Corte Suprema de EE.UU. parece inclinada a bloquear la estricta ley de aborto de Texas

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían inclinados el lunes a bloquear una ley de Texas que representa el mayor golpe al derecho al aborto en el país en casi 50 años.

Cuatro de los nueve miembros del máximo tribunal -el presidente de la Corte, John Roberts, y los tres jueces progresistas-, habían votado anteriormente para detener la aplicación de esta ley que, desde hace dos meses, ha limitado drásticamente el derecho de las texanas a interrumpir su embarazo.

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Dos jueces conservadores designados por el expresidente Donald Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, también parecían dispuestos, después de dos horas de argumentos orales, a votar para congelar la nueva normativa, que, de manera novedosa, delega la aplicación de la ley a los ciudadanos comunes.

“Parece que seis jueces son escépticos del sistema de justicieros creado por Texas”, tuiteó durante la audiencia Neal Katyal, quien fue fiscal general adjunto durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

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La ley aprobada en mayo por los legisladores republicanos de Texas prohíbe el aborto tan pronto como se perciban los latidos del corazón del embrión, o sea, en torno a las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres no saben que aún están embarazadas. La prohibición rige incluso en caso de incesto o violación.

Una docena de otros estados han adoptado leyes similares, pero todas han sido declaradas inválidas en los tribunales porque violan la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ésta reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a tener un aborto y especificó en 1992 que se aplica siempre que el feto no sea viable fuera del útero, es decir, alrededor de las 22 semanas de embarazo.

“Bono por denunciar”

Texas, un verdadero laboratorio de las ideas más conservadoras, ha ideado sin embargo un nuevo dispositivo que complica la intervención de la justicia federal.

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La ley texana confía a los ciudadanos “exclusivamente” la tarea de hacer cumplir esta prohibición, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a tener abortos más allá de las seis semanas.

En caso de victoria en los tribunales, estos ciudadanos obtendrán una indemnización de 10.000 dólares, establece la ley. Sus detractores lo ven como un “bono por denunciar”.

Hace dos meses, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales para negarse, por una estrecha mayoría de 5-4, a bloquear la entrada en vigor de la ley el 1 de septiembre.

Su inacción, vista como una señal de la influencia de los tres magistrados designados por Trump, había sido fuertemente criticada por la izquierda. El presidente demócrata Joe Biden criticó entonces una decisión que “insulta el Estado de derecho”.

Desde entonces, la batalla legal se ha intensificado con la intervención del gobierno federal y sentencias judiciales contradictorias, por lo que la Corte Suprema finalmente ha decidido dedicar una audiencia al caso.

“Algunos genios”

El lunes, reflejando las divisiones en la sociedad estadounidense sobre el aborto, manifestantes de ambos lados se reunieron en Washington frente a la sede de la Corte, portando pancartas con mensajes irreconciliables: “El aborto es esencial” o “Deja latir sus corazones”.

En el edificio de mármol blanco, los nueve jueces no discutían este derecho sino solo el mecanismo legal creado por Texas.

La magistrada progresista Elena Kagan cuestionó que “algunos genios” hayan inventado este dispositivo como una forma de “evadir” el principio de que “los estados no deben anular los derechos constitucionales federales”.

El conservador Kavanaugh estaba preocupado “por las implicaciones para otros derechos constitucionales”. Por ejemplo, preguntó, ¿podría haber “una ley que permita reclamar millones de dólares a cualquiera que posea un rifle AR-15?”.

Su colega Barrett destacó por su parte que la ley no podía ser bloqueada a nivel de los tribunales estatales, cortando el argumento de los otros tres conservadores que parecían querer apoyarse en la justicia local.

La Corte Suprema podría por lo tanto dar la razón a las organizaciones de planificación familiar, que le piden que bloquee la ley.

Sin embargo, el alto tribunal parecía más escéptico ante una apelación presentada por la administración Biden, que también le pide que bloquee la ley pero con diferentes argumentos legales. Varios magistrados han sugerido que no quieren permitir que el gobierno federal invada la soberanía de los estados.

Su decisión debería publicarse pronto.

Cualquiera sea el resultado de esta audiencia, la batalla no terminará aquí: la Corte Suprema debe examinar el 1 de diciembre una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo.

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