están Luis Rivas del banco Banpro; Juan Carlos Sansón, director ejecutivo del Banco de América Central (BAC); y Edwin Mendieta, secretario del banco Avanz del grupo Pellas y de Seguros América.

La decisión también afectó las cuentas de miembros de la familia Baltodano y de Jaime Montealegre Lacayo, todos parte de una élite empresarial que por más de una década mantuvo una alianza con el poder político que algunos analistas califican como una especie de cogobierno de facto.

“Los temas económicos son consensuados con el sector privado”

El izquierdista Ortega niega la existencia de un “modelo de consenso” con el gran capital en el que el empresariado le permitía gobernar sin ningún contrapeso a cambio de dejarlos expandir sus negocios e influir en las leyes y políticas sectoriales relacionadas con sus intereses.

Recientemente dijo que “ese tipo de entendimiento entre los ricos y los pobres nunca se ha dado” en Nicaragua.

Sin embargo, cuando era presidente del COSEP, José Adán Aguerri reconocía abiertamente los beneficios de la relación con el gobierno.

“Hoy los temas económicos son consensuados con el sector privado y de alguna manera esto tiene una enorme importancia en el marco legal en que las empresas operan”, dijo en 2017.

Existe “un clima de negocios bastante positivo, que se está traduciendo en las inversiones del sector privado, nacional y extranjero”, agregó.

Ahora Aguerri está detenido.

¿Quiénes son los máximos exponentes del gran capital?

Los pilares del gran capital nicaragüense se han erigido en torno a unas pocas familias muy poderosas con una marcada influencia en el sector bancario y agroindustrial. Algunos de sus representantes son:

• Carlos Pellas, el hombre más rico del país y presidente del Grupo Pellas, que aglutina a 25 empresas con inversiones en el sector bancario, telecomunicaciones, bienes raíces, industria automotriz, turismo, licores y agroenergía. El grupo es propietario de la mayor productora de azúcar del país y del famoso ron Flor de Caña. Ha expandido sus bases de operaciones a Centroamérica y Estados Unidos.
• Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Promérica, dedicado principalmente al sector financiero, con presencia en nueve países y propietario del banco Banpro. También tiene inversiones en el sector agroindustrial e inmobiliario.
• Roberto Zamora, presidente del Grupo Lafise, un holding especializado en servicios bancarios y financieros, con inversiones en 11 países.
• José Baltodano, presidente de Mercon Coffee Group, una de las principales empresas de café del mundo.
• Juan Bautista Sacasa, presidente del Banco de Finanzas (BDF).
• Piero Coen, exembajador del gobierno de Ortega y presidente del Consejo del Grupo Coen, dedicado a las finanzas, el sector agroindustrial y los bienes raíces.

Las fortunas de Pellas y Ortiz han sobrepasado los US$1.000 millones, según los cálculos de Bloomberg.

Cómo evolucionaron los nexos entre el poder político y económico

Cuando Ortega retornó al poder en 2007, formó una estrecha alianza con el gobierno de Hugo Chávez, quien tenía abierto el grifo de los petrodólares.

Nicaragua gozaba de buena salud económica y el empresariado, de un entorno favorable para su expansión que “le permitió influir en la aprobación o la reforma de leyes que favorecían sus intereses comerciales”, le dice a BBC Mundo el economista Enrique Sáenz.

Un ejemplo fue el cambio a la ley tributaria que regulaba las exoneraciones.

“Quedaron exonerados de pagar impuestos cuando entraban al país hasta los yates, los helicópteros y los vinos espumantes”, comenta Sáenz.

Además de los cambios tributarios, hubo reformas en sectores como el energético y el bancario que le aseguraban condiciones favorables a los grandes capitales y que abrieron las puertas a las inversiones nacionales y extranjeras.

La utilidad de los bancos pasó del 15,4% en 2007 a 27,8% en 2016, superando a las utilidades bancarias del resto de los países centroamericanos, según datos de los Bancos Centrales y Superintendencias de la Región.

Pero cuando se debilitó la política de cooperación venezolana y el país tuvo que enfrentar un escenario económico desafiante, el continuo crecimiento que había caracterizado a Nicaragua comenzó a extinguirse.

Pero las grandes fortunas sí permanecieron -incluído el presunto enriquecimiento de la familia Ortega-Murillo, según informes de la prensa local-, en detrimento de sectores vulnerables de la sociedad que poco gozaron de los beneficios del crecimiento económico.

“En Nicaragua hay un modelo económico capitalista de compadrazgo, basado en una economía agraria y extractivista”, señala el economista Oscar René Vargas en diálogo con BBC Mundo.

Cerca de la mitad de la población nicaragüense vive en la pobreza, la desigualdad ha crecido en los últimos años y el Producto Interno Bruto del país ha caído a partir de 2018.

Una economía sustentada principalmente en la exportación de productos agrícolas, el turismo y las remesas que ha sido duramente golpeada por la inestabilidad política y la pandemia de covid-19.

Pese a las duras condiciones que enfrentan los más pobres, no es muy común que la gente pase hambre gracias a una economía agraria de subsistencia que les permite conseguir un sustento alimentario básico, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Venezuela o Cuba.

Una economía en peligro

Poco después del estallido social de 2018, preocupados por la inestabilidad del país y el clamor popular de que Ortega abandonara el poder, los grandes empresarios publicaron una carta el 30 de mayo donde pedían reformas urgentes que permitieran adelantar las elecciones.

Y en diciembre del mismo año volvieron a publicar una misiva para retomar el diálogo.

“Hay una dramática reducción de la actividad económica, una contracción sin precedentes del sistema financiero, con una marcada reducción en los depósitos y el crédito, y un aumento relevante del riesgo cambiario”, señala la misiva.

Entre los firmantes estaban Miguel Zavala, Carlos Pellas, César Augusto Lacayo, Miguel Gómez, José Antonio Baltodano, Juan Bautista Sacasa, Ramiro Ortiz, Jaime Rosales, Alberto Chamorro y Jaime Montealegre.

Ese fue el año en que el propio Carlos Pellas dijo en una entrevista que “el modelo que traía el país se agotó”.

La gran incertidumbre

Con el paso del tiempo los dueños del gran capital se han retirado del escenario público, dejando que sus representantes gremiales -ahora líderes opositores- continuaran la batalla.

Esos mismos líderes que ahora están detenidos por traición a la patria.

Las señales indican que el modelo de consenso que por tantos años operó en Nicaragua está, al menos momentáneamente, fracturado.

La pregunta que muchos se hacen es qué pasará con la relación entre el empresariado y el gobierno cuando Ortega asegure su continuidad en el poder.

¿Volverán a establecer una alianza estratégica? ¿Quedará en el pasado este episodio en que se enfrentaron en bandos opuestos? ¿O será el inicio de una nueva etapa en la que el gran capital le restará apoyo al exguerrillero de 75 años?

Pese a las movilizaciones, las elecciones nunca fueron adelantadas, ni fueron liberados los detenidos, ni se recuperó la libertad de expresión. Como tampoco se llevaron a cabo las reformas democráticas que los grandes grupos económicos habían propuesto.

Pasadas las elecciones, es probable que se abra un nuevo escenario donde la posición que asuma el gran capital podría ser determinante en el futuro del país.

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