El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este jueves a Christopher Vialva, un hombre que fue condenado a muerte por el asesinato en 1999 de un matrimonio de religiosos en Texas.
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A Vialva, un afroamericano de 40 años, le declararon muerto a las 18.46 hora local (22.46 GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana), según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).
La de Vialva fue la séptima ejecución ordenada por el Gobierno de Donald Trump desde julio, las primeras en casi dos décadas dentro del sistema federal.
En junio de 1999, Todd y Stacie Bagley, un matrimonio de predicadores de Iowa y las víctimas en este caso, habían viajado a Texas para un evento religioso cuando se toparon con Vialva y su grupo de amigos.
Estos aprovecharon que los Bagley habían parado para usar una cabina telefónica para pedirles hacer autoestop.
Una vez dentro del vehículo, los jóvenes redujeron a los Bagley y los encerraron en el maletero mientras recorrían cajeros automáticos tratando de extraer dinero de sus tarjetas de crédito y de empeñar el anillo de matrimonio de Stacie.
De acuerdo a documentos del Departamento de Justicia, estando en el maletero encerrados, “la pareja habló con sus secuestradores sobre Dios y suplicó por sus vidas”.
Pero en un punto los jóvenes decidieron acabar con sus vidas: primero Vialva abrió el maletero y les disparó, y luego prendió fuego al vehículo. Según la acusación, Stacie Bagley seguía viva cuando Vialva incendió el vehículo.
Dado que los asesinatos ocurrieron dentro de los dominios de la base militar de Fort Hood, en Texas, fue el sistema federal de Justicia el que asumió los casos de Vialva y sus cómplices.
Además de Vialva, fue condenado a muerte Brandon Bernard, quien sigue en el corredor de la muerte a la espera de ser ejecutado. Otros cuatro hombres que en el momento de los hechos eran menores de edad llegaron a acuerdos con los fiscales.
La de Vialva fue la decimocuarta ejecución del año en Estados Unidos, siete federales y siete estatales. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, 1.526 presos han sido ejecutados en el país, tan solo diez de ellos a manos del Gobierno federal.
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