Elecciones en Nicaragua: Crónica de una dictadura anunciada

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Ahora reemplace al equipo por un gobierno, al campeonato por unas elecciones presidenciales y al resto de elementos por la sociedad nicaragüense. Así tendrá ante usted uno de los comicios más irregulares de los últimos tiempos, los cuales se celebran hoy en el país centroamericano y amenazan con perpetuar al régimen de Daniel Ortega en el poder.

A sus 75 años, Ortega acumula casi dos décadas en el poder. Combatió a la dictadura de los Somoza como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), integró la junta de Gobierno y fue elegido en las urnas en 1984. Perdió la presidencia ante Violeta Barrios de Chamorro en 1990, pero volvió en el 2007. Desde entonces, ha sido reelegido en dos ocasiones (2012-2017 y 2017-2021) en cuestionados procesos electorales. Desde el 2017, además, su esposa Rosario Murillo lo acompaña como vicepresidenta del país.

Dictador omnipotente

Ortega lo controla todo en Nicaragua. En el 2008 comenzó a cooptar el Consejo Supremo Electoral (CSE). En el 2011, apoyado en jueces supremos sandinistas consiguió una modificación constitucional que le permitió reelegirse. Luego, obtuvo una mayoría en el Parlamento, con lo que pudo cambiar la Constitución en el 2013.

En abril del 2018 estallaron protestas sociales que se saldaron con 328 manifestantes muertos y le sirvieron de excusa para imponer un estado policial. Nombró a su suegro como jefe de la Policía. A la vez, impuso una reforma electoral con la que anulaba por defecto las aspiraciones de quienes protestaron contra él y lanzó una ley contra “agentes extranjeros”, su principal arma para encarcelar a cualquier opositor.

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Para los comicios de hoy, además, no se aceptó la participación de ninguna misión observadora internacional. Ni la Unión Europea, ni la OEA, ni el Centro Carter. ¿La garantía, según el régimen? 250 “compañeros solidarios” que seguirán el proceso.

Prohibido criticar

Pero el asedio de Ortega no solo se ha limitado a los políticos opositores.

En su reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el régimen de Ortega y Murillo continúa “con los ataques a los periodistas y medios de comunicación” utilizando a la policía y el Ministerio Público. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, lo considera en su lista de “depredadores de la libertad de prensa”.

Ha cerrado medios a su antojo, encarcelado a periodistas y acusado de traición a la patria a quien se le ocurra cuestionar alguna de sus políticas.

Además de los precandidatos, han sido detenidos otros 32 dirigentes opositores y profesionales independientes, anulado la personería jurídica de 3 partidos opositores y autorizado a solo 5 candidatos. Todos los aspirantes, claro está, responden a las órdenes de Ortega.

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“Pedimos a la comunidad internacional que denuncien la ilegitimidad del proceso y no reconozcan sus resultados”

Entrevista a Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

— ¿Qué opinión le merecen las elecciones de hoy en Nicaragua?

No podemos hablar de verdaderas elecciones, podemos hablar mas bien de votaciones. No hay nada que elegir. Siete de los principales candidatos opositores están en prisión, las personalidades jurídicas de los tres principales partidos de la oposición han sido canceladas. Esta es una votación arreglada para que se lleve a cabo con un resultado que ya sabemos: la reelección por tercera vez consecutiva de Ortega. Consecuentemente, es una farsa electoral que tiene lugar en un clima de muchísima represión con graves violaciones a los derechos humanos como acaba de señalar la CIDH, con un altísimo grado de concentración de poder entre Ortega y Murillo, sin división de poderes, con ataques muy fuertes en contra de los medios. Por donde miremos es un proceso viciado, no tiene las garantías mínimas de integridad electoral.

Consecuentemente, en el informe que hemos preparado en IDEA, junto a la organización civil nicaragüense Urnas Abiertas y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, advertimos que constituye un plan doloso para acabar con la democracia. Por ello, pedimos a la comunidad internacional que denuncien la ilegitimidad de este proceso electoral además de no reconocer sus resultados. Estoy liderando también una declaración que emitiremos este lunes, auspiciada y promovida por varios expresidentes de la región, donde le decimos a la comunidad internacional que además de no reconocer los resultados, aumentemos el nivel de presión sobre la dictadura de Ortega y Murillo para obligarlos a liberar a los más de 150 presos políticos, cesar las violaciones graves a derechos humanos, restablecer el orden constitucional, poner fin al estado policial y volver a repetir las elecciones, pero con todas las garantías y la presencia de observadores internacionales calificados.

— ¿Es el fraude electoral más descarado que hemos visto en la región durante los últimos años?

Es condenable, escandaloso e inédito. Si monitoreamos todas las elecciones desde el inicio de la tercera ola democrática en 1978 hemos tenido procesos viciados que gatillaron una crisis y llevaron a la salida del presidente que estuvo de turno, o bien a un acortamiento de su mandato. Recuerde el fraude del régimen de Noriega en Panamá, que llevó a la invasión norteamericana en 1989; o el fraude que hizo Balaguer en 1994 en República Dominicana que generó una crisis política muy importante y llevó al acortamiento de su mandato; el estallido que hubo como consecuencia de las elecciones del 2019 en Bolivia, que llevó a la presión de los militares para la salida de Evo Morales.

En el caso del Perú lo que fue la re-reelección de Fujimori y el estallido social que generó, y que junto a la presión internacional causó la renuncia de Fujimori. Esas fueron las elecciones que hemos visto con mayor nivel de fraude y que generaron crisis políticas mayúsculas. Después hay otras con irregularidades pero sin fuerza para reemplazar al Gobierno, es el caso de Venezuela por ejemplo o las del 2017 donde Hernández se reeligió en Honduras.

Pero nunca vimos un proceso electoral con este nivel de represión. En el 2018 las fuerzas policiales y paramilitares de la dictadura Ortega-Murillo asesinaron a 328 manifestantes y a la fecha esos crímenes siguen impunes. Eso obligó a una suerte de diálogo entre el Gobierno y la oposición que el régimen aceptó porque estaba sin oxígeno pero terminó manipulando a su favor. Luego vino una ola de presión para que reformulara leyes electorales, hubo forcejos en el 2019 y 2020 pero nuevamente la dictadura manipuló ese proceso y, en lugar de generar mayor transparencia, terminó reformando el sistema electoral a su favor.

Como eso no le bastaba y Ortega sigue teniendo el fantasma de perder una elección como en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, cortó por lo sano y no quiso a ningún opositor que le pueda disputar mínimamente la posibilidad de ganar. Pero debemos ser conscientes de algo: Ortega no hizo esta degradación de democracia a dictadura en un año o en un día o en una semana y a escondidas. Fue ejecutando el manual del nuevo autoritarismo a plena luz del día frente a la inacción, la desidia, la cobardía de muchos actores internacionales que no quisieron enfrentarlo o cuando lo quisieron hacer llegaron tarde. Hemos llegado a un punto de inflexión, no podemos permitir que Ortega con esta farsa electoral pretenda legitimar y consolidad su dictadura. El mensaje que mandaríamos en Nicaragua, Centroamérica y Latinoamérica sería que pueden hacer lo quieren y nadie intervendrá. Las decisiones que tomemos pueden tener un espejo positivo o uno muy negativo. La crisis de Nicaragua también hay que verla en el contexto geopolítico global.

— ¿Crisis como la de Venezuela, por ejemplo, le han enseñado a la comunidad internacional cómo lidiar con estos regímenes totalitarios?

En mi opinión, lo que pasa en (las elecciones de) Nicaragua es peor que lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hemos llegado a ver que todos los aspirantes estén privados de libertad. Tampoco hemos visto que cancelaran la personería jurídica a todos los partidos políticos. Ortega llegó hasta donde había llegado el régimen de Maduro y lo superó con creces. Hemos aprendido que hay un manual del nuevo autoritarismo que está siendo aplicado en varios países del mundo.

— ¿Y cómo es ese manual del nuevo autoritarismo?

Consiste en que uno llega al Poder Ejecutivo a través de elecciones más o menos libres, pero una vez en el poder comienzan a socavar a la democracia paso a paso. Lo siguiente es ganar mayoría o cooptar al Poder Legislativo. Luego, ir por el Poder Judicial, cooptarlo, vaciarlo, controlarlo. Mira lo que hace Bukele actualmente, él lo aprendió de Polonia. Luego, cómo utilizas ese Poder Judicial para que te habilite a la reelección pese a estar prohibido. Una vez que controlas el Ejecutivo, el Legislativo y comienzas a cooptar el Judicial, llega un segundo nivel de acciones. Deslegitimas, no reconoces y degradas a toda oposición señalándola de que no es leal, democrática o que está vendida al extranjero. Por otro lado, debes ir por los medios de comunicación, los compras, los cierras o los combates. También vas por la sociedad civil, le vas cerrando espacios. Junto al Poder Judicial también cooptas a la Fiscalía, para evitar investigaciones. En casos como los de Trump o Bolsonaro, por ejemplo, comienzas a sembrar dudas sobre la legitimidad del próximo proceso electoral diciendo que si pierdes es porque habrá fraude. En algunos casos se apoyan en el uso creciente de las Fuerzas Armadas, a las que comienzan a instrumentalizar con fines políticos. Terminas politizando a la justicia, a las Fuerzas Armadas, negando toda posibilidad de pluralismo político y te quedas con el control. Terminas también cooptando al Poder Electoral y vía reformas te puedes perpetuar o adoptar leyes en las que ser opositor es equivalente a ser un traidor a la patria. Orwell no pudo haber escrito algo así.

— Volviendo al papel de la comunidad internacional, ¿qué nos dice la poca actuación frente a estos casos?

Que hay dos problemas. El consenso político regional que permitió adoptar la Carta Democrática Interamericana en el 2001 se ha roto, no existe dicho consenso. Por otro lado, los mecanismos para luchar contra el autoritarismo han quedado desactualizados. La Carta estaba concebida para proteger al Ejecutivo de ataques que llegaran de Fuerzas Armadas que daban un golpe de Estado. Ahora el agredido pasó a ser el agresor. Debemos buscar cómo renovar a la Carta y los otros mecanismos.

— ¿No es muy tarde para actuar en Nicaragua?

Estamos llegando muy tarde a Nicaragua, hemos permitido que este régimen, a lo largo de casi 15 años, paso a paso, medida tras medida, represión tras represión, fuese avanzando y degradando esa democracia hasta convertirla en una dictadura familiar que reemplaza a la que el propio Ortega combatió en el marco del Frente Sandinista en 1979. ¡Qué tragedia! El líder revolucionario que hace 32 años derrotó a la dinastía Somoza ahora se convierte en otra dictadura dinástica familiar. Pero no es tarde para evitar lo que queremos evitar. Primero, hay que denunciar que es una farsa electoral y los resultados no deben ser aceptados. Acá no hay nada que cuestionar, Ortega se ha convertido en un dictador puro y duro. Ahora debemos arrinconarla con todos los mecanismos que tengamos para evitar que se consolide.

— ¿Y cómo se consigue eso?

Con más sanciones internacionales, con un monitoreo más estricto en materia de derechos humanos, con un plan entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y América Latina, con la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, presionando a través de los organismos económicos internacionales para suspenderle préstamos internacionales. Poner presión no solo sobre el régimen sino sobre las personas que lo conforman, además de los militares que aún no han sido tocados. Hay que aumentarle el costo de permanencia y reducirle el costo de salida, con el objetivo de llevarlo a la mesa de diálogo y decirle que estaremos a las malas si se quiere quedar a la mala.

— La crisis de Nicaragua ha agravado, a la vez, la crisis migratoria. Entre enero y agosto del 2020 se detuvieron a 1.100 nicaragüenses en la frontera sur de EE.UU., en el 2021, durante el mismo periodo, la cifra fue de 41.500 migrantes provenientes de dicho país. ¿Hay forma de aplicar esas sanciones sin ahondar esa crisis humanitaria?

No hay forma de actuar sin generar ninguna consecuencia. Debemos ser lo más estratégicos posibles para que las acciones vayan dirigidas al régimen y que le duelan, además de que tengan el menor costo posible para evitar un mayor sufrimiento a una población que ya viene padeciendo muchísimo sin generar una crisis mayor a la que ya existe.

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