Este año, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) cumplió 10 años desde su creación. Y al igual que cuando fue lanzado por el entonces presidente Barack Obama, el programa migratorio se mantiene en medio de una turbulenta disputa entre quienes lo apoyan y quienes piden que sea levantado.
Con la llegada de su sucesor, el republicano Donald Trump, la continuidad de DACA se vio amenazada en innumerables ocasiones. La última de ellas se resolvió en junio del 2020, cuando la Corte Suprema ordenó revertir una decisión presidencial adoptada en el 2017 que parecía poner fin al programa.
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Sin embargo, un año después, con el demócrata Joe Biden ocupando la Casa Blanca, un nuevo obstáculo se presentó para los “soñadores” o “dreamers”, como se le conoce a los jóvenes que se vieron beneficiados por el programa.
En julio del 2021, el juez federal del estado de Texas, Andrew Hanen, declaró “ilegal” al programa DACA, en respuesta a una demanda encabezada por el fiscal general del mismo estado y apoyada por representantes de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
El mismo Hanen, sin embargo, señaló que el Gobierno podría seguir atendiendo a las solicitudes de renovación que se presentan con DACA (y expiran cada dos años), pero no recibir nuevas solicitudes. De esta forma, miles de jóvenes que llegaron al país como migrantes irregulares antes de cumplir los 16 años veían esfumarse la esperanza de obtener la ciudadanía o poder trabajar luego de graduarse.
El Departamento de Estado, representantes de Nueva Jersey y de una serie de organizaciones civiles apelaron a la sentencia, por lo que en julio de este año el caso llegó a la 5ta Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, donde un panel de tres jueces se encuentra debatiendo sobre el veredicto, el mismo que se espera conocer en las próximas semanas.
La incertidumbre impera por estos tiempos, pues no se ha adelantado la postura de los magistrados al respecto. Sin embargo, lo cierto es el enorme impacto que una decisión así tendría tanto en la economía como en la sociedad estadounidense.
Actualmente hay unas 611.470 personas que se ven beneficiadas por el programa DACA en Estados Unidos, según las últimas cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de dicho país. La eliminación del programa provocaría que cientos de miles de personas queden desempleadas, a un ritmo de 22 mil trabajadores despedidos por mes, según un informe realizado por el grupo que aboga por los derechos de los migrantes FWD.us citado por la agencia EFE.
Si el beneficio migratorio fuera retirado, EE.UU. vería un “impacto inmediato en su economía y en el mercado laboral”, advirtió al respecto el demógrafo Phillip Connor, autor del informe.
El estudio también señala que el impacto no solo será sufrido por los “soñadores”, sino también por sus familias. Miles de personas en todo el país tendrán a un familiar cercano en riesgo de ser deportado, asegura el informe.
En la siguiente infografía elaborada por El Comercio podrá conocer más detalles sobre el programa DACA, a quiénes beneficia y quiénes se verían perjudicados ante su eventual eliminación.