Activistas por el derecho al aborto se manifiestan en apoyo de los derechos de las mujeres el 16 de julio de 2022 en Santa Mónica, California. (Foto de RINGO CHIU / AFP)
Activistas por el derecho al aborto se manifiestan en apoyo de los derechos de las mujeres el 16 de julio de 2022 en Santa Mónica, California. (Foto de RINGO CHIU / AFP)
/ RINGO CHIU
Agencia AP

Un juez federal en determinó el miércoles que el estado no puede ejercer una prohibición estricta al en emergencias médicas debido a preocupaciones de que la medida sea una violación a una ley federal sobre atención de urgencias.

El fallo se produjo después de que otro juez federal en Texas tomó una determinación en sentido opuesto esta semana, prohibiéndole al gobierno federal aplicar una interpretación legal de la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia que requeriría que los hospitales del estado provean servicios de aborto en caso de que la salud o la vida de la madre esté en peligro.

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En Idaho, la prohibición estatal establece que llevar a cabo un aborto en cualquier “embarazo diagnosticable clínicamente” será un delito grave castigado con hasta cinco años de prisión. Buena parte de la ley del estado aún entrará en vigor el jueves, pero el juez de distrito B. Lynn Winmill determinó que el estado no puede procesar a nadie que realice un aborto en una situación de emergencia médica.

Eso es debido a que los abortos en esos casos parecen regirse por una ley federal de atención médica que requiere que los hospitales que reciben fondos del programa Medicare proporcionen “tratamiento estabilizador” a sus pacientes, dijo Winmill.

Ello incluye casos en los que la salud de una paciente embarazada esté en riesgo grave, y casos en los que continuar el embarazo podría resultar en un serio deterioro de las funciones corporales de una persona o en una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.

La suspensión en la aplicación de la medida en Idaho continuará hasta que se resuelva una demanda que impugna la prohibición, decretó el juez en su fallo por escrito.

El Departamento de Justicia federal demandó a Idaho —un estado de gobierno republicano— este mes con el argumento de que la prohibición al aborto programada para entrar en vigor el jueves viola la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA por sus iniciales en inglés). La ley del estado penaliza todos los abortos practicados en “embarazos diagnosticables clínicamente”, pero les permite a los médicos defenderse a sí mismos ante un tribunal argumentando que el procedimiento era necesario para evitar el fallecimiento de la madre.

El portavoz de la fiscalía general del estado, Scott Graf, dijo que la agencia no comentaría sobre el fallo debido a que el caso aún continúa su proceso en las cortes.

Winmill dijo que el caso no era sobre el derecho al aborto, sino sobre si la ley federal o la estatal tiene primacía en esta situación. El juez en el caso de Idaho señaló que estaba claro que la primacía era de la ley federal.

En Texas, un juez federal tomó la postura contraria. Texas había demandado el mes pasado al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a su titular, Xavier Becerra, argumentando que la EMTALA no requiere que los doctores administren servicios de aborto si ello incurriría en una violación a la ley estatal.

En su fallo de la noche del martes, el juez de distrito James Wesley Hendrix impidió temporalmente al gobierno federal aplicar la directriz en el estado, señalando que ello obligaría a los médicos a poner la salud de una persona embarazada por encima de la salud del feto o embrión, a pesar de que EMTALA “no dice nada sobre el aborto”.

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Realizar un aborto crea una “condición médica de emergencia” en el feto o embrión, escribió el juez.

”Debido a que el estatuto no hace mención de la cuestión, la directriz no puede responder cómo es que los médicos deben evaluar los riesgos de la madre y de su hijo no nacido”, señala la orden del juez. “Tampoco pueden crear un conflicto con la ley estatal donde no existe. Por lo tanto, la directriz es desautorizada”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que se encuentra en el proceso de revisar la decisión legal para determinar su siguiente paso.

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