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Un asesino en serie estadounidense, Tommy Lynn Sells, fue ejecutado en el estado de Texas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda de sus abogados que exigían se esclareciese de dónde provienen las drogas usadas en su inyección letal.
La agencia carcelaria de Texas desea que la información se mantenga en secreto para proteger al proveedor de amenazas de violencia, pero el equipo legal de Sells desafió ese criterio.
Varios estados se han enfrentado a cuestionamientos sobre la procedencia de las drogas para las ejecuciones, pues algunos fabricantes en Europa se han negado a vender sus productos si se usan para hacer cumplir la pena de muerte.
Sells, de 49 años, fue hallado culpable de matar a puñaladas a una joven de 13 años en 1999.
