Denuncian al Estado salvadoreño ante CIDH por “violar” independencia judicial

Un grupo de jueces y magistrados de El Salvador denunció este viernes al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “violación a la independencia judicial” por una reforma legal que cesa a los juzgadores sexagenarios.

La denuncia fue interpuesta por medio de los abogados de la organización humanitaria Cristosal por la “violación a los derechos de igualdad y no discriminación de las personas mayores de 60 años” o con 30 años de servicio, indicó a periodistas el juez Antonio Durán.

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También señaló que dicha reforma a la Ley de la Carrera Judicial impone un régimen de disponibilidad que “violenta la estabilidad laboral”.

Agregó que solicitaron a la CIDH que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dicte medidas provisionales para que “se suspenda la vigencia de esta reforma”.

Reveló que el pleno de la Corte Suprema de Justicia respaldó con 9 votos de 15 magistrados la aplicación de la medida y la entrega de un bono para los jueces que decidan renunciar antes de que entre en vigor la reforma.

El presidente Nayib Bukele firmó y mandó a publicar la iniciativa en el Diario Oficial, según trascendió este viernes.

La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue publicada en la edición del 14 de septiembre del Diario Oficial y es el último paso para que entré en vigencia y se concrete la remoción de los juzgadores.

Bukele defendió la medida el 15 de septiembre durante su discurso por el bicentenario de la independencia centroamericana de España y acusó, sin presentar pruebas, a estos jueces de prácticas corruptas.

Estados Unidos, mediante su encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, condenó la decisión de la Asamblea Legislativa y advirtió que el país enfrenta una “declive de la democracia” que “daña la relación bilateral”.

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para “modernizar” la ley.

En la misma publicación del Diario Oficial se publica una reforma similar que cesa a los fiscales mayores de 60 años.

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó recientemente a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.

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