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La legislatura de Florida aprobó este jueves un proyecto para eliminar el estatus especial de Walt Disney World, que permite a la empresa crear su propia legislación local y operar fuera del marco regulatorio de los condados de dicho estado de EE.UU.
Disney cuenta con su propio gobierno local y puede recaudar impuestos, aprobar códigos de construcción y controlar los servicios públicos dentro de su territorio, en donde ubican sus resorts y parques temáticos.
La ley aprobada es vista como una represalia de DeSantis por la oposición de los ejecutivos de la de la empresa a una ley que prohíbe hablar sobre orientación sexual y diversidad de género en las escuelas primarias de Florida. Bautizada por sus detractores como la ley “No digas gay”, también permite a los padres demandar a los distritos escolares.
Disney no se ha expresado sobre la controversia.
El Reedy Creek Improvement District(RCID, en inglés) fue creado por un acuerdo entre el estado y la compañía en 1967.
Le otorgó al gigante del entretenimiento la potestad para establecer su propio gobierno municipal, delegado en una junta de supervisores. Disney, incluso, podría construir su propio aeropuerto o planta de energía nuclear si así lo desea.
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Getty Images.
El RCID liberó a la empresa de la burocracia gubernamental durante medio siglo. En la actualidad, Disney es el mayor empleador de Florida, con cerca de 80.000 trabajadores.
Oposición a “No digas gay”
En un principio, Disney se mantuvo en silencio sobre la llamada ley “No digas gay”, pero cambió de posición después de que los empleados presionaron a sus ejecutivos para que mostraran oposición.
En marzo, su CEO, Bob Chapek, prometió impulsar la derogación de la legislación y luchar contra proyectos similares en EE.UU. Además, dijo que recortaría las donaciones que otorga la multinacional al Partido Republicano de Florida.
En respuesta, DeSantis dijo que la compañía había “cruzado la línea”.
De acuerdo con el medio Politico, las donaciones de Disney a los republicanos en el ciclo electoral de 2020 ascendieron a US$913.000, mientras que la contribución directa para el gobernador fue de US$50.000.
