Corte de Guatemala avala quitar fuero a magistrados electorales ante señalamientos de fraude

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala avaló este martes el pedido de quitar el fuero a los magistrados electorales por presuntas anomalías en la compra de un sistema informático usado en los comicios ganados por el socialdemócrata Bernardo Arévalo.

“Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio planteado y ordenó trasladar al Congreso para lo que tenga a bien resolver” (si finalmente quita la inmunidad a los magistrados), dijo a periodistas el asesor del tribunal, José Leonel Marroquín.

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El 27 de setiembre, la cuestionada fiscalía presentó la solicitud por los supuestos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude” contra ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Fiscalía ha emprendido además otras acciones contra el TSE y el movimiento Semilla de Arévalo por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.

“Esta Corte considera que el antejuicio no es espurio porque tiene fundamento serio sustentado en los elementos de razonabilidad aportados por el ente fiscal”, agregó Marroquín.

Según la fiscalía, los magistrados incurrieron en irregularidades al suscribir un contrato por el programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El TREP fue adquirido por unos 19,3 millones de dólares a una empresa local y sirvió para el conteo de las actas electorales que ingresaban al sistema y agilizar los resultados preliminares de los comicios.

Para la fiscalía, los magistrados cometieron fraude al Estado al adquirir un servicio unos 4,5 millones de dólares más caro al ofertado por otra empresa.

“A criterio del Ministerio Público, los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado”, afirmó Marroquín al leer la resolución de la Corte.

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Ahora corresponde al Congreso formar una comisión que entregará un informe al pleno, que decidirá si les quita o no la inmunidad a los magistrados para ser investigados penalmente.

El 14 de setiembre, el presidente electo pidió retirar la inmunidad a Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana, a quienes acusa orquestar un “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder el 14 de enero en sustitución del derechista Alejandro Giammattei.

La persecución contra Semilla comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones del 25 de junio y pasara al balotaje del 20 de agosto, en que obtuvo un amplio triunfo con su promesa de combatir la corrupción.

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Agencia AFP

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