Álex Saab dijo en una audiencia en EE.UU. que Maduro tiene amenazada a su familia: “Habrá represalias”

Un empresario colombiano al que Estados Unidos acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro se convirtió en 2018 en colaborador de la DEA y en una “fuente activa” de información sobre los sobornos que pagó a funcionarios de Venezuela, de acuerdo con documentos que se hicieron públicos el miércoles.

Alex Saab, quien está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Maduro, giró más de 10 millones de dólares que obtuvo a través de esas operaciones a la Administración de Control de Drogas (más conocida como DEA) como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses que incluyó numerosas reuniones con agentes y fiscales en Colombia y en Europa.

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Sin embargo, Estados Unidos dejó de considerarlo colaborador después de que Saab incumplió en el plazo del 30 de mayo de 2019 que le habían fijado para entregarse y enfrentar acusaciones en Florida, según los fiscales.

La información fue revelada tras una acalorada audiencia en los tribunales federales, en la que la defensa de Saab le rogó al juez Robert Scola que mantuviera en secreto esa información porque la seguridad física de la familia de Saab en Venezuela podría ponerse en riesgo si el gobierno de Maduro la conocía.

MIRA: Álex Saab, el supuesto mayor testaferro de Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

“Si el gobierno venezolano se entera del alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos”, dijo el abogado Neil Schuster. “Creo que creará una situación en la que su familia será encarcelada, dañada, o dañada físicamente”.

Las autoridades estadounidenses han presentado a Saab como un estrecho colaborador de Maduro que se benefició con contratos multimillonarios tras pagar sobornos. Venezuela, en cambio, sostiene que Saab era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.

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La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Saab, de 49 años, se declaró inocente en noviembre y sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad. Permanece detenido en una prisión federal de Miami.

El empresario llegó a la audiencia esposado y con grilletes, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla. Lucía serio, con su cabello entrecano prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete y no hizo declaraciones.

El juez ordenó al público salir brevemente de la sala mientras las dos partes discutían sobre si hacer públicos o no dos documentos que habían presentado los fiscales hace un año, cuando Saab trataba de impedir su extradición desde Cabo Verde. Los documentos, que el juez finalmente ordenó se hicieran públicos, incluyen detalles de su cooperación con la DEA y el Departamento de Justicia.

Mientras el público permanecía afuera, Schuster pidió al juez que Saab saliera en libertad condicional bajo fianza a raíz de la cooperación con el gobierno estadounidense. Sin embargo, Scola rechazó la solicitud mencionando entre otras cosas los intentos de Saab de evitar su extradición, según una transcripción completa de la audiencia que incluye esa parte en la que el público no pudo estar en la sala.

El juez fijó también como fecha preliminar del juicio la semana del 11 de octubre.

Al presentar los documentos hace un año, la fiscalía pidió que fueran secretos debido a que en ese momento pensaba que sería riesgoso para él y su familia que en Venezuela se conocieran los detalles de la colaboración. El miércoles, sin embargo, los fiscales dijeron que ya era hora de hacerlos públicos, con lo que el juez coincidió al considerar que no pueden permanecer ocultos indefinidamente.

De acuerdo con esos documentos, Saab se reunió varias veces con agentes de la DEA y fiscales estadounidenses, entre agosto de 2016 y junio de 2019, y en 2018 firmó el acuerdo de cooperación con la DEA. A raíz de ese pacto se comunicaba por teléfono, texto y mensajes de voz con los agentes, e incluso ofrecía información de manera proactiva.

En las reuniones Saab informaba a los funcionarios sobre compañías suyas que tenían contratos con el gobierno venezolano para construir viviendas económicas, incluyendo información sobre cómo esas empresas recibían los pagos y qué sucedía con el dinero después de que recibían los fondos, según los documentos.

En otra reunión, en junio de 2018, Saab admitió que pagó sobornos relacionados con contratos de suministros de alimentos, indican los documentos.

Sin embargo, otro de los abogados de Saab que busca que una corte de apelaciones de Atlanta falle en favor de la inmunidad diplomática, negó todo tipo de cooperación.

“El único propósito” de las reuniones que Saab mantuvo con funcionarios estadounidenses fue el de “confirmar que ni él ni ninguna empresa relacionada con él habían hecho nada incorrecto”, expresó el abogado David B. Rivkin en una declaración escrita.

La esposa del empresario, Camilla Fabri, mientras tanto, dijo en su cuenta de Twitter que “EE.UU. miente descaradamente, como con Rusia e Irak”, y que Saab “jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará”.

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