Ramiro Gonzales, un recluso de Texas que será ejecutado en menos de dos semanas, pidió que se retrase su ejecución para poder donar un riñón.
Está previsto que Ramiro Gonzales reciba una inyección letal el 13 de julio por disparar fatalmente a Bridget Townsend, de 18 años, una mujer del suroeste de Texas cuyos restos fueron encontrados casi dos años después de su desaparición en 2001.
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En una carta enviada el miércoles, los abogados de Gonzales, Thea Posel y Raoul Schonemann, pidieron al gobernador republicano Greg Abbott que conceda un aplazamiento de 30 días para que el recluso pueda ser considerado donante vivo “para alguien que necesita urgentemente un trasplante de riñón”.
Sus abogados han hecho una solicitud por separado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para una suspensión de 180 días relacionada con la donación de riñón.
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En su solicitud a Abbott, los abogados de Gonzales incluyeron una carta de Michael Zoosman, un clérigo judío ordenado de Maryland que ha mantenido correspondencia con Gonzales.
“No tengo ninguna duda de que el deseo de Ramiro de ser un donante altruista de riñón no está motivado por un intento de última hora de detener o retrasar su ejecución. Iré a mi tumba creyendo en mi corazón que esto es algo que Ramiro quiere hacer para ayudar a que su alma esté bien con su Dios”, escribió Zoosman.
Los abogados de Gonzales dicen que se ha determinado que es un “excelente candidato” para la donación después de haber sido evaluado por el equipo de trasplantes de la Rama Médica de la Universidad de Texas en Galveston. La evaluación encontró que Gonzales tiene un tipo de sangre raro, lo que significa que su donación podría beneficiar a alguien que podría tener dificultades para encontrar una coincidencia.
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“Prácticamente todo lo que queda es la cirugía para extirpar el riñón de Ramiro. UTMB ha confirmado que el procedimiento podría completarse en un mes”, escribieron Posel y Schonemann a Abbott.
Las políticas del Departamento de Justicia Criminal de Texas permiten a los reclusos hacer donaciones de órganos y tejidos. La portavoz de la agencia, Amanda Hernandez, dijo que se consideró que Gonzales no era elegible después de solicitar ser donante a principios de este año. Ella no dio una razón, pero los abogados de Gonzales dijeron en su carta que la agencia se opuso debido a la fecha pendiente de ejecución.
La oficina de Abbott no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.
La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votará el 11 de julio sobre la solicitud de Gonzales a esa agencia.
Los abogados de Gonzales han hecho una solicitud por separado pidiendo a la junta que conmute su sentencia de muerte por una pena menor.
También pidieron que su ejecución no procediera si su consejero espiritual no puede sostener su mano y colocar otra mano sobre su corazón durante su ejecución. Un juicio federal de dos días sobre esta solicitud estaba programado para comenzar el martes en Houston.
La solicitud de Gonzales de retrasar su ejecución por una donación de órganos es rara entre los condenados a muerte en los EE.UU., dijo el viernes Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
En 1995, el asesino condenado Steven Shelton en Delaware donó un riñón a su madre.
En 2013, la ejecución de Ronald Phillips en Ohio se retrasó para que se pudiera revisar su solicitud de donar un riñón a su madre. La solicitud de Phillips fue denegada más tarde y fue ejecutado en 2017.
“Los escépticos pensarán que esto es simplemente un intento de retrasar la ejecución. Pero si ese fuera el caso, creo que vería muchas solicitudes”, dijo Dunham, cuyo grupo no toma posición sobre la pena capital pero ha criticado la forma en que los estados llevan a cabo las ejecuciones. “La historia de las ejecuciones en Estados Unidos muestra que las personas no hacen ofertas de donaciones de órganos con el fin de retrasar una ejecución que aún se llevará a cabo”.
En un informe, United Network for Organ Sharing, una organización sin fines de lucro que funciona como el sistema de trasplantes de la nación bajo contrato con el gobierno federal, enumeró varias preocupaciones éticas sobre las donaciones de órganos de prisioneros condenados. Incluyen si tales donaciones podrían estar vinculadas a los presos que reciben un trato preferencial o si dichos órganos podrían verse comprometidos moralmente debido a sus vínculos con la pena de muerte.
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