Obama ante uno de los mayores traspiés de su presidencia

Cuando el presidente Barack Obama salió el lunes al jardín de la Casa Blanca, pronunció lo que algunos en Washington califican como el obituario de una de sus principales apuestas políticas.

Se trata de la propuesta de reforma migratoria integral que beneficiaría a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que, se estima, viven en el país.

El proyecto fue aprobado hace un año en el Senado gracias a un inusual consenso entre republicanos y demócratas, pero languidece desde entonces en la Cámara de Representantes controlada por la oposición.

Por eso, Barack Obama anunció que ajustará partes del sistema mediante decretos ejecutivos que, si bien evitan el Congreso, tienen un poder limitado.

La estrategia presidencial es riesgosa, porque mientras puede apaciguar las dudas de quienes piden agilizar el tema migratorio, profundiza los roces con los republicanos y también puede tener consecuencias contraproducentes en el terreno.

AVALANCHA INFANTIL
Precisamente, la creciente crisis humanitaria en la frontera suroccidental del país con la llegada de 52.000 inmigrantes menores de edad desde octubre es vista por algunos como consecuencia de medidas unilaterales adoptadas por la Casa Blanca, como la Acción Diferida que permite que hijos de inmigrantes indocumentados puedan permanecer en el país y seguir sus estudios.

El republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró esta semana que Obama dio "una falsa esperanza a los niños y sus familias de que si entran al país ilegalmente podrán quedarse", en parte por la Acción Diferida.

Obama culpa a los republicanos de bloquear sus iniciativas, pero también les pidió a los líderes del Congreso más recursos y más autoridad para afrontar la crisis.

"Tenemos una crisis humanitaria en la frontera que sólo subraya la necesidad de dejar la política y arreglar nuestro sistema de una vez por todas", dijo Obama aunque reconoció que él solo no podrá arreglar el sistema migratorio, por muy agresivas que sean las medidas que tome.

Más allá del intercambio de responsabilidades, Barack Obama recibe un golpe duro, porque llegó a la Casa Blanca con el apoyo de la población hispana (la mayoría de los indocumentados tienen ese origen) e insistentemente ha calificado ese proyecto como una prioridad económica y política.

Faltan menos de dos años de gobierno y pocos de meses para las elecciones de mitad de periodo en las que Obama puede perder aún más apoyo en el Congreso.

Dar la reforma integral por muerta puede marcar no sólo el resto del mandato sino también el legado que deje al salir de la Casa Blanca.

"PARED DE RESISTENCIA"
Los analistas consultados por BBC Mundo explican que la responsabilidad de la reforma estancada no recae sólo en los hombros del presidente.

Christopher Wilson, analista del Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro de estudios con sede en Washington, le dice a BBC Mundo desde la frontera entre Estados Unidos y México que el "fracaso" es compartido entre el Ejecutivo y el Congreso, que no lograron ponerse de acuerdo para solucionar el problema.

Obama "fue incapaz de responder completamente a lo que prometió en sus campañas y por supuesto como presidente es responsable", dice. "Pero el Congreso también es responsable por la incapacidad de actuar sobre un tema de interés nacional".

Al presidente Obama se le ha criticado durante su gobierno su dificultad para hacer que su mensaje cale en el Congreso, donde los republicanos han tenido un peso considerable para bloquear sus iniciativas.

Randy Capps, director de investigación para los programas sobre Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, también señala la distancia entre la Casa Blanca y el Capitolio, y afirma que Obama "se estrelló contra una pared de resistencia de los republicanos en el Congreso".

Capps enfatiza en diálogo con BBC Mundo que el presidente todavía puede lograr decisiones positivas a través de acciones individuales, en especial para detener la amenaza de las deportaciones.

Pero asegura también que su autoridad es limitada, que no tiene la capacidad de reconocer el estatus legal de los indocumentados y sus acciones ejecutivas pueden terminar creando un caos en el sistema migratorio.

"El peligro es que millones de personas en Estados Unidos se queden en un limbo legal por un periodo más largo de tiempo. Cuanto más se demore, más difícil será para ellos y peor será para el país". concluye.