Fiscales de EE.UU. desafían a Trump y presentan demanda para salvar DACA

Quince estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia presentaron el miércoles una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a los beneficios de protección para personas que entraron al país como indocumentados siendo niños.

La demanda fue presentada por un grupo de fiscales generales demócratas para proteger a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y sostiene que las economías de sus estados se verán dañadas si los residentes pierden tal condición.

La presentación sostiene que la decisión de Trump se "motivó, al menos en parte, por razones discriminatorias" contra los mexicanos, que son los principales beneficiarios del programa. Cita para fundamentarlo declaraciones del republicano durante la campaña presidencial del 2016.

Los fiscales generales también sostienen que el Gobierno no ha garantizado a los beneficiarios del DACA que la información que presentaron durante su postulación al programa no será utilizada "para propósitos de aplicación de las leyes de inmigración, incluidos identificación, arresto, detención o deportación de los no ciudadanos".

El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, afirmó que la medida afectaría a casi 42.000 residentes de Nueva York, les provocaría problemas, separaría familias y generaría un "enorme daño económico al estado".

Al comentar la demanda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que el DACA fue implementado mediante una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama y no mediante una acción del Congreso.

"Si bien los demandantes en los recursos de hoy pueden creer que una elusión arbitraria al Congreso es legal, el Departamento de Justicia espera defender la posición del Gobierno", dijo el portavoz Devin M. O'Malley.

La decisión de Trump el martes de poner fin al programa de cinco años creado por Obama dejó el destino de los llamados "dreamers" (soñadores) en la incertidumbre y generó críticas de empresas, líderes religiosos, alcaldes, grupos de activistas, gobernadores y legisladores demócratas.

El presidente republicano retrasó el final del programa hasta el 5 de marzo, y dio al Congreso seis meses para decidir el futuro de unos 800.000 jóvenes.

Expertos legales han dicho que la demanda contra las acciones de Trump enfrenta una dura batalla, debido a que el presidente tiene una amplia autoridad cuando se trata de implementar la política de inmigración.

Fuente: Reuters

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