Abogados de EE.UU. rechazan motivación política en la demanda de extradición de Assange

Los abogados de Estados Unidos rechazaron la existencia de motivaciones políticas en la demanda de extradición contra Julian Assange, al que acusan de espionaje, en la audiencia contra el fundador de WikiLeaks que concluye el miércoles en Londres.

Assange, en su último recurso en Reino Unido para evitar su extradición, es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.

LEE TAMBIÉN: Julian Assange, pesadilla de Estados Unidos y símbolo de la libertad de información

El abogado de Assange había afirmado el martes que la demanda de Estados Unidos contra su cliente, quien tras sentirse indispuesto la víspera tampoco acudió a la segunda jornada de la audiencia, se basa en “motivaciones políticas”.

Clair Dobbin, abogada que representa a Washington, rechazó ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres la argumentación de la defensa y señaló que la acusación está “basada en el estado de derecho y en las pruebas” contra Assange.

“Publicó indiscriminada y conscientemente al mundo los nombres de personas que actuaron como fuentes de información para Estados Unidos”, dijo, agregando que ese hecho lo diferenciaba de otros medios de comunicación.

“Son estos hechos los que lo distinguen, no sus opiniones políticas”, señaló Dobbin.

SEPA MÁS: “Asesinar a Navalny significa enviar un mensaje a la oposición de que nadie está a salvo”

Decisión en fecha futura

Dos magistrados decidirán en una fecha posterior, que podría alargarse varias semanas, si Reino Unido entrega al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.

El australiano de 52 años presentó un recurso a la decisión del gobierno británico, que aceptó en 2022 entregarle a Estados Unidos.

El letrado de Assange había defendido el martes la libertad de información para frenar su extradición a Estados Unidos.

En caso de ser entregado, Assange podría ser condenado a una pena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos.

Los abogados de Estados Unidos, Clair Dobbin y James Lewis, incidieron el miércoles en que Assange “puso vidas en peligro”.

“Al publicar esta información en el sitio web de WikiLeaks, creó un riesgo grave e inminente a las fuentes humanas nombradas allí, que podrían haber sufrido daños físicos graves”, señalaron los letrados.

El martes, otro de los abogados defensores de Assange, Mark Summers, habló de un plan estadounidense, según un artículo de Yahoo News de 2021, de matar o secuestrar a su cliente en 2017.

Si Assange sale airoso del juicio de este miércoles, deberá probablemente hacer frente a otra audiencia en el Reino Unido, en una fecha por determinar, que tendría que confirmar que no es extraditado.

En caso de que el tribunal londinense confirme en las próximas semanas su extradición, a Assange le quedaría como último recurso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalaron sus seguidores en diciembre.

LEE TAMBIÉN: Julian Assange, ausente de nuevo en la jornada decisiva de su juicio de extradición a EE.UU.

Salud frágil

Durante las jornadas previas al juicio, su esposa había alertado sobre el frágil estado de salud del australiano de 52 años.

“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, afirmó el jueves.

El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica en 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados.

En enero de 2021, un tribunal británico rechazó en un primer momento la demanda de extradición de Estados Unidos.

La apelación norteamericana hizo que, en diciembre de 2021, la justicia británica anulara la primera decisión y abriera la vía a su extradición.

La apelación de Assange no dio sus frutos y en abril de 2022 un tribunal británico autorizó la extradición, que fue aceptada dos meses después por el gobierno británico.