5 efectos que tienen los juicios a Trump en las elecciones de Estados Unidos 2024

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Al igual que en las otras dos inculpaciones penales que han sido presentadas contra él este año, el millonario de 77 años se declaró no culpable de los cuatro cargos por los que está acusado. Tras ello, la magistrada fijó para el 28 de agosto la siguiente audiencia.

Fiel a su costumbre, antes de llegar al tribunal federal E. Barrett Prettyman en Washington DC, el magnate neoyorquino utilizó su red social Truth Social para arremeter contra sus principales rivales políticos, el actual presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. “Los demócratas no quieren competir contra mí, de lo contrario no recurrirían a esta instrumentalización sin precedentes de la ‘Justicia’. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno”, escribió en una de las muchas publicaciones que lanzó a través de sus redes sociales durante la mañana del jueves.

Este proceso, especialmente grave porque investiga delitos que habría cometido Trump mientras ejercía el cargo de presidente, podría enviarlo a prisión por un máximo de 55 años. Pero, incluso si no llega a ser condenado, los efectos de este y el resto de casos contra Tump ya juegan un papel protagónico en los comicios presidenciales previstos para el 2024.

En 1974, cuando Richard Nixon intentó instrumentalizar a la CIA y al FBI para eludir las investigaciones del Senado de Estados Unidos y las órdenes de la Corte Suprema de revelar las grabaciones que se habían realizado durante el escándalo Watergate, los 10 republicanos que formaban parte del Comité Judicial del Congreso que investigaba el caso cambiaron su voto a favor del impeachment, el senador Barry Goldwater le expresó al entonces presidente que los republicanos del Senado tampoco lo apoyarían y apenas el 20% de votantes del Gran Partido Viejo (GOP, por sus siglas en inglés) a nivel nacional aseguraron seguir apoyándolo. Todo esto llevó a que Nixon renuncie a la presidencia.

El 19 de diciembre de 1998, la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente demócrata Bill Clinton. Entre los votos que apoyaron la moción figuraron cinco miembros de su propio partido. Según testimonios de los propios legisladores, el voto en contra del entonces mandatario no acarreó ningún tipo de presión en su contra ni les produjo consecuencias partidarias.

Una situación totalmente distinta se vive actualmente en la tienda republicana con quien se atreva a cuestionar al todopoderoso Trump. El ejemplo más claro es el de los 10 congresistas que en su momento votaron a favor de iniciar un juicio político contra el expresidente por su papel durante el asalto al Capitolio.

La congresista Liz Cheney, por ejemplo, perdió su candidatura a la reelección por Wyoming frente a Harriet Hageman, quien apoya la teoría del fraude impulsada por Trump. Anthony González prefirió abandonar el “ambiente político tóxico” que se vive dentro del Partido Republicano. El abogado Tom Rice denunció haber recibido amenazas de muerte tras haber votado en contra del magnate neoyorquino. Peter Meijer cayó en las primarias ante el conspiracionista John Gibbs. Y así sucesivamente.

Por otro lado, es aún incierto el efecto que tantos líos judiciales pueden tener sobre las aspiraciones que mantiene Trump de volver a la Casa Blanca. Una reciente encuesta de The New York Times mantiene al millonario como el favorito para la nominación republicana con casi 40 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el gobernador de Florida Ron DeSantis.

Y si bien otro sondeo realizado por Reuters/Ipsos publicado el jueves revela que el 45% de republicanos no votaría por Trump si es condenado por un delito grave, el mismo estudio muestra que el 75% cree que los cargos en su contra están “políticamente motivados”.

“Creo que el Partido Republicano ha decidido que es preferible seguir al expresidente Trump antes que defender a la democracia. Es un comportamiento lamentable, pero el deterioro de la democracia de este país en gran parte se debe a ese comportamiento irresponsable del otrora GOP”, comenta a El Comercio la politóloga María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Orlando.

En septiembre del 2019, el aún presidente Trump decidió cambiar su registro domiciliario de Manhattan a Palm Beach, Florida, en medio de una polémica con las autoridades de la ciudad, el estado y el fiscal distrital de Manhattan por la poca claridad que mantenía sobre el pago de sus impuestos durante los casi 40 años que mantuvo la Torre Trump como su domicilio principal.

Lo que en ese momento parecía una astuta jugada financiera, sin embargo, hoy podría traerle más de un dolor de cabeza electoral. Según la ley de Florida, los condenados por delitos graves pierden el derecho al voto hasta que cumplan su sentencia en prisión o sean ordenados a cumplir libertad condicional o supervisada.

Esto se consiguió gracias a una consulta popular celebrada en el 2018, donde la mayoría de ciudadanos votó a favor de facilitar las vías para que el derecho al voto sea restaurado a quienes cumplieron con su condena. Curiosamente, durante esa votación los republicanos hicieron campaña por endurecer los requisitos para quien desee recuperar el derecho al voto.

“Si es condenado antes de las elecciones, no podría votar. Pero si es sentenciado y luego gana, no está claro lo que pueda ocurrir. Lo más probable es que hasta allí lleguen los casos federales, pues podría ordenarle al Departamento de Justicia que desestime los cargos mientras apela su sentencia. También cabe la posibilidad de que intervenga la Corte Suprema, de manera que estamos realmente en territorio desconocido, pues la Constitución no hace referencia a una situación como esta”, comenta Puerta.

Los innumerables líos judiciales que Trump acumula a sus espaldas serán indudablemente protagonistas de todo el circuito electoral hasta la votación presidencial del 2024.

El 23 de agosto será el primer debate republicano y solo cinco días más tarde Trump deberá volver a presentarse ante el juzgado de Washington DC para la segunda audiencia sobre la presunta interferencia en el proceso del 2020.

El 2 de octubre, el expresidente volverá a estar en un tribunal, pero esta vez en Nueva York, donde iniciará el juicio contra él, dos de sus hijos y la Trump Organization por una denuncia de fraude.

El 15 de enero del 2024, mientras se celebra el caucus de Iowa -la primera votación de las primarias partidarias- Trump tendrá que presentarse en una corte de Manhattan para participar del segundo juicio por las acusaciones de la columnista E. Jean Carroll.

El 29 de enero comenzará el juicio por una demanda colectiva contra Trump y su compañía por promover un esquema piramidal y menos de una semana más tarde en Nevada votarán por su candidato partidario.

El 5 de marzo se producirá el primer Súper Martes, pero poco tiempo tendrá Trump para celebrar los resultados o replantear su campaña pues 20 días después deberá asistir al inicio del juicio por el presunto soborno a Stormy Daniels a cambio de su silencio, en el que enfrenta 34 cargos.

El 20 de mayo, por otro lado, empezará el proceso por manipulación indebida de material clasificado, respecto a los documentos encontrados en la residencia de Mar-a-Lago.

A todo esto habrá que sumarle el caso que se abrirá contra el presidente luego de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, Fani Willis, presente una acusación en su contra por intentar interferir en los resultados electorales en dicho estado durante los comicios del 2020.

Willis ha adelantado que el caso estará en la corte antes del 1 de septiembre.

Es decir, y tomando en cuenta que la Convención Republicana en la que se anuncia al nominado del partido para las presidenciales se realizará del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Trump habrá pasado al menos todas las elecciones primarias de tribunal en tribunal debido a las investigaciones en su contra.

Una de las preguntas más repetidas de los últimos días es si Trump podría seguir siendo candidato o, incluso, ser electo presidente si es encontrado culpable y condenado durante alguno de los procesos en su contra.

La respuesta en corto es que técnicamente sí. La Constitución estadounidense pone como requisito ser ciudadano estadounidense de nacimiento, residir durante al menos 14 años en el país y tener más de 35 años. En ninguna parte restringe la candidatura a un convicto.

Desde el punto de vista pragmático, sin embargo, es poco probable que un veredicto en contra deje a Trump con opciones reales de tentar la presidencia.

“Técnicamente, la Constitución no excluye a los condenados o presos para ser electos como presidentes. Sin embargo, para ganar la presidencia de Estados Unidos los republicanos necesitan dos cosas. Una es que un tercer candidato, en este caso Cornel West, postule, porque eso le quitará apoyo de los jóvenes y las minorías a Biden. Pero la más importante es el voto independiente, ningún partido puede ganar sin su apoyo. Lo que le ha pasado a Trump sí ha repercutido en la opinión de los independientes, antes Biden tenía una ligera ventaja pero ahora sí es definitiva. Si lo llegan a condenar sería imposible que los republicanos ganen la presidencia con un candidato así”, explicó hace unos días a El Comercio el analista político y catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Octavio Pescador.

Sin embargo, un escenario en el que un convicto postula a la presidencia no sería inédita en la historia estadounidense.

Un ejemplo reciente es el de Lyndon LaRouche, condenado en 1988 por conspirar para defraudar a los servicios fiscales y postales, que se presentó como candidato en diferentes oportunidades entre 1976 y el 2004.

Eugene Debs fue el candidato presidencial del Partido Socialista para las elecciones de 1920 pese a estar cumpliendo una condena en la prisión federal de Alabama por violar la Ley de Espionaje al haber brindado un discurso contra la guerra.

En el 2008, el senador republicano por Alaska, Ted Stevens, tentó la reelección al cargo pese a haber sido condenado por siete delitos graves de corrupción tan solo un mes antes de la elección. Finalmente el demócrata Mark Begich fue electo para el cargo, pero solo por haber superado en votos a Stevens tras un ajustado recuento de papeletas.

Cabe resaltar, sin embargo, que tanto el Senado como el Congreso tienen mecanismos para expulsar tanto a legisladores como a presidentes que sean considerados inadecuados para el cargo. Una condena criminal, claramente, sería una razón válida para impulsar una votación de este tipo.

Lo cierto es que no hay una respuesta contundente a esta pregunta.

Por un lado, quienes defienden la teoría de que Trump puede autoindultarse, se apoyan en que la Constitución no prohíbe explícitamente que un presidente lo haga.

“Sí, esa es una posibilidad, aunque también es de esperar que la Corte Suprema tenga que intervenir, pues se trata de algo no previsto por la Constitución”, explica Puerta.

Por otro lado, están quienes argumentan que la Constitución utiliza el verbo “grant” que al español se podría traducir como “conceder” y cuyo significado más aceptado implica el acto de otorgar algo a otra persona. Basándose en el origen de la figura del indulto, para lo cuál hay que remontarse hasta la antigua monarquía británica, este considerado un acto de misericordia hacia otra persona.