Por qué el Congreso de El Salvador no aprueba los US$109 millones que quiere Bukele para “luchar contra las pandillas”

Si una imagen es capaz de reflejar la enrevesada situación en la que se encuentra El Salvador, debido a la disputa entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso, muy probablemente sea esta:

El domingo, la Asamblea Nacional Salvadoreña fue ocupada temporalmente por las Fuerzas Armadas tras un llamado del mandatario para que los legisladores aprueben el acceso a un préstamo internacional con el que sacaría adelante su Plan de Control Territorial (PCT), polémico por la falta de detalles que se conocen al respecto, pero con el que promete “luchar contra las pandillas” -conocidas como maras-, uno de los principales problemas del país y bandera de campaña de Bukele.

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Cabe resaltar que el mandatario no cuenta con ningún parlamentario de su partido en una Asamblea Nacional dominada por los tradicionales Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El Comercio conversó con el periodista salvadoreño Fernando Romero, columnista y reportero de la revista Factum, sobre los pormenores de la situación que atraviesa su país.

- ¿Cómo impactaron estos eventos en la vida cotidiana salvadoreña?

Ahora hay cierto conflicto, más que todo incertidumbre, porque acabamos de salir de todo lo que ocurrió el domingo y la sociedad aún no termina de entender la gravedad de las conductas y acciones que tomó el Presidente de la República. Aquí ocurrió un intento de golpe de Estado, todos los ingredientes para un golpe se dieron. Desde la mañana la policía llegó a la Asamblea Legislativa para tomar el control, no solo del perímetro, sino que entró forcejeando con la seguridad del Parlamento. Luego, cuando controlaron los accesos, dieron las facilidades para que la Fuerza Armada se introdujera también. Eso es totalmente anticonstitucional. Su misión era abrirle paso, desde adentro, para que el presidente pueda entrar por la tarde. Los diputados, el inspector de la policía y el ministro de la Defensa llegaron a un acuerdo: de forma pacífica, los diputados iban a recibir al presidente en calidad de visitante.

- ¿Es cierto que el 90% de la población aprueba las acciones de Bukele?

Hay encuestas que reflejan una gran aprobación para la gestión de Bukele. Ojo, la gestión. Él fue votado en enero del 2019, ganó la elección sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Por cierto, fueron unos comicios muy malos, a diferencia de otros que hemos tenido. Pero bueno, ganó. Ahora, estos índices positivos que tiene como presidente tienen más cercanía a su carisma y popularidad que a su propia gestión como tal. En sus verdaderas decisiones como jefe de gobierno empieza a tener varios errores, desaciertos y críticas. Pero su popularidad le tapa todos esos errores.

- Esta es la tercera fase del PCT, ¿qué sucedió con las anteriores?

Para las fases anteriores el dinero que se necesitó salió del mismo presupuesto, mediante partidas extraordinarias. No hubo tanto conflicto. En lo que sí hay conflicto es en la falta de transparencia. La fase uno, que es meramente la represión del delito, y la fase dos, que es entrar a las comunidades para extender la mano a quienes tengan un perfil de ser un potencial pandillero, quizá la fase más importante de todas, no son transparentes.

- ¿En qué sentido?

En el sentido de que el Gobierno nunca mostró su plan de seguridad. De repente llega a la Asamblea Legislativa a pedir permiso para acceder a un préstamo internacional y de forma escueta dice qué necesita, pero no cómo lo va a utilizar. Simplemente dice que no se puede dar a conocer, ni siquiera a puertas cerradas para los diputados. Es algo tan blindado que despierta las dudas de los legisladores.

- ¿Hay alguna acusación de corrupción sobre Bukele?

Acusaciones como tal no hay, lo que sí hay son investigaciones periodísticas. Entre el periódico El Faro y la revista donde yo estoy, Factum, hemos publicado en los últimos años múltiples investigaciones que ligan al ahora presidente con actos de corrupción. Por ejemplo, en Factum publicamos en setiembre del 2019 que cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) recibió US$1,9 millones de Alba Petróleos, la filial subvencionada por el Gobierno de Venezuela en El Salvador. Ahora esa empresa está siendo investigada por lavado de dinero en nuestro país, fue clausurada por las autoridades y todos sus directivos están siendo investigados.

- El Ejecutivo dice que el Congreso no apoya el plan de Bukele por la conexión de algunos parlamentarios con las maras. ¿Cuán cierto es eso?

No es cierto. Los diputados de los diferentes partidos están interesados en que se detallen los planes de seguridad, saber por lo menos si de verdad tienen características de seguridad nacional y que necesitan de una gran reserva. Ellos, como diputados, tienen derecho a saberlo para poder aprobar estos créditos. Entonces, no aceptan ni toleran que les pidan sus votos para acceder a un préstamo que generará una deuda pública y el Gobierno no les diga con detalles en qué lo utilizará. Ese es el verdadero tira y afloja.

- ¿De dónde sale el argumento que vincula a parlamentarios y maras, entonces?

Parte de revelaciones hechas por las autoridades e investigaciones periodísticas sobre negociaciones entre políticos con pandilleros. Pero esas negociaciones fueron en el 2014, en el marco de las elecciones presidenciales. El Faro y Factum dimos a conocer cómo representantes del partido Arena se reunieron con pandilleros para negociar votos, lo mismo hizo el FMLN. El punto es que eso fue en el 2014, ahora estamos en el 2020 y el presidente trae a colación un tema que sucedió hace seis años y donde la gente que negoció ya está siendo procesada.

Pero, lo que no se dice y quizás no se conoce a nivel internacional es que en el 2018 El Faro publicó un artículo donde revela que la Fiscalía está investigando desde el 2016 que dos funcionarios de la alcaldía de San Salvador estuvieron negociando con pandilleros cuando Bukele era alcalde de la capital.

- ¿Qué podemos esperar para los próximos días?

Podríamos tener la renuncia del ministro de Defensa por haber metido a los militares a la Asamblea Nacional. Eso sería gracias a la presión que están ejerciendo los diputados, quienes tienen la potestad de interpelar a los funcionarios públicos.