Entre las ONG ilegalizadas están 15 asociaciones médicas que han expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua. (Foto: Oswaldo Rivas / Reuters)
Entre las ONG ilegalizadas están 15 asociaciones médicas que han expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua. (Foto: Oswaldo Rivas / Reuters)
Agencia EFE
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El , a través del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia de la covid-19, según informó este domingo una fuente legislativa.

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La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 ONG.

La propuesta de Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto.

“Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según la iniciativa.

LOS ACUSAN DE VIOLAR TRES LEYES

En la exposición de motivos, el legislador dijo que la directora del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón, remitió al titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, un informe en el que se expresa la solicitud de ilegalización de las 24 ONG, debido a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias.

La funcionaria pidió la ilegalización de las ONG también por encontrarse “acéfalas, por estar vencido el plazo de su Junta Directiva” y porque no han reportado “sus estado financieros desde hace varios años” al Ministerio de Gobernación.

Tampoco han presentado los convenios sobre sus proyectos y actividades, “que definan claramente su fuente de financiamiento, su cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la fundación”, de acuerdo con la información.

Además, “no han presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y soporte de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus asociados”, ni el origen de todos sus miembros donantes, incluyendo nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono.

En su investigación, el Ministerio de Gobernación encontró que esas 24 organizaciones violentaron la Ley general de personas jurídicas, la Ley contra lavado de activos y su reglamento, y la normativa del Departamento de Asociaciones.

“Con las acciones señaladas las diferentes asociaciones han obstaculizado la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación”, argumentó el legislador en su exposición de motivos.

ROSARIO MURILLO LO HABÍA ANUNCIADO

Entre las ONG ilegalizadas están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua.

El 18 de marzo pasado, la AMN demandó al Ejecutivo vacunar “inmediatamente” contra la covid-19 a todos los trabajadores del sector salud, público y privado.

El pasado 7 de julio, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, acusó de ser “falsos médicos y con falsos pronósticos” a los galenos que critican la gestión de su esposo, el presidente Daniel Ortega, sobre la pandemia de la covid-19, así como las estadísticas oficiales de personas afectadas.

El jueves pasado, las autoridades de salud de Nicaragua citaron a dos médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les advirtieron que estarían violando la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.

La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.

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