¿Éxito o fracaso? Se cumple un año desde que El Salvador declaró al Bitcoin como moneda legal

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Transcurridos doce meses, la gran apuesta económica de Nayib Bukele aparece rodeada de poca transparencia que lleva a preguntarse cuán efectiva ha resultado realmente.

PROYECTO INCOMPLETO

Pujada desde el Ejecutivo y tramitada por un Legislativo alineado con Bukele, la Ley Bitcoin apareció como una oportunidad para atraer inversores, ahorrar millones de dólares en remesas enviadas por la comunidad salvadoreña en Estados Unidos e incluía la creación de Bitcoin City, además de la adopción de una billetera digital llamada Chivo Wallet que debería ser aceptada en todos los comercios del país y que incluía un bono de bienvenida a los usuarios.

Hasta el momento, el Gobierno Salvadoreño compró 2.381 bitcoins con una inversión de 100 millones de dólares, además de colocar 1.000 millones en bonos respaldados por esta criptomoneda.

Sin embargo, la apuesta de Bukele ha estado caracterizada por una opacidad a la que se ha sumado un prolongado silencio sobre el tema por parte del presidente.

La última vez que Bukele se pronunció sobre el tema fue el 30 de junio, en aquella oportunidad utilizó Twitter -su red social preferida- para anunciar la compra de 80 bitcoins a través de fondos estatales.

Más allá de eso es poco lo que se conoce sobre los planes del Estado para el Bitcoin. Así lo resaltó a la agencia EFE el economista José Luis Maguiña.

“Todo lo que ha estado vinculándose alrededor de la implementación de la Ley Bitcoin ha estado lleno de opacidad, hay muchas incógnitas que, a un año de entrar en vigencia la ley, todavía la desconocemos como sociedad civil”, señaló el experto.

Hace unos meses, el economista Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, estimó para el medio France24 que el Gobierno Salvadoreño había gastado unos 225,3 millones de dólares en la implementación del bitcoin.

Sumado a ello, la ausencia de objetivos claros por parte del Ejecutivo impide medir los verdaderos resultados de esta propuesta, por lo que se deben analizar los indicadores más prácticos y generales. Es decir, cuánto lo usan realmente los ciudadanos y cuál ha sido su impacto en la economía.

IMPACTO ECONÓMICO

Sobre su impacto en la economía nacional, el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR) refleja que no hubo ningún impacto particular que demuestre cómo el bitcoin ha aportado al crecimiento salvadoreño.

Al cierre del 2022, El Salvador espera registrar un crecimiento económico del 2,3% calificado por el BCR como una constante “desde hace décadas y antes de la pandemia”.

Por otro lado, esa misma institución señala que no se han visto reflejados los flujos de inversión extranjera que prometía la tan esperada ley.

Sumado a esto, el Bitcoin ha sufrido una enorme caída en su valor dentro de los mercados desde que entró en vigencia la legislatura.

Para mediados del 2021, el Bitcoin cotizaba en 44 mil dólares por unidad, alcanzando un pico de 60 mil dólares hacia finales de año. Sin embargo, desde entonces la criptodivisa ha estado condenada a una pronunciada caída libre.

A la fecha su valor fluctúa entre los 18 mil y 19 mil dólares; sin embargo, los expertos temen que podría caer hasta los 11 mil dólares en el futuro próximo.

Organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado en repetidas ocasiones los riesgos que estaría corriendo el país al apostar sus fondos públicos en la volátil criptomoneda.

En esa misma línea, S&P Global Ratings redujo en junio la nota crediticia de El Salvador, pasando de B a C y proyectando una tendencia negativa. La agencia Moody’s había hecho lo propio reduciendo la calificación a Caa3, lo que implicaba que aumentaba el riesgo de impago por parte del país centroamericano.

USO COTIDIANO

Otro de los estandartes en torno a la ley era el impacto que tendría en el ahorro para los salvadoreños que envíen remesas desde el extranjero.

Bukele estimaba que dicho ahorro bordearía los 400 millones de dólares, una pieza fundamental para esto sería el uso de la Chivo Wallet para las transferencias.

Entre enero y febrero del 2022, sin embargo, apenas el 1,7% de las remesas se realizaron con bitcoins. Más grave aún, apenas el 20% de la población que descargó la aplicación la utiliza actualmente, según un estudio del Bureau of Economic Research.

El 80% restante solo la descargó para recibir el bono de 30 dólares de bienvenida y no volvió a utilizarla. El mismo destino corrieron la mayoría de los 200 cajeros automáticos instalados para este fin en el país.

“El salario promedio de este país da para el gasto diario. El bitcoin es una moneda orientada a personas que tengan la holgura económica suficiente para poder decir que no usará 10 mil dólares en un año y que puede darse el lujo de perderlos sin que les afecte, en un país tan empobrecido como El Salvador es muy difícil encontrar gente que entre a ese juego”, explicaba en mayo a El Comercio Fernando Romero, periodista de la revista salvadoreña Factum que ha cubierto la adopción de la criptomoneda en su país.

Y esta lejanía por parte de los ciudadanos hacia la criptomoneda se refleja inevitablemente en los comercios salvadoreños. Según una encuesta publicada en marzo por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), el 86,1% de las empresas aseguraban que nunca habían realizado una transacción en Bitcoin.

Todos estos factores han llevado a que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) emita un comunicado advirtiendo que “el análisis técnico demuestra un balance negativo, con grandes costos para la sociedad salvadoreña y sin beneficios tangibles, por lo que recomienda que la Asamblea Legislativa derogue la Ley Bitcoin, y que el uso de esta criptomoneda sea voluntario”.

Al ser consultado por las razones detrás del fracaso del bitcoin en El Salvador, Romero explicó a El Comercio que estás respondían principalmente a la poca educación a los usuarios sobre el tema y la enorme brecha de desigualdad económica que impera en el país.

“No existe una negativa al Bitcoin como tal sino porque va en contra a lo que el ciudadano está acostumbrado. No se trata de ciudadanos que hayan abierto una cuenta en la wallet, hagan transacciones, entiendan lo que es la blockchain y perdieron al invertir. La ley se envió en julio y anunciaba que entraría en vigor en septiembre, en esos tres meses se debió educar al país sobre esta moneda virtual”, explicó Romero.