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La Guardia Civil española detuvo hoy a catorce personas en , entre ellas altos cargos de la administración regional de , en una operación para impedir el referéndum secesionista convocado por el Ejecutivo catalán para el 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Estaban avisados", afirmó hoy el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien insistió en que las autoridades regionales catalanas "sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país".

"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas", declaró Rajoy a la prensa, después de conocerse la operación contra los promotores del referéndum independentista.

Sin embargo, el Gobierno regional catalán insiste en celebrar ese referéndum independentista que convocó de manera unilateral para el próximo 1 de octubre, pese a que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, a instancias del Elecutivo de Rajoy, al considerarlo contrario a la ley.

El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, llamó hoy a los ciudadanos a votar en dicho referéndum para responder al Ejecutivo español, al que acusó de "aplicar de facto un estado de excepción" y "suspender" la autonomía de Cataluña.

En una declaración institucional ante la prensa, acompañado de los miembros de su gabinete, invitó a los catalanes a responder con "firmeza y serenidad" acudiendo a votar el 1-O.

Puigdemont convocó de urgencia este miércoles a su Gobierno después de que la Guardia Civil llevara a cabo varios registros en diferentes departamentos de la administración catalana y detuviera a catorce personas por su supuesta vinculación con la consulta independentista, entre ellas varios altos cargos.

Entre los detenidos figura el número dos de la consejería de Economía, Josep Maria Jové, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó y responsables de Telecomunicaciones y Asuntos Sociales de esa región española.

Otros detenidos son cargos de las áreas de Exteriores, Economía y Hacienda y Telecomunicaciones, vinculados con la organización de la consulta.

En el amplio dispositivo desplegado hoy por la Guardia Civil para impedir la consulta de octubre, además de las detenciones, los agentes registraron las consejerías regionales de Asuntos Exteriores, la sede de Vicepresidencia y Economía, Trabajo y Asuntos Sociales, así como la sede del partido parlamentario CUP, también secesionista.

La operación incluye también la entrada en diversos organismos dependientes del gabinete catalán, entre los que están la Agencia Tributaria regional, y empresas tecnológicas como Indra y T-Systems, en relación con el citado referéndum.

El juez que ordenó su detención los investiga por presuntos delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, por su participación en la organización del suspendido referéndum.

Además, los agentes, por orden judicial, se incautaron de entre seis y nueve millones de papeletas impresas con el "sí" y el "no" para la consulta independentista, halladas en el registro de una nave industrial próxima a Barcelona, cuyo propietario también fue arrestado.

Aparte de las papeletas incautadas hoy, en días anteriores los agentes intervinieron otro material destinado a la celebración de esa consulta suspendida, pero que las autoridades secesionistas catalanas quieren celebrar.

Así, los agentes se incautaron de cartas destinadas a miles de catalanes para constituir las mesas de votación el día 1 y material de propaganda para difundir el referéndum.

Asimismo, por orden judicial se han clausurado páginas webs abiertas por las autoridades catalanas para informar de la consulta.

Por otra parte, Rajoy se reunió hoy con el líder del PSOE (primer partido de la oposición), Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, ante la evolución de los acontecimientos en Cataluña.

Ambos partidos apoyan al Gobierno en su oposición al referéndum independentista por considerarlo que no se ajusta a la Constitución española, aunque difieren en el tratamiento que debe darse a este conflicto institucional, ya que los socialistas proponen una reforma de ese texto para dar al Estado un carácter federal.

Mientras, en Barcelona (noreste), centenares de personas, entre ellas políticos partidarios de la independencia, se han congregado ante la sede de la consejería de Economía de Gobierno catalán para protestar por las detenciones y los registros de hoy, con consignas como "votaremos" y "Nuestras armas son nuestras urnas".

Cataluña, con 7,5 millones de habitantes vive en los últimos años un impulso del independentismo, con una reivindicación permanente de un referéndum por una parte de la clase política para decidir si los ciudadanos quieren permanecer o no en el Estado español.