El líder socialista Pedro Sánchez defendió este miércoles la amnistía para los independentistas catalanes implicados en el proceso secesionista en esa región española de 2017, una medida que dijo es “en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles”. Sánchez se dirigió al Congreso en el debate parlamentario para su investidura como jefe del Ejecutivo español para hablar sobre uno de los temas más polémicos de sus pactos con otras formaciones para recabar apoyos, y que ha generado una importante controversia con masivas manifestaciones en contra en los últimos días.
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La ley de amnistía, registrada ya por los socialistas en la Cámara Baja, afecta directamente a los independentistas catalanes, entre ellos el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas.
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Esta norma, calificada de inconstitucional por la oposición, anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
En su discurso de hoy, Sánchez dejó claro que la amnistía se aprobará “bajo luz y taquígrafos, con total transparencia”: “No será un ataque a la Constitución del 78 (la primera de la democracia en España), sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia”.
Ante el conflicto independentisa catalán, el jefe del Ejecutivo español en funciones dijo que caben dos aproximaciones: la vía “de la imposición y de la crispación”, que atribuyó al conservador Partido Popular (PP), o “la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento”, que es la que se emprende ahora.
Esta amnistía, señaló Sánchez, está impulsada “por la esperanza fundada” de que ayude “a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso” y para que contribuye “a mejorar la convivencia”.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno español citó en su discurso al poeta catalán Salvador Espriu, al recetar “diàleg” (diálogo, en catalán), antes de anunciar la amnistía “en nombre de España”, y para defender la “concordia”, una palabra que, recodó, se expresa de la misma manera en todas las lenguas cooficiales del Estado español.
No obstante, Sánchez ha reconocido que se trata de una medida “que puede no ser compartida por muchos ciudadanos” y que es “perfectamente consciente de ello”.
”Quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por motivos de interés general”, señaló.
Incluso, Sánchez fue un paso más allá e indicó que la amnistía “será buena para la economía del país”, todo ello tras afirmar que los poderes económicos que “auspician” a la derecha y la extrema derecha no están “preocupados” por esta medida.
Apoyo a Palestina
En su discurso, Pedro Sánchez se comprometió este miércoles a trabajar tanto en España como en Europa para que se reconozca a Palestina como un Estado si es reelegido como presidente del Gobierno.
El candidato a la Presidencia del Gobierno de España señaló que éste es su “primer compromiso” para la próxima legislatura, que podrá llevar a cabo si resulta elegido en la votación que tendrá lugar mañana jueves y en la que deberá conseguir el apoyo mayoritario (establecido en 176 diputados de un total de 350) de la Cámara.
En su intervención, Sánchez reclamó que la comunidad internacional avale la consideración de Palestina como Estado, una reivindicación “justamente demandada por el pueblo palestino” y que el líder socialista ve como solución al conflicto.
Reclamó además a Israel el “alto el fuego inmediato” en Palestina, una conferencia de paz para que se “abra paso la diplomacia” y la llegada de la ayuda humanitaria.
Sánchez rechazó “la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania” y denunció que el derecho internacional humanitario “claramente no se está respetando”, al tiempo que dijo estar con Israel en la “repulsa y respuesta” al atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre y exigió la liberación de los rehenes.
Mayoría absoluta
Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas de julio, convocadas tras la debacle de la izquierda en las municipales de mayo, tiene asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.
A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, Sánchez, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, obtuvo el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.
Sánchez cuenta con los votos de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, con la que se comprometió a aumentar nuevamente el salario mínimo y a reducir de 40 a 37,5 horas la duración de la semana laboral.
El socialista de 51 años consiguió por igual los apoyos de los partidos vascos PNV y Bildu, pero también los de las formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
En total, tiene garantizados 179 votos a favor de los 350 diputados del Congreso, por encima de la mayoría absoluta necesaria para ser investido.
Para lograr convencer a los partidos catalanes, Sánchez tuvo que dar importantes concesiones, la más polémica de ellas una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Profunda división
Esta medida, a la que el socialista era contrario en el pasado, permitirá “cerrar heridas” y “resolver el conflicto político existente en Cataluña”, alegó la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La amnistía, reclamada por Carles Puigdemont, ex presidente regional catalán instalado en Bruselas desde 2017 para evadir la justicia española, divide profundamente a la sociedad española.
El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.
Y desde hace diez días se producen concentraciones diarias lideradas por la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, que en ocasiones han degenerado en violencia.
La amnistía “debilita al Estado, provoca una grave fractura social y premia a quienes se han declarado públicamente enemigos de España”, afirmó Miguel Tellado, un portavoz del PP, quien invitó a Sánchez a irse de España “en un maletero”, en referencia a la huida de Puigdemont en 2017.
El PP, así como el partido de extrema derecha Vox, que llama a los españoles a la “resistencia” frente al “golpe de Sánchez”, prevé multiplicar los recursos judiciales contra la amnistía.
Para la izquierda, segura de que esta amnistía respeta la Constitución, estos recursos no suspenderán la medida.
El proyecto de ley de amnistía, presentado el lunes en el Parlamento y que Sánchez espera que se apruebe en las próximas semanas, ha despertado también la preocupación en el sector judicial y hasta en Bruselas, que pidió a Madrid “información detallada” sobre el alcance de la medida.
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