Nicaragua construirá un “museo de la infamia” en edificio que decomisó a OEA

El edificio que ocupaba la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua fue declarado “de utilidad pública”, y será convertido en un “museo de la infamia”, informó este martes el Gobierno.

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“El bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al estado de Nicaragua”, dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, en una alocución.

La propiedad, ubicada en las afueras de Managua, permanecía bajo custodia policial desde la tarde del pasado día 24, cuando el Gobierno del presidente Daniel Ortega, esposo de Murillo, anunció la “expulsión” de la delegación de la OEA en el país.

Según la también primera dama, el Ejecutivo tiene planes de convertir el edificio en un “museo de la infamia”, sobre el que no brindó detalles.

Hasta ahora se desconoce quiénes eran los dueños de la propiedad desde donde despachaba la OEA en Nicaragua.

En noviembre pasado, el Gobierno nicaragüense había iniciado su proceso de separación de la OEA, en respuesta al desconocimiento del organismo a los comicios que dieron una nueva reelección a Ortega como presidente de Nicaragua, sin embargo, el mismo no concluirá de manera oficial hasta fines de 2023.

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Las autoridades de Nicaragua decidieron no esperar al año que viene para cortar la relación diplomática, y el domingo pasado retiraron las credenciales de sus representantes ante la OEA en Washington, además de clausurar las oficinas del organismo en Managua.

La OEA alegó que “sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad”, pero esto no impidió la confiscación del Gobierno.

Las relaciones entre Nicaragua y la OEA eran poco amistosas desde que en 2016 el organismo propuso un diálogo para realizar reformas electorales que garantizaran unas elecciones democráticas en el país centroamericano y se agudizaron en 2018, cuando se inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por “alteración al orden democrático”.