Por qué se exige la renuncia del fiscal general de EE.UU. y qué tiene que ver el caso de Roger Stone, el amigo de Trump

El domingo, más de mil exfuncionarios del Departamento de Justica de Estados Unidos firmaron una petición para exigir la renuncia del fiscal general William Barr, por su intervención para reducir la sentencia de Roger Stone, quien fue asesor de campaña del 2016 y es amigo del presidente Donald Trump.

En noviembre del 2019, Roger Stone fue encontrado culpable por mentirle al Congreso, manipular testigos y obstruir la investigación de la Cámara de Representantes que buscaba determinar si hubo coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para afectar la elección de noviembre del 2016.

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Los firmantes del texto acusan a Trump y a Barr de ignorar “abierta y repetidamente” el principio fundamental de ecuanimidad e imparcialidad de la aplicación de las leyes para favorecer a Stone.

La petición se da tras las acusaciones de que Barr decidió, supuestamente presionado por Trump, desautorizar a sus propios fiscales y buscar una sentencia más leve para Stone.

Cuatro fiscales del Departamento de Justicia renunciaron al caso la semana pasada en aparente protesta contra la interferencia del presidente.

¿Qué sucedió?

El pasado 10 de febrero, los cuatro fiscales recomendaron una pena de entre siete y nueve años de cárcel para Roger Stone por los cargos antes mencionados.

Al día siguiente, el presidente Donald Trump publicó un tuit defendiendo a Stone y cuestionando al los fiscales.

“Es una situación horrible e injusta. Los verdaderos crímenes estuvieron del otro lado, y nada les pasa a ellos. No se puede permitir esta fallida justicia”, escribió Trump en el tuit que contenía un enlace a la noticia sobre Stone.

Más tarde, un funcionario del Departamento de Justicia que habló bajo condición de anonimato dijo a periodistas que la recomendación de pena a Stone dejó en ‘shock’ al organismo y que sería revisada. “El departamento considera que la recomendación es desproporcionada con respecto a los delitos de Stone”, precisó.

Tras esta declaración, uno a uno los fiscales que trabajaron en la causa empezaron a renunciar.

El mismo 11 de febrero, a las 3 de la tarde, el Departamento de Justicia anunció el retiro de su pedido de sentencia de siete a nueve años de prisión para Stone. Además, emitió una una nueva recomendación en la que no pedía una sentencia específica pero decía que debe ser “mucho menos” y renegaba de la anterior diciendo que “no refleja... la posición del Departamento de Justicia sobre lo que sería razonable”.

El miércoles, Trump felicitó a su secretario de Justicia: “Felicitaciones al fiscal general Bill Barr por hacerse cargo de un caso que estaba totalmente fuera de control y que tal vez ni siquiera debería haberse presentado. La evidencia ahora muestra claramente que la estafa de (Robert) Mueller fue incorrectamente llevada y contaminada. ¡Incluso Bob Mueller mintió al Congreso!”, tuiteó.

Derecho a interferir

El viernes, Trump reivindicó su “derecho legal” a interferir en casos que lleva el Departamento de Justicia.

El presidente hizo mención a una entrevista difundida el jueves de Barr con la cadena de televisión ABC, en la que este señaló que Trump nunca le había pedido que hiciera nada en un caso penal.

“Esto no significa que yo no tenga, como presidente, el derecho legal de hacerlo, lo tengo, pero he elegido no hacerlo hasta ahora”, advirtió Trump en Twitter.

En la entrevista con ABC, Barr también dijo que las críticas del mandatario le estaban haciendo “imposible” hacer su trabajo y avisó de que no iba a dejarse “intimidar o influir por nadie”.

Pero los exfuncionarios que firmaron la petición para su renuncia no le cree a Barr. “Una persona no debería recibir tratamiento especial en un proceso criminal porque es un aliado político cercano al presidente”, señalaron en su comunicado.

“Los gobiernos que utilizan el enorme poder de hacer cumplir la ley para castigar a sus enemigos y premiar a sus aliados no son repúblicas constitucionales; son autocracias”, agregaron.