Expolicía peruano del Escuadrón de la Muerte detenido en España alega persecución política para no ser extraditado

Un expolicía peruano del denominado Escuadrón de la Muerte, detenido en España y reclamado por trece asesinatos consumados y tres en grado de tentativa entre 2012 y 2013, rechazó este viernes ser extraditado a su país y alegó ser víctima de una persecución política de parte de autoridades en su día relacionadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

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Por contra, la Fiscalía española no ve que exista esa motivación política en la reclamación y se mostró a favor de su entrega al constatar que se cumplen los requisitos necesarios.

Así lo expusieron ambas partes en la vista celebrada en la Audiencia Nacional española para decidir si procede la extradición de Luis Alberto M.M., que fue arrestado el 29 de septiembre de 2022 en la ciudad de Guadalajara (centro de España) en virtud de una orden internacional de detención expedida por un Juzgado peruano en 2019.

Para oponerse a la extradición, el expolicía invocó “el riesgo” a su “integridad” y también el arraigo familiar que tiene en España, donde reside con su esposa, hijos y un nieto desde que llegó hace unos diez años sin ser hasta ahora objeto de “ninguna acción judicial”, según destacó.

Relató que decidió trasladarse a España -a la que llegó, según puntualizó, por el aeropuerto e informando al consulado- tras haber sufrido atentados en Perú, dada su condición de “miembro de la Inteligencia en la Policía”. Esta situación le llevó, según su versión, a pedir su retiro de la Policía para poder “vivir tranquilo”.

En cuanto a la reclamación en sí, alegó que a él no se le acusa de matar directamente a nadie, sino que lo que se pretende es encarcelarle “para que el fiscal llegue a un acuerdo y yo pueda decir que tales autoridades mataron a esas personas”.

A este respecto sostuvo que detrás de esa presunta persecución política estarían personas ligadas en su día a Sendero Luminoso, que, según explicó, “es una banda terrorista como la que sufrió España hace unos años”, refiriéndose a ETA.

En el informe en el que apoya la entrega, la Fiscalía española relata que el reclamado supuestamente sería integrante de una presunta organización criminal “enquistada” en la Policía Nacional de Perú, constituida en 2010, a la que se atribuyen esos asesinatos.

Dicha organización, añade, actuó cuando Luis Alberto M.M. “integraba la Dirección General del Ministerio del Interior realizando una labor de inteligencia” pero dependiendo de un mando.

Según la reclamación, se encargaba de la selección del lugar donde se ejecutaría el operativo policial simulado y de implementar la estrategia diseñada por los líderes de la organización.

En concreto, del alquiler de vehículos y habitaciones en hoteles cercanos para el control total de las actividades de las víctimas y de elaborar documentación de inteligencia que justificara la existencia de una banda criminal objeto de la operación policial simulada.

Además, tenía la función de formar grupos operativos “para mimetizarse entre la población de la zona donde se iba a ejecutar el operativo simulado”.