¿Éxito rotundo o atropello humanitario? La guerra contra las pandillas cumple dos años en El Salvador

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Luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron casi 90 asesinatos, el 27 de marzo del 2022 la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una solicitud enviada por la Administración Bukele en la que pedía declarar al país en estado de excepción. Días más tarde, el gobierno también pediría reformar el código penal para endurecer las condenas hacia los pandilleros.

Bukele les había declarado la guerra a las infames Mara Salvatrucha y Barrio 18, las principales pandillas que controlaban el crimen organizado en el pequeño país centroamericano.

Las ‘maras’, como se conoce a las pandillas en El Salvador, tenían presencia en un 80% del territorio nacional dedicándose principalmente al robo, extorsión y tráfico de drogas. Entre sus filas, además, operaban menores de edad a los que utilizaban amparados en que recibirían condenas menos severas.

Por ello, una de las reformas que se planteó al código penal fue la de considerar y juzgar como adultos a los pandilleros a partir de los 12 años.

Pero el gobierno no solo buscó combatir a las pandillas en las calles sino también en las cárceles, donde operaban sus principales cabecillas. Desde la primera semana bajo estado de excepción, los entonces 16.000 mareros que estaban presos vieron limitadas sus raciones de alimentación, se redujeron sus salidas diarias al patio y algunos denunciaron que incluso se les llegó a retirar las colchonetas que usaban para dormir.

De esta forma, Bukele enarbolaba una de las banderas que lo llevó a la presidencia en el 2019 luego de haber prometido combatir la delincuencia que desde hace décadas aquejaba a El Salvador, y que había convertido a El Salvador en el 2015 en el país más violento e inseguro de la región.

Casi de inmediato, el gobierno lanzó también una megacampaña de comunicaciones en la que se encargó de difundir cada logro obtenido en su cruzada contra el crimen organizado. A los cinco días, por ejemplo, el propio mandatario anunciaba que más de 3.000 mareros ya habían sido arrestados.

Esta semana, cuando se cumplen dos años de dictada la medida, el gobierno informó que se ha detenido a más de 78.000 pandilleros, además de haberse decomisado 3.939 armas, 21 mil celulares y 8 mil vehículos, entre otros bienes.

Un informe de Amnistía Internacional calculaba el año pasado que en El Salvador 1,7% de la población mayor de 18 años estaba detenida, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.

El método que ha seguido el gobierno durante el estado de excepción ha sido el de desplegar megaoperativos conjuntos entre la policía y el ejército -los cuales han superado los más de 10 mil efectivos en muchas ocasiones- en torno a ciudades y comenzar a cazar a los pandilleros que ahí operan.

Durante los operativos, las fuerzas del orden realizan exhaustivos controles de identidad en las calles y también responden a denuncias vecinales. Esto, sin embargo, ha llevado a que miles de inocentes caigan presos de forma irregular.

La anulación al derecho de comparecer ante un tribunal dentro de las 72 horas después de una detención, además, hace que muchos de estos inocentes vean alargar sus estadías en las cárceles.

El propio vicepresidente, Félix Ulloa, ha reconocido que entre 6 mil y 7 mil inocentes fueron detenidos sin haberse probado que guarden relación con grupos criminales y tuvieron que ser liberados meses más tarde. El funcionario justificó, sin embargo, en que se trataba de un “margen de error”.

El ministro de Defensa, René Francis Merino, aseguró este martes 26 que “el daño colateral en El Salvador ha sido mínimo (...) y por esa razón es algo atractivo para otros países”.

Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos civiles, sin embargo, aseguran que el problema es mucho más profundo.

La organización Socorro Jurídico Humanitario, por ejemplo, alertaba en agosto del 2023 que hay alrededor de 14.000 inocentes presos en cárceles salvadoreñas. Un mes antes, el mismo organismo alertó que 300 personas habían muerto al interior de una prisión desde el inicio del estado de excepción y que el 92% de ellas no tenía relación con las pandillas.

Amnistía Internacional, por su parte, denunció en un informe presentado esta semana que hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal” desde marzo del 2022.

Muchos de estos reos, además, han sido enviados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele que es capaz de recluir a más de 40.000 reos y es considerada la más grande de Latinoamérica.

“Indudablemente, hay tortura de las peores en los centros penitenciarios. Estos son crímenes de lesa humanidad, delitos internacionales que están cometiendo los agentes del Estado”, alertó en junio del 2023 la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, al medio argentino Infobae.

Estos presuntos atropellos durante el estado de excepción, además, también han afectado otros derechos como al de libertad de expresión y prensa, con cada vez más periodistas y analistas amenazados, exiliados o autocensurados por temor a represalias del gobierno.

Como parte de este artículo, un salvadoreño contactado por El Comercio aseguró no poder participar debido a “amenazas y/o advertencias del gobierno”. En el pasado, otros personajes vinculados a la sociedad civil también le han asegurado a este Diario preferir no ser citados o hacerlo bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias de las autoridades.

Esto parece haber vuelto invulnerable a un gobierno que ha mantenido una misma respuesta durante los últimos dos años: el pueblo salvadoreño nunca ha vivido más tranquilo. Y el abrumador 82,66% de votos con los que fue reelegido Bukele en febrero parece así demostrarlo.

El país no solo ha visto caer la tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 2,4 en el 2023, sino que además ha tenido un claro impacto en la economía con la reapertura de negocios luego de librarse de los cupos impuestos por las pandillas y con el turismo creciendo en un 48% del 2022 al 2023.

De momento, el estado de excepción fue ampliado el último 9 de marzo hasta el 10 de abril. “Dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad”, se justifica en la solicitud de ampliación.

Entrevista

Fernando Romero, periodista de investigación de la revista Factum

• Analizando tanto los resultados de esta guerra contra la delincuencia como las numerosas denuncias por violaciones a derechos que ha acumulado en su contra, ¿cómo calificaría estos dos años de estado de excepción en El Salvador? 

Exitoso si lo quiero ver de la forma más superficial posible. Pero esa es una lectura fácil, sin comprometerse y es la que más se difunde tanto dentro de El Salvador como fuera del país. Nadie en este país que ha vivido décadas de violencia estaría en contra de combatir a la delincuencia o de buscar un ambiente de paz social. La lectura más detenida de la situación, sin embargo, muestra que se ha cometido una barbaridad de ilegalidades que rayan en la criminalidad por parte de las autoridades. No puedes meter preso a un inocente y aquí se han dado esos casos. Hay personas que fueron apresadas sin tener relación con algún grupo delincuencial pero que por vivir en una zona catalogada como territorio de pandillas fueron fichadas automáticamente junto a sus familias. El gobierno dice que hasta el momento ha liberado a poco más de 7 mil personas que 'lastimosamente' se dieron una vacación de más de seis meses en la cárcel y que en el juzgado los fiscales admitieron que no tenían nada contra ellos. Esa gente perdió su trabajo porque nadie te espera tanto tiempo y menos si te acusan de ser un criminal. Muchas familias se desintegraron. Hay cerca de 250 personas inocentes que han muerto de forma violenta en las cárceles. El gobierno no responde a eso, da datos sin hacer mea culpa, solo dice que es parte de la lucha contra la criminalidad.  

• Un estado de excepción responde a situaciones muy específicas detalladas por la Constitución, ¿considera válido que esta figura se haya ampliado tanto o acaso refleja la incapacidad del gobierno por plantear políticas de Estado eficientes?

Lo que sugieres es totalmente correcto, gobernar consiste en diseñar planes para ejecutarlos y que las cosas marchen bien. Es la muestra más palpable de diseñar un verdadero plan de seguridad sin necesidad de recurrir a figuras que si bien son permitidas por la Constitución son para momentos de tremenda urgencia. Estuvimos en momentos de urgencia nacional, pero incluso las medidas de emergencia tienen su límite. La Constitución de El Salvador da 30 días para establecer los regímenes de excepción porque estos suprimen ciertos o todos los derechos de los habitantes con el fin de lograr la estabilidad y el orden en el territorio. Llevamos dos años y la Constitución indica que si la situación de emergencia nacional persiste es posible que el presidente a través del consejo de ministros solicite a la Asamblea Legislativa una sola prórroga de otros 30 días. Es decir, constitucionalmente, el máximo permitido por la ley salvadoreña son 60 días. Se supone que un gobierno eficiente y unas autoridades eficientes deberían poner en orden la situación en ese periodo. Esa limitación temporal se da justamente porque las personas no pueden vivir tranquilamente sin sus derechos. Acá tenemos restringidos tres derechos básicos, entre ellos el de la libre asociación de personas. Precisamente por ese espacio tan grande que se les ha dado a las autoridades para actuar es que se han cometido estos abusos que no tienen la finalidad de restaurar el orden perdido. 

• El gobierno de Bukele se defiende todas estas acusaciones asegurando que la población vive más tranquila que nunca y que así lo demostró con su reelección de febrero. ¿Qué opina de este argumento?

En la política el apoyo ciudadano es un argumento demasiado flojo cuando tienes a una sociedad lastimosamente tan mal informada. Creo en el poder del pueblo siempre y cuando esté bien informado porque un pueblo mal informado toma malas decisiones y puede apoyar causas erróneas. Tener mucha popularidad no va de la mano con que tengas la razón en cómo has manejado el tema de la seguridad cuando has dejado a muchas víctimas en el camino. Y no solo podría hablarte de seguridad. En la economía también hubo víctimas de muchos planes del gobierno, hay proyectos turísticos que han implicado desalojar a muchas personas para que se construyan complejos turísticos. Simplemente los desalojan a la fuerza. Nosotros tenemos una lista tremenda de gobernantes que fueron muy populares pero eran unos tiranos y dictadores. 

• Quienes apoyan a Bukele aseguran que los defensores de derechos humanos son, en realidad, defensores de los delincuentes y no de los ciudadanos. ¿Qué responde usted al respecto?

Son señalamientos sumamente peligrosos. Es un absurdo pensar que defender los derechos humanos es estar a favor de los delincuentes. Es peligrosísimo, mi única opinión es que es una falacia completa. Se tergiversa una idea, se inventa un aspecto negativo y se ataca ese aspecto. Eso se llama falacia del espantapájaros. Quién defendería a los delincuentes, ellos tienen que pagar por sus crímenes y entre más graves han sido las leyes están diseñadas para que sean castigados de forma más severa. Por eso existe gradualidad en los castigos penales. Todos estamos de acuerdo en que quien cometa un delito lo pague. Lo que se reclama en este caso son los 7.000 inocentes apresados sobre los que el gobierno no quiere hablar, sobre las redadas en las que se llevaban hasta a niños acusados de delincuentes o de los inocentes muertos en prisión.