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Cristiana Chamorro Barrios era voceada como una de las figuras de la oposición con más posibilidades de arrebatarle la presidencia al todopoderoso mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. Para evitar que esto sucediera en las elecciones de noviembre del 2021, el régimen decidió arrestarla.
El 2 de junio de ese año, la periodista de 68 años e hija del héroe asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la exvicepresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue recluida en su domicilio.
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Lo mismo sucedería con otros opositores que, así como Chamorro, intentaron postular a la presidencia. Se sumaba así un preso político más del régimen de Ortega.
Los últimos meses dieron pistas del futuro de Chamorro: otros en sus mismas condiciones eran condenados por “el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
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El 16 de febrero de este año, el periodista deportivo opositor Miguel Mendoza -”quien utilizaba sus redes sociales para criticar al Gobierno”- fue condenado a nueve años de prisión.
El 21 de febrero, Max Jerez, líder estudiantil opositor, fue condenado a 13 años de prisión por la misma razón. La Alianza Universitaria (AUN), que Jerez preside, denunció “una farsa judicial”.
Se discutía por entonces la salud de los presos políticos. Para evitarse problemas, el régimen optó por excarcelar a tres -”el exaspirante presidencial Arturo Cruz (77), el excanciller Francisco Aguirre (77) y el exvicecanciller José Pallais (68)”- y mandarlos a su casa por “razones humanitarias”.
Pero Chamorro no compartiría el mismo destino. El viernes 11 de marzo se la declaró culpable de “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.
Se concretaba así el plan de Ortega contra los opositores a su gestión. Lo escribe la agencia EFE: encarcelarlos previamente a las elecciones del 2021 y acusar, a la mayoría, de traición a la patria o lavado de dinero.
¿Lavado de dinero? El caso de Chamorro lo explica EFE:
“La Fiscalía acusó a Chamorro en su condición de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro con base en una denuncia del Ministerio de Gobernación”.
El medio agrega:
“Según Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, ‘incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero’”.
Y este lunes 21 la justicia de Nicaragua la condenó a ocho años de prisión.
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El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. AFP
/ Acosar y cercar
“La condena a Cristiana Chamorro es la consumación de la persecución de todo aquel que pretenda desafiar el poder la dictadura Ortega-Murillo, y un aviso de que cualquiera que siga este camino va a terminar de la misma manera”.
Las palabras son del periodista nicaragüense Maynor Salazar. Él baraja la opción de entender la condena de Chamorro como un castigo ejemplar: ella no solo venía de una familia ligada a la política, sino que, además, era la precandidata a la presidencia más popular entre el electorado.
Otro asunto queda en el aire: en cuestión de un mes, varios presos políticos fueron sentenciados, un período que se inició con la muerte de Hugo Torres, quien fuera uno de los líderes de la guerrilla sandinista durante los años 70 y terminó encarcelado por Ortega.
¿Habrá alguna relación entre el fallecimiento de Torres y las resoluciones exprés de los jueces?
“Es complicado saberlo, aunque es verdad que, hasta el año pasado, los procesos estaban atrasados y los jueces daban argumentos para interrumpirlos”.
“En todo caso, hay que recordar que, durante el discurso de autoproclamación de Ortega, él sostuvo que no iba a haber amnistía”.
Para Salazar, en todo caso, el efecto que causó la muerte de Torres se ve en la excarcelación de otros presos políticos. “Enviarlos a sus casas es la forma en la que el Gobierno busca quitarse la presión internacional”.
“Y lo disfrazan de humanismo”.
De lo que sí está seguro Salazar es de que el futuro seguirá siendo el mismo, sobre todo porque “no se vislumbra ningún tipo de plática o negociación” con la oposición.
“Incluso, no me extrañaría que, de un momento a otro, empiece la persecución contra algún opositor o defensor de los derechos humanos”.
Por el momento, la situación se sigue agravando. Cuenta Salazar que, la semana pasada, se cancelaron “otras 25 personerías jurídicas”, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa del Caribe.
“El régimen continúa cercando a organizaciones y líderes que simplemente no están en su corriente política. Ellos ven una amenaza en esas organizaciones o personas.”
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