El empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro, se presentó por primera vez ante un tribunal estadounidense, luego de que el sábado fuese extraditado desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio del 2020.
Durante la audiencia celebrada este lunes en el tribunal del Distrito Sur de Florida, Saab apareció a través de una videollamada y estaba vestido con el característico mono color naranja que llevan los detenidos en dicho país.
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El juez federal John J. O’Sullivan negó que Saab pudiese salir en libertad bajo fianza y acordó una próxima audiencia para el 1 de noviembre, además de notificarle al empresario que la justicia estadounidense le había designado al abogado Henry Bell para liderar su defensa.
O’Sullivan no será el juez encargado del caso, pues esta función recaerá sobre el magistrado Charles N. Scola.
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Un comunicado difundido hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que en contra de Saab, de 49 años, pesan 8 cargos por conspiración para lavar dinero y otros 7 por lavado de dinero. En el mismo caso ha sido acusado otro ciudadano colombiano llamado Alvaro Pulido Vargas, quien operaba bajo el alias de German Enrique Rubio Salas, de 55 años.
¿POR QUÉ ES JUZGADO EN EE.UU.?
Los cargos contra Saab y Pulido pesan desde julio del 2019, cuando la justicia estadounidense los acusó de haber lavado 350 millones de dólares obtenidos en Venezuela.
Tras ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso diversas sanciones contra los empresarios, incluido el congelamiento de sus cuentas en territorio estadounidense.
Según la acusación, Saab habría amasado una fortuna aprovechando el sistema de control cambiario en Venezuela y elaborando una red de empresas esparcidas por Turquía, Panamá, Colombia, México y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre sus prácticas, Saab se habría aprovechado de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del chavismo con los que aseguran entregar canastas de productos básicos a los ciudadanos más pobres, pero en los que habrían cometido adjudicaciones fraudulentas de contratos, compras con sobreprecios y la adquisición de varios productos en mala calidad, según investigaciones de la prensa venezolana que denuncian dicha situación desde el 2017.
Para lavar el dinero obtenido de estas operaciones y enviarlo a la red de empresas fantasmas montada internacionalmente, Saab habría usado al sistema financiero estadounidense. Es por ello que tras ser capturado en Cabo Verde, la justicia del país norteamericano solicitó su extradición.
“Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre del 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Luego, los acusados y sus co-conspiradores aprovecharon el tipo de cambio controlado por el Gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios del gobierno venezolano para aprobar esos documentos. La acusación formal alega que la actividad ilícita fue un esquema de soborno que violó la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) e involucró delitos de soborno contra Venezuela. También alega que las reuniones para promover el pago del soborno ocurrieron en Miami y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida”, señala el documento del Departamento de Justicia.
¿QUÉ PENA PODRÍA RECIBIR?
Las acusaciones en contra de Saab giran en torno a un delito principal: el lavado de dinero.
Este delito consiste en ocultar la fuente de la que provienen los fondos, pues podría considerarse ilegal. Tras ello, el dinero es redirigido a fuentes legítimas que ayudan a ocultar la operación. La legislación vigente en el estado de Florida condena este tipo de delitos, detallando las sanciones en el estatuto 896.101.
“La multa real depende del valor de las transacciones financieras involucradas y la gravedad de los cargos contra el acusado. Para transacciones financieras que sean de más de US$300 pero menos de US$20.000, el delito se considera un delito grave de tercer grado. Esto conlleva a una pena máxima de cinco años de prisión. Es un delito grave de segundo grado si el valor está entre los US$20.000 y los US$100.000. Este delito conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión. Un delito grave de primer grado es cuando las transacciones financieras involucradas están valorizadas en más de US$100.000. Esto conlleva a una pena máxima de 30 años de prisión”, detalla el portal legal estadounidense HG.org.
Para este tipo de casos, en los que se presume que el acusado pertenece a una red aún más grande, las autoridades suelen ofrecer una opción con la que reducir las condenas. Esta opción es conocida como la del colaborador eficaz.
Sin embargo, una carta que habría sido escrita por Saab y leída por su esposa Camila Fabri este domingo parece echar por tierra dicha opción, pues en ella el empresario asegura que no tiene “nada que colaborar” con Estados Unidos.
“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”, señala la misiva escrita antes de su extradición, según Fabri.
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