Jovenel Moise habla durante una entrevista con AFP en la capital de Haití el 1 de diciembre del 2016. (Foto de HECTOR RETAMAL / AFP).
Jovenel Moise habla durante una entrevista con AFP en la capital de Haití el 1 de diciembre del 2016. (Foto de HECTOR RETAMAL / AFP).
/ HECTOR RETAMAL
Agencia EFE

Transcurrido un año desde el asesinato del presidente haitiano apenas hay certezas sobre la planificación, financiación y ejecución del magnicidio, que ha exacerbado la crisis que vive el país desde hace décadas.

La investigación parece estancada prácticamente desde las primeras detenciones de miembros del comando que en la madrugada del 7 de julio de 2021 asaltó la vivienda del mandatario en Puerto Príncipe, sin encontrar oposición por su cuerpo de seguridad, mientras el entorno de Moïse afirma que los responsables siguen sueltos.

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Tanto la familia de Moïse como el primer ministro, Ariel Henry, han solicitado ayuda de las Naciones Unidas en la investigación del magnicidio, que sigue en punto muerto a pesar de las detenciones, allanamientos, incautaciones y demás acciones llevadas a cabo en relación con el caso.

DECENAS DE DETENIDOS

Las autoridades haitianas han arrestado a más de 40 personas por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellos 18 exmilitares colombianos acusados de integrar el comando que irrumpió en la residencia del mandatario para acabar con su vida, y que permanecen en prisión desde entonces sin las mínimas garantías procesales.

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Otros tres colombianos fueron abatidos por la Policía haitiana en las horas posteriores al magnicidio, mientras que algunos implicados permanecen prófugos.

También está entre los arrestados el supuesto autor intelectual del magnicidio, el médico Emmanuel Sanon.

Además, hay tres presuntos implicados en el asesinato que están en manos de la justicia estadounidense, el primero de ellos el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, de 43 años, que llegó a EE.UU. voluntariamente tras su detención en una escala aérea en Panamá.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Haití custodian el ataúd del asesinado presidente Jovenel Moïse en su funeral el 23 de julio de 2021 en Cap-Haitien. (Valerie BAERISWYL / AFP).
Soldados de las Fuerzas Armadas de Haití custodian el ataúd del asesinado presidente Jovenel Moïse en su funeral el 23 de julio de 2021 en Cap-Haitien. (Valerie BAERISWYL / AFP).

También viajó a EE.UU. por voluntad propia el ciudadano haitiano nacionalizado chileno Rodolphe Jaar, de 49 años, detenido en enero en República Dominicana.

El tercero es el exsenador haitiano John Joel Joseph, de 51 años, extraditado desde Jamaica y acusado de conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de brindar apoyo material a la conspiración con resultado de muerte.

Además, en Turquía fue detenido en noviembre el empresario Samir Handal, quien sigue en ese país y que también está señalado como partícipe en la conspiración para matar a Moïse.

Entre los primeros detenidos tras el magnicidio había varios miembros de las fuerzas de seguridad haitianas, de los que no se ha vuelto a informar y, recientemente, la Policía Nacional solicitó el despido de 33 agentes y que otros tres sean encausados por su supuesta implicación en el asesinato del presidente.

DESFILE DE JUECES

Hasta ahora cinco jueces han estado a cargo de la causa abierta en Haití por el magnicidio sin lograr avances en la instrucción del caso por distintos motivos.

Al juez Alter Wesser Voltaire, actual responsable de la investigación, lo precedió el magistrado Merlan Belabre, que ni siquiera llegó a iniciar las pesquisas “al no disponer del expediente físico y de los medios para proceder a los actos de instrucción” tras sustituir al magistrado Chavannes Etienne.

Antes que él se hizo cargo del caso el juez de instrucción Garry Orélien que se retiró del proceso en enero alegando motivos personales, días después de que una ONG lo denunciara por supuesta corrupción.

El primer juez designado para instruir la investigación judicial del asesinato del presidente fue Mathieu Chanlatte, que renunció cinco días después de su designación, alegando razones personales. El magistrado no pudo rodearse de las condiciones de seguridad necesarias para acometer una investigación de esa magnitud.

Tampoco el primer fiscal encargado del proceso, Bel-Ford Claude, sigue en la causa, después de que Henry lo destituyera por abrirle una investigación en calidad de imputado, a pesar de que no estaba facultado para ello, por ser esta una función que recae sobre el juez de instrucción. En su lugar está Frantz Louis Juste.

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

La viuda, Martine Moïse, ha denunciado en múltiples ocasiones que los responsables de la muerte de su esposo siguen libres.

Similares son las reflexiones de Ariel Henry a este respecto: “Tengo la desagradable sensación de que quienes concibieron y financiaron este macabro plan aún corren por las calles y aún escapan de nuestro sistema judicial”, afirmó en un tuit publicado el 13 de junio.

El excanciller Claude Joseph ejercía las funciones de primer ministro cuando asesinaron a Moïse, al que le unía una estrecha relación personal, y ha criticado en muchas de ocasiones el estancamiento del proceso de investigación que achaca a la “falta de voluntad política” por parte de las autoridades.

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