Donald Trump dejó la Casa Blanca hace un año, pero parte de la Casa Blanca se quedó con él. En medio de las investigaciones judiciales sobre los negocios de él y su familia en Nueva York, hace una semana fueron retiradas de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, 15 cajas con documentos presidenciales, que incluía una carta del líder norcoreano Kim Jong-un, además de varios papeles considerados secretos.
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Todo ese material debía ser entregado al término de su mandato a los Archivos Nacionales, que se encargan de registrar todo papel o comunicación concerniente a la presidencia de Estados Unidos, para que no se escape ningún detalle de cada una de las acciones de los mandatarios, en una rigurosa tarea de enmarcar la memoria histórica del país. Pero Trump, contraviniendo la ley, decidió llevárselos a Florida.
El escándalo ya motivó que una comisión legislativa emprenda una investigación sobre el manejo de los archivos de la Casa Blanca durante la administración Trump.
Aunque el expresidente ha dicho que no tenía ninguna obligación de entregar ningún material de la Casa Blanca, una ley de 1978 -que se aprobó después del escándalo Watergate- establece que todo presidente estadounidense debe transmitir todas sus cartas, correos electrónicos y comunicaciones de trabajo a los archivos.
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El asunto no es menor, y más aún ahora que se investiga al detalle los sucesos del 6 de enero del 2021, cuando una turba proTrump irrumpió en el Capitolio y se trata de establecer responsabilidades, pues hay vacíos en documentos oficiales y en el registro de correos y llamadas telefónicas.
“Un presidente de los Estados Unidos está expuesto constantemente al escrutinio que va más allá de las medidas legales que se exigen. Por ejemplo, cuando Trump se negó a ofrecer públicamente su historial de impuestos fue algo impensable, pues en este país se confía mucho en la palabra”, comenta a El Comercio la politóloga María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College, de Orlando.
La falta de apego de Trump a las normas es conocido pues él impuso su personalidad y su estilo a la presidencia, algo que fue muy criticado por la mitad del país, pero muy celebrado por la otra, que constituyen hasta hoy su base fiel. Por eso, cuando argumentó, sin mayor base, que hubo fraude en las elecciones del 2020, inoculó la desconfianza en un sistema electoral que nunca había sido objeto de dudas.
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“Trump viene de un mundo donde no estaba acostumbrado a las reglas de juegos y a limitaciones. Él trasladó sus costumbres oscuras de empresario al espacio de la Casa Blanca, donde todas las acciones y decisiones debe ser transparentes”, agrega.
“Estamos hablando de que se llevó documentos violando la ley, y eso está perfectamente establecido. Él sabía lo que estaba haciendo al llevarse esa documentación”, señala Puerta Riera
Por el inodoro
Pero el escándalo de las cajas va más allá. Maggie Haberman, la periodista del “New York Times” que ha cubierto al detalle la presidencia de Trump, cuenta en el libro “Confidence man”, a publicarse próximamente, que el personal de la Casa Blanca encontraba regularmente documentos atascados en el inodoro del expresidente, así como otros fajos de papel impreso aglomerado y húmedo, en una supuesta muestra de que quería deshacerse de ellos.
El diario “The Washington Post” también reveló que Trump “hacía trizas” documentos supuestamente confidenciales, mientras que los Archivos Nacionales han hallado papeles pegados con cinta adhesiva. Además, el expresidente no usaba correo electrónico y no quería que sus colaboradores más cercanos escribieran en notas de papel mientras estaban en la Casa Blanca.
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“Esta revelación no solamente le hace daño a la imagen de Estados Unidos, sino a la confianza que se tiene en una institución como la presidencia. Y esto contribuye a alimentar la percepción de que la democracia estadounidense está seriamente lesionada”, opina Puerta Riera.
“Lo más grave de esto es el legado de una ruptura institucional tremenda, pero también un problema de corrupción moral muy difícil de ignorar”.
La ley señala que ocultar o destruir archivos es un delito que se castiga con hasta tres años de cárcel, mientras que guardar información confidencial en un lugar no autorizado puede penalizarse con hasta cinco años de prisión.
Hasta hoy, no ha habido un caso en el que un expresidente sea sancionado por violar la Ley de Archivos Presidenciales. Trump podría convertirse en el primero.
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