La fachada de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), una de las nacionalizadas por el régimen de Daniel Ortega. (EFE/Jorge Torres).
La fachada de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), una de las nacionalizadas por el régimen de Daniel Ortega. (EFE/Jorge Torres).
Agencia EFE
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El Estado de tomó posesión este jueves de seis universidades privadas que fueron ilegalizadas por presuntos incumplimientos y que luego pasaron a manos estatales a petición del Gobierno del presidente .

Las nuevas autoridades universitarias fueron juramentadas en un acto solemne en la nueva Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), dirigido por el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), máxima autoridad de estudios superiores en Nicaragua.

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Junto con la directiva de la UNP fueron juramentados los dirigentes de la nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que absorbió a la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh).

También juraron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que antes del reclamo presidencial se llamaba Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y pertenecía a la Diócesis de Estelí (norte).

“Vamos a dedicar esta sesión ordinaria número cinco del 2022 al éxito de la Universidad Nacional Politécnica. También al éxito de la Universidad Nacional multidisciplinario Ricardo Morales Avilés y el éxito de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza”, afirmó la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, durante la toma de posesión.

La nacionalización de seis universidades tras la cancelación de la personalidad jurídica a 14 centros de estudios superiores, que afectó a más de 14.000 estudiantes, ha sido objeto de críticas desde el sector estudiantil, académico y de expertos en leyes, debido a los argumentos, el procedimiento y los resultados.

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) dijo que lo que busca el Estado es el “control político” de las universidades, y advirtió de “graves consecuencias” para la calidad de la educación.

Especialistas en leyes, como la abogada María Asunción Moreno, han señalado de ilegal la nacionalización porque la Constitución de Nicaragua defiende la autonomía de las universidades, cuyas propiedades “no pueden ser objeto de intervención ni expropiación”.

Los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento), compuesta por los sandinistas y sus aliados, argumentaron que tomaron la decisión ante una petición de emergencia del Ejecutivo porque las universidades no habían presentado sus estados financieros al Ministerio de Gobernación.

El rector de la extinta UFP, Adrián Meza, afirmó, desde el exilio, que antes de que su universidad fuera cancelada el Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus estados financieros en varias ocasiones.

Las universidades jugaron un papel relevante en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, ya que sus estudiantes lideraron las protestas que se hicieron masivas en toda Nicaragua y que fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron el menos 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200.

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