Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Partido Movimiento Semilla de Guatemala, y Sandra Torres, candidata guatemalteca por el partido Unión Nacional de la Esperanza y ex primera dama (2008-2011). (Foto de Johan ORDONEZ / AFP)
Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Partido Movimiento Semilla de Guatemala, y Sandra Torres, candidata guatemalteca por el partido Unión Nacional de la Esperanza y ex primera dama (2008-2011). (Foto de Johan ORDONEZ / AFP)
/ JOHAN ORDONEZ
Agencia AFP

considera “vital” que el balotaje presidencial del 20 de agosto en se celebre “sin interferencias ni acoso” a los candidatos y partidos políticos, afirmó este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense para , .

Guatemala se halla inmersa en una grave crisis después de que la fiscalía pidiera la cancelación del partido Semilla, de uno de los candidatos a la segunda vuelta, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien se enfrentará en las urnas a Sandra Torres, también socialdemócrata.

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La comunidad internacional teme que estas medidas estén destinadas a sacar a Arévalo del proceso electoral.

En un mensaje subido a Twitter, Nichols afirma haber hablado con el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, “sobre la vital importancia de permitir que la segunda vuelta de las elecciones se desarrolle sin interferencias ni acoso a los candidatos y partidos políticos”.

La elección de un socialdemócrata a la cabeza del país pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha.

Los guatemaltecos tienen derecho a elegir a sus gobernantes”, insiste Nichols en el tuit.

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Por su lado, la cancillería guatemalteca indicó en un comunicado que en la conversación telefónica con Nichols, Búcaro “reiteró que el Gobierno de Guatemala está comprometido con garantizar que se lleve a cabo el proceso electoral para la segunda vuelta de las elecciones”.

La situación electoral ha provocado manifestaciones en Guatemala para pedir, entre otras cosas, la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, cuya institución pidió la cancelación del partido Semilla, del juez Fredy Orellana y del fiscal Rafael Curruchiche, todos ellos sancionados por Estados Unidos como actores “corruptos y antidemocráticos”.

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