Redacción EC

La acusación no podía tomarse a la ligera. , examante de de -quien renunció a la corona en el 2014-, lo en el 2020 de “vigilancia ilegal”. La demanda civil se presentó en el Alto Tribunal de Justicia de y señalaba que, mientras él ostentó el cargo de monarca, la amenazó, difamó -dijo que se ella se quedó con 65 millones de euros- y vigiló con ayuda del Centro Nacional de Inteligencia.

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Según Larsen, estos hechos se sucedieron entre el 2012 y el 2020.

Este martes 6, tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres determinaron que la “alegada conducta previa a la abdicación” del rey emérito Juan Carlos de Borbón es “inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”. Es decir, según la ley de 1978 de inmunidad del Estado, él no podrá ser juzgado en Inglaterra por sus actos hasta la fecha de su abdicación.

Lo que hizo del 2014 en adelante sí es materia para juzgar.

Tal como lo anota “”, el próximo año sí habrá juicio contra Juan Carlos, solo que quedarán “fuera del proceso algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del emérito, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje”.

La acusación de Corinna Larsen no es la única que ha pesado sobre Juan Carlos. En este artículo, recordamos los otros asuntos legales con los que el exrey ha tenido que lidiar.

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Corinna Larsen es una empresaria nacida en Alemania. (Getty Images).
Corinna Larsen es una empresaria nacida en Alemania. (Getty Images).

Las últimas investigaciones

En agosto del 2018, a Juan Carlos de Borbón se le de “blanqueo de dinero agravado” en Suiza. Según información de la prensa, recuerda la agencia AFP, él habría “percibido comisiones ilegales, incluidos 100 millones de dólares pagados por Arabia Saudita”.

Para el 2021, el caso había sido archivado, aunque la fiscalía de Ginebra sostuvo que él sí recibió en el 2008 dicha suma del Ministerio de Hacienda de dicha nación.

Pero el país helvético no fue el único que lo investigó por ese caso.

En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo también un expediente en su contra puesto que ese dinero habría sido pagado como comisión por gestionar la concesión de las obras de la línea de alta velocidad entre La Meca y Mediana, que ganaron empresas españolas.

En marzo de este año, la fiscalía la causa, “pese a constatar numerosas irregularidades”, como “delitos fiscales”, “blanqueo de capitales” y “cohecho”.

Paternidad en cuestión

La recuerda que, en el 2012, Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau demandaron a Juan Carlos por paternidad. Sin embargo, el caso fue desestimado por la inmunidad del rey, de acuerdo al “artículo 56.3 de la Constitución” española.

Solá Jiménez contrademandó en el 2013, indicando que él fue concebido en 1956, cuando Juan Carlos todavía no era rey. El se elevó al Tribunal Constitucional en el 2018, pero jamás habrá respuesta porque el demandante falleció este año.

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