Un exaliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenado el miércoles en una corte federal del sur de Florida, a poco más de dos años de prisión por haber conspirado para cometer un delito contra Estados Unidos a través de una trama de negocios corruptos con la empresa petrolera estatal PDVSA y algunas de sus subsidiarias.
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El juez federal Robert Scola condenó a Jhonnathan Marín a 27 meses de prisión tras aceptar una moción propuesta por la fiscalía para que redujera su pena por haber “asistido de manera sustancial” al gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.
La condena máxima que enfrentaba Marín era de unos cinco años de prisión.
Los acusados suelen sellar acuerdos con la fiscalía con el objetivo de obtener una condena más leve a cambio de ayudar al gobierno con información clave. A través de esos pactos suelen declararse culpables, como hizo Marín al aceptar las acusaciones de asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
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Marín, de 44 años, fue alcalde de la ciudad venezolana portuaria de Guanta por casi una década hasta que renunció en 2017. Huyó de su país en medio de una importante purga en la empresa petrolera estatal PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro -que sucedió al de Chávez- ordenó su arresto por corrupción y le prohibió ejercer cargos públicos.
Marín había admitido que aceptó unos 3,8 millones de dólares en sobornos de un socio no identificado para ejercer su influencia sobre funcionarios de empresas conjuntas de PDVSA con Chevron y compañías europeas, rusas y chinas. En junio se había declarado culpable.
En la audiencia de unos 30 minutos el juez Scola le dijo a Marín que debe entregarse a las autoridades carcelarias el 27 de abril de 2023 al mediodía. El venezolano tiene dos semanas para apelar la sentencia, si desea hacerlo.
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Al solicitar una sentencia leve en un documento de 11 páginas presentado días antes de la decisión del juez, el abogado de Marín, Michael Nadler, le pidió al magistrado que considerara varios factores, entre ellos el papel “limitado e inusual” de su cliente en la conspiración, considerando que no tenía control o autoridad para otorgar o garantizar contratos con PDVSA.
Indicó que como alcalde de una ciudad donde PDVSA tenía importantes operaciones, Marín tenía conexiones y las utilizó para que se conocieran un contratista al que no identifican y funcionarios de la petrolera estatal. Estuvo presente en reuniones donde se negociaron detalles de negocios, dijo el abogado, y tomó un porcentaje del dinero suministrado al funcionario de PDVSA que aprobó el contrato, pero no ejecutó ni aprobó ese pacto.
La defensa dijo también que Marín destinó “su dinero, su tiempo y sus conexiones” a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para que el gobierno de Maduro se siente a negociar con la oposición para convocar a elecciones democráticas.
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De acuerdo con documentos que aparecen en el expediente en línea, los contratos incluían proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco en los que participaron empresas como la estadounidense Chevron o la francesa Total.
En estados Unidos habría lavado más de 1,2 millones de dólares que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá.
Según los documentos, Marín recibió los sobornos a cambio de ventajas empresarias y por ayudar a las empresas a asegurarse contratos de subsidiarias de PDVSA.
La fiscalía ha solicitado también que Marín devuelva los 3,8 millones de dólares que recibió de sobornos y el juez incluyó esa petición en su sentencia.
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