La Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró este miércoles que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles”, al calificar como un “nuevo atentado a la democracia” el intento de inhabilitar a la aspirante opositora a la Presidencia de ese país Cristiana María Chamorro Barrios.
En un comunicado, la secretaría general del organismo con sede en Washington rechazó un proceso de inhabilitación de Chamorro y consideró que imposibilita “más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes”.
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La OEA se pronunció después de que el Ministerio Público de Nicaragua acusara a Chamorro, quien es hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso con lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía solicitó además la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre próximo, según una encuesta de la firma CID Gallup.
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“Acciones como estas restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, puntualizó la nota.
El organismo calificó como “violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la carta de la OEA” y de los instrumentos de derechos humanos y pactos internacionales “la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos”.
En ese contexto, reiteró su llamado a la “inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores”, a la restitución de las libertades y a reconducir el país “hacia la democracia” a través de elecciones con observación internacional.
Las autoridades nicaragüenses investigan la ONG Fundación Violeta B. de Chamorro, que cerró en febrero pasado y era dirigida por Chamorro Barrios.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua señala esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por haber incumplido “gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019” e indica haber obtenido “claros indicios de lavado de dinero”.
Ortega, de 75 años, retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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