Derek Chauvin, condenado por el asesinato de George Floyd, es apuñalado en prisión y está grave

Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis condenado por asesinar a George Floyd, fue apuñalado por otro recluso el viernes en una prisión federal en Arizona y está gravemente herido, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

El ataque ocurrió en la Institución Correccional Federal de Tucson, una prisión de seguridad media que ha estado plagada de fallos de seguridad y escasez de personal. La persona no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles del ataque y habló con la AP bajo condición de anonimato.

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La Oficina de Prisiones confirmó que una persona encarcelada fue agredida en FCI Tucson alrededor de las 12:30 pm hora local del viernes. En un comunicado, la agencia dijo que los empleados que respondieron contuvieron el incidente y tomaron “medidas para salvar vidas” antes de que el recluso, cuyo nombre no fue identificado, fuera llevado a un hospital para recibir tratamiento y evaluación adicionales.

Ningún empleado resultó herido y se notificó al FBI, dijo la Oficina de Prisiones. Se han suspendido las visitas al centro, que tiene unos 380 reclusos.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios a los abogados de Chauvin y al FBI.

El apuñalamiento de Chauvin es el segundo ataque de alto perfil contra un prisionero federal en los últimos cinco meses. En julio, el médico deportivo Larry Nassar, caído en desgracia, fue apuñalado por un compañero de prisión en una penitenciaría federal de Florida.

También es el segundo incidente importante en la prisión federal de Tucson en poco más de un año. En noviembre de 2022, un recluso del campo penitenciario de baja seguridad de la instalación sacó un arma e intentó dispararle a un visitante en la cabeza. El arma, que el recluso no debería haber tenido, falló y nadie resultó herido.

Chauvin, de 47 años, fue enviado a FCI Tucson desde una prisión estatal de máxima seguridad de Minnesota en agosto de 2022 para cumplir simultáneamente una sentencia federal de 21 años por violar los derechos civiles de Floyd y una sentencia estatal de 22 años y medio por asesinato en segundo grado.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, había abogado por mantenerlo alejado de la población general y de otros reclusos, anticipando que sería un objetivo. En Minnesota, Chauvin estuvo principalmente recluido en régimen de aislamiento “en gran parte para su propia protección”, escribió Nelson en documentos judiciales el año pasado.

La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Chauvin contra su condena por asesinato. Por otra parte, Chauvin está haciendo un intento arriesgado de revocar su declaración federal de culpabilidad, alegando que nuevas pruebas muestran que él no causó la muerte de Floyd.

Floyd, que era negro, murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin, que es blanco, le presionara el cuello con una rodilla durante nueve minutos y medio en la calle, frente a una tienda de conveniencia donde se sospechaba que Floyd intentaba pasar un billete falso de 20 dólares.

El video de un transeúnte capturó los gritos desvanecidos de Floyd de “No puedo respirar”. Su muerte desató protestas en todo el mundo, algunas de las cuales se tornaron violentas y obligaron a un ajuste de cuentas a nivel nacional con la brutalidad policial y el racismo.

Otros tres ex oficiales que estaban en el lugar recibieron sentencias estatales y federales menores por su papel en la muerte de Floyd.

El apuñalamiento de Chauvin se produce cuando la Oficina Federal de Prisiones se ha enfrentado a un mayor escrutinio en los últimos años tras el suicidio en la cárcel del rico financiero Jeffrey Epstein en 2019. Es otro ejemplo de la incapacidad de la agencia para mantener seguros incluso a sus prisioneros de más alto perfil después del apuñalamiento de Nassar y del suicidio de “Unabomber” Ted Kaczynski en un centro médico federal en junio.

Una investigación en curso de la AP ha descubierto fallas profundas, no reportadas anteriormente, dentro de la Oficina de Prisiones, la agencia policial más grande del Departamento de Justicia con más de 30.000 empleados, 158.000 reclusos y un presupuesto anual de alrededor de 8.000 millones de dólares.

Los informes de AP han revelado abusos sexuales desenfrenados y otras conductas criminales por parte del personal, docenas de fugas , violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que ha obstaculizado las respuestas a emergencias , incluidas agresiones y suicidios de reclusos.

La directora de la Oficina de Prisiones, Colette Peters, fue contratada el año pasado para reformar la agencia plagada de crisis. Prometió cambiar las prácticas de contratación arcaicas y aportar nueva transparencia, al tiempo que enfatizó que la misión de la agencia es “hacer buenos vecinos, no buenos reclusos”.

Al testificar ante el Comité Judicial del Senado en septiembre, Peters promocionó las medidas que había tomado para reformar las prisiones problemáticas y reforzar las investigaciones de asuntos internos. Este mes, dijo a un subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes que la contratación había mejorado y que las nuevas contrataciones estaban superando las jubilaciones y otras salidas.

Pero Peters también ha irritado a los legisladores que dijeron que ella incumplió su promesa de ser sincera y abierta con ellos. En septiembre, los senadores la reprendieron por obligarlos a esperar más de un año para obtener respuestas a preguntas escritas y por afirmar que no podía responder preguntas básicas sobre las operaciones de la agencia , como cuántos oficiales penitenciarios hay en el personal.